Los verdaderos contratos leoninos de la 4T

El sector energético mexicano atraviesa una severa contracción en inversión y un rezago que hacia 2030 podría derivar en un déficit de generación eléctrica superior a los 48 mil GWh.

Sin embargo, lejos de corregir el rumbo, el gobierno federal parece decidido a conservar y profundizar un modelo discrecional, opaco y altamente politizado que espanta a la inversión privada nacional y extranjera.

Un sector en retroceso

Las cifras son contundentes. De acuerdo con la Secretaría de Hacienda, la inversión física en el sector energético cayó 75.3% real durante el primer bimestre de 2026 frente al mismo periodo de 2025. El presupuesto de la CFE registró una reducción real de 16.7%, mientras la Inversión Extranjera Directa en energía se desplomó más de 50% respecto a los niveles observados entre 2013 y 2017.

Incluso, frente al deterioro del sistema eléctrico y al creciente riesgo de apagones, el gobierno anunció planes “urgentes” para captar más de 740 mil millones de pesos mediante esquemas de inversión mixta y privada. Una propuesta que parece pragmática, al menos en el discurso: atraer capital y acelerar proyectos. Pero que, en la práctica, se trata de otro mecanismo diseñado para concentrar el control político del sector y utilizar recursos privados para sostener financieramente un modelo energético quebrado.

Aunque el 11 de mayo la secretaria de Energía, Luz Elena González, lanzó la tercera convocatoria para inversiones mixtas, las condiciones exhiben lo que en realidad son: contratos leoninos que ninguna empresa seria estaría dispuesta a asumir.

El inversor privado pierde

Por una simple razón, ya no existen contrapesos institucionales reales. Desapareció la autonomía regulatoria, la Comisión Federal de Competencia fue desmantelada y el CENACE perdió independencia técnica.

Las decisiones estratégicas dependen del criterio político de la SENER.

La primera convocatoria de 2025 prometía impulsar 17 proyectos prioritarios de energías renovables que siguen sin consolidarse. La segunda registró 81 proyectos “en evaluación”. Ante el fracaso de ambas, la tercera amplió modalidades para incluir almacenamiento con baterías y generación privada. El problema es que el modelo sigue siendo de discrecionalidad absoluta, incertidumbre jurídica y ausencia total de incentivos reales.

Ninguna empresa arriesga capital de largo plazo bajo reglas que pueden modificarse políticamente de un día para otro. Mucho menos en un país donde el Poder Judicial dejó de representar una garantía efectiva para resolver controversias entre el Estado y los inversionistas.

Las condiciones impuestas por SENER revelan un verdadero desequilibrio. El gobierno exige mantener al menos el 54% del capital social de cada proyecto y sus aportaciones incluso pueden realizarse en especie —terrenos, infraestructura o interconexión— mientras el privado debe aportar capital líquido y asumir la mayor parte del riesgo financiero.

A cambio de invertir dinero fresco, el inversionista recibe apenas hasta el 46% de participación y ningún control real sobre el proyecto. La CFE conserva además el 100% de la comercialización de energía. Toda la electricidad debe venderse exclusivamente a la empresa estatal bajo precios y condiciones definidos por el propio gobierno.

Es decir: el privado pone el dinero, asume riesgos técnicos y financieros, mientras el Estado controla el negocio, define precios y concentra la operación.

Soberanía energética o control político

A ello se suma un régimen de garantías financieras prácticamente asfixiante. Desde la firma del contrato se exige una Garantía de Desarrollo equivalente a 15 mil dólares por megavatio instalado. Durante la construcción se activa otra garantía equivalente al 3% del gasto total del proyecto y, antes de iniciar operaciones, se impone una Garantía Operativa calculada sobre el 70% de la capacidad instalada.

Pero, hay más y quizá sea el punto más delicado, el control corporativo absoluto que conserva la CFE.

Los proyectos se estructuran mediante Vehículos de Propósito Específico donde la empresa estatal designa la mayoría del Consejo de Administración, mantiene la presidencia permanente y posee voto de calidad.

Y para cerrar el círculo de discrecionalidad, los lineamientos contemplan una figura alarmante, el “Rescate Anticipado por Interés Público o Soberanía Energética”. Un concepto ambiguo bajo el cual la CFE puede terminar anticipadamente contratos y recuperar activos bajo criterios políticos.

Hablaban de contratos leoninos y esos son los de la 4T. No los abusos del pasado que tanto denunciaron. Son acuerdos donde el Estado concentra el control absoluto, traslada riesgos al capital privado y mantiene abierta la puerta para modificar condiciones o apropiarse de proyectos bajo argumentos políticos.

El resultado es un fracaso evidente: fuga de inversión, parálisis de proyectos y un sistema eléctrico cada vez más frágil.

Mientras el gobierno mantiene el discurso de soberanía energética, México avanza aceleradamente hacia el rezago tecnológico, la dependencia y el colapso operativo.

X: @diaz_manuel