Estado fallido: ¿escenario factible en México?

Un Estado fallido es aquel cuyo gobierno ha perdido la capacidad de cumplir las funciones esenciales que justifican su existencia. No significa que el país desaparezca, sino que sus instituciones dejan de garantizar seguridad, justicia, control territorial y servicios públicos básicos para la población.

Especialistas como Max Weber, Robert I. Rotberg, Francis Fukuyama, Ashraf Ghani, Clare Lockhart y Noam Chomsky, así como organismos internacionales como la OCDE y el Banco Mundial, coinciden en las características comunes que presenta un Estado fallido: pérdida del monopolio legítimo del uso de la fuerza, incapacidad para hacer cumplir la ley, pérdida gradual del control territorial, grupos criminales o armados disputando el poder del Estado, corrupción estructural, debilitamiento de las instituciones, deterioro de servicios públicos y deterioro de la legitimidad del gobierno.

Por lo que surge la pregunta, ¿México se acerca a ese escenario?

Instituciones debilitadas y territorios bajo disputa

Uno de los rasgos más visibles es la pérdida del monopolio del uso legítimo de la fuerza. En amplias regiones del país los grupos criminales desafían, sustituyen o condicionan la actuación de las autoridades. No es un secreto, el propio gobierno de Estados Unidos ha catalogado como organizaciones terroristas a los cárteles mexicanos y sostiene que ejercen control efectivo sobre importantes zonas del territorio nacional.

Incapacidad para aplicar la ley de manera uniforme. La impunidad se ha convertido en una constante. Policías, fiscalías y tribunales dejan de funcionar con eficacia para investigar y sancionar delitos, especialmente cuando involucran a personajes cercanos o con poder político. Los casos de Rubén Rocha Moya, Adán Augusto López, Mario Delgado o Américo Villarreal reflejan una justicia selectiva donde las investigaciones rara vez prosperan.

La pérdida de control territorial. Guerrero representa uno de los ejemplos más preocupantes. La influencia de grupos criminales como Los Ardillos ha obligado a la secretaria de Gobernación, Rosa Icela Rodríguez y la gobernadora Evelyn Salgado a establecer mesas de diálogo para atender bloqueos o permitir el tránsito de pobladores. Una brutal muestra de organizaciones criminales ejerciendo funciones que constitucionalmente le corresponden al gobierno.

Corrupción, instituciones débiles y pérdida de legitimidad

Otro componente es la corrupción sistemática. Las instituciones dejan de servir al interés público y comienzan a operar en beneficio de grupos políticos, económicos o criminales:

La asignación de contratos en proyectos como el Tren Maya, Dos Bocas o el AIFA que beneficiaron a Almicar Olán y otros cercanos a los hijos de AMLO; las denuncias relacionadas con la compra de medicamentos o los señalamientos sobre presuntos favoritismos en el sector energético, alimentan la percepción de falta transparencia y de que se sigue apoyando al grupo Tabasco, al huachicol y a empresas surgidas en el obradorato.

Deterioro de servicios esenciales: salud, educación, infraestructura y seguridad muestran rezagos que afectan la calidad de vida de millones de mexicanos.

La violencia continúa cobrando víctimas, las madres buscadoras recorren el país y periodistas siguen siendo asesinados por ejercer su profesión.

Las repercusiones de la falta de seguridad trascienden las fronteras nacionales. México se ha consolidado como ruta estratégica para el tráfico de drogas, armas y personas. Casos como las intervenciones financieras sobre Intercam, CIBanco y Vector por parte de autoridades estadounidenses evidencian preocupación internacional.

Las crisis migratorias y presión fronteriza suelen provocan discursos nacionalistas o xenófobos y hasta crisis diplomáticas por el control de los pasos fronterizos. De ahí los discursos de Trump, el muro fronterizo o la política de ICE.

Todo en su conjunto deriva en una creciente crisis de legitimidad, credibilidad y de autoridad moral y política.

¿Hacia un cambio de régimen?

La historia demuestra que los Estados debilitados suelen enfrentar cambios de régimen. La mejor vía siempre será la electoral, siempre y cuando aún existan organismos autónomos, tribunales independientes y condiciones de competencia democrática.

Existen otros escenarios mucho más complejos, como un golpe de Estado, donde las fuerzas armadas u otros grupos pueden intentar tomar el poder. Derrocamiento, mediante una insurrección o revolución, donde pueden surgir movimientos que busquen sustituir al régimen.

Otra más, puede ser la intervención internacional en la que organismos internacionales o coaliciones de Estados con fines humanitarios, de mantenimiento de la paz o de seguridad, actúan sujetos al derecho internacional.

Por lo tanto, hablar de un Estado fallido no significa afirmar que un país haya colapsado. Es la descripción de un proceso de deterioro institucional, donde el Estado pierde capacidad para garantizar seguridad, justicia, control territorial y servicios públicos de manera sostenida.

La interrogante es si México ya perdió totalmente instituciones para revertir esa tendencia y si el deterioro continuará profundizándose.

Un riesgo político que ninguna democracia debería ignorar.

X: @diaz_manuel