El secuestro del INE
En el año de 1996, Gabriel García Marquez publicó una novela intitulada “Noticias de un Secuestro”, ahora esa frase puede ser utilizada para calificar el proceso que se ha venido realizando para elegir a las tres personas que ya se incorporan al Consejo General del INE, en sustitución de Claudia Zavala, Dania Ravel y Jaime Rivera.
El Grupo Parlamentario del PRI desde el momento en que se detonó el proceso tuvo severas reservas respecto de su pulcritud, transparencia y objetividad, lo que motivó que negara su participación en la firma de la convocatoria que expidió la Junta de Coordinación Política.
En ese momento las sospechas pudieron haber sido precipitadas, pero los hechos, lamentablemente, demostraron que había razón para tener reservas. En efecto, el coordinador de la bancada del PRI en la Cámara de Diputados se opuso a la firma del documento del que se desprendería la inscripción de las y los aspirantes para participar en el proceso electivo.
Entre la publicación de la convocatoria, el 19 de marzo pasado, y el momento actual han transcurrido más de 30 días; en ese lapso, lejos de despejarse las incógnitas que se tuvieron, se acrecentaron los motivos para tener reservas, e, incluso, para rechazar en términos absolutos el proceso.
Varios puntos descalifican el ejercicio electivo de las personas consejeras, en primer lugar, la falta de transparencia para integrar el comité técnico evaluador; la carencia de la debida publicidad a los criterios y resoluciones que tomaron; la omisión relativa a brindar publicidad sobre las fichas técnicas que teóricamente sirvieron para evaluar los perfiles que sostuvieron la integración de las quintetas; se eludió informar sobre las calificaciones individuales de los aspirantes y se reservaron los criterios empleados para definir a los elegibles.
La opacidad y la arbitrariedad marcan este proceso. Ciertamente, lo que se experimentó es la historia de un secuestro, como lo decía García Márquez en su novela. Pero en este caso no hablamos de una historia de ficción, sino de un proceso que tiene que ver con la integración de una de las instituciones más relevantes y estratégicas del sistema electoral mexicano como lo es el Consejo General del INE.
La historia nos habla cómo a través de distintas reformas electorales, fueron conformándose una serie de criterios y principios para constituir nuestro órgano electoral.
Después de haber sido un órgano subordinado a la Secretaría de Gobernación se revisó su configuración en 1990, y en 1994 se impulsó lo que se conoció como la “ciudadanización” del IFE, que tuvo como divisa el de que se integraran a él personas reconocidas por la sociedad y que tuvieran entre sus características, su independencia y una trayectoria que generara confianza.
Con la reforma de 1996 se modificó la forma de conformar el órgano electoral para dar lugar a los consejeros electorales que, hasta la fecha, siguen en pie como las figuras para organizar la máxima instancia de decisión del órgano electoral; también en ese año, el entonces IFE alcanzó la autonomía que la Constitución le sigue confiriendo.
Nadie puede negar la trascendencia e importancia que tiene lo que ahora es el INE en su condición de heredero de un proceso que arrancó desde 1990 cuando se dejó atrás a la vieja Comisión Federal Electoral con una integración dominada por la Secretaría de Gobernación.
Las distintas reformas llevadas a cabo para formalizar y consolidad al INE tuvieron, todas, el antecedente de amplios acuerdos políticos entre los distintos partidos. Tales acuerdos no fueron producto de actos de debilidad o de concesión graciosa, sino de una convicción por generar auténticos consensos que blindaran la confianza en la instancia electoral encargada de organizar los comicios.
A contrapelo de esa proclividad a los acuerdos, nos encontramos ahora frente a un proceso viciado, opaco, con evidentes rasgos de manipulación y sujeto a tiempos, momentos y horarios para dar a conocer sus resultados, que despiertan, no sólo la sospecha, sino que brindan certeza a la idea de control de un proceso alineado a los intereses del partido en el poder a fin de someter al Consejo Electoral a las decisiones y voluntad del gobierno.
Distintos medios de comunicación han dado cuenta de hallazgos realizados por analistas, periodistas y por quienes han llevado a cabo seguimiento del proceso, donde muestran los vínculos, relaciones directas e indirectas entre buena parte de los aspirantes y el comité evaluador, de modo que se evidencia la conformación de una especie de camarilla que se integrará a la lógica y determinaciones que tenga el oficialismo sobre las elecciones. Todo esto indica que estamos frente a una mascarada.
La red de vínculos que se ha exhibido entre personas calificadoras y aspirantes, muestran una inocultable complicidad que cancela la aspiración de imparcialidad y, por el contrario, evidencia una gran componenda. Lo que ocurrió en el tiempo transcurrido entre la emisión de la convocatoria para elegir a los consejeros electorales y la sesión del pasado 21 de abril en el que se aprobó la propuesta presentada para cubrir los tres espacios requeridos para completar la integración del Consejo Electoral del INE ha sido la crónica de un secuestro hacia una institución fundamental de la vida democrática de México.
