Brazo fuerte y débil de la colaboración con EU
La colaboración con EU se ofrece a partir de dos planos: el combate a los grupos criminales en territorio, anulando a activos “generadores de violencia”, laboratorios y redes de soporte criminal; y el plano de la persecución judicial a los criminales y sus asociados en áreas de gobierno. El presidente Trump, muy a su modo, es el policía malo y reiteradamente le da por golpear al decir que los criminales gobiernan México. Sin embargo, los funcionarios de primer nivel afirman que hay una colaboración sin precedente. El secretario de la Defensa, Pete Hegseth, ante el Congreso así lo dice, con la amenaza de que, si no actúan los mexicanos, ellos lo harían.
El brazo fuerte de la colaboración es precisamente este plano, y la presidenta Sheinbaum con confianza puede hacer un balance de lo que el gobierno de México ha hecho. Los secretarios de Defensa, Marina y Seguridad son creíbles dentro y fuera; los resultados así lo acreditan. Se han enviado 92 criminales y El Mencho fue aniquilado.
La mayor debilidad —y brazo débil— está en el plano de la justicia y particularmente en la investigación de políticos o gobernantes del régimen asociados con los cárteles. El titular de la DEA, Terry Cole, en la Cámara de Representantes comparte la convicción, sin reserva alguna, de que los grupos criminales y altos niveles del gobierno desde hace tiempo “están juntos en cama” y que la acción judicial contra Rocha Moya es apenas el principio.
Los dos planos ofrecen conclusiones aparentemente contrarias: plena colaboración y reconocimiento por lo que están haciendo contra los criminales; y, por otra parte, la colusión y el engaño en la lucha contra la red de protección al crimen que viene del gobierno. Los funcionarios más importantes en la definición de la estrategia hacia México son conocedores hasta la médula del país y de sus autoridades, como el subsecretario de Estado Christopher Landau, exembajador en México durante la primera presidencia de Trump, y Terry Cole, quien coincidió con Landau en la embajada como subdirector regional de la DEA.
La información de inteligencia de las autoridades norteamericanas debe de ser abrumadora. No toda puede emplearse como prueba en procesos judiciales, pero sí para decidir iniciarlos y para fundar la convicción de responsabilidad. Por su parte, los testimonios de los jefes criminales también son fuente y, por lo que ha acontecido en otros juicios, se utilizan como prueba con valor pleno y con ello cubrir el objetivo judicial para llegar a una sentencia condenatoria.
La presidenta Sheinbaum ha solicitado pruebas de manera reiterada. El país tiene derecho a ellas, aunque no en el momento inicial de la extradición. Por otra parte, las pruebas que habrían de llegar deben sujetarse a riguroso secreto y no son para probar la responsabilidad —porque eso es materia de juicio—, sino para mostrar que hay suficientes méritos para solicitar la extradición e iniciar el juicio penal en las cortes norteamericanas.
El gobierno mexicano dejó pasar la oportunidad de iniciar los procesos judiciales en el país y, con ello, invocar primacía jurisdiccional respecto a las personas imputadas en la solicitud de extradición. Sin embargo, la ausencia de justicia penal y la politización de la Fiscalía General de la República dejan a la presidenta sin fuerza ni autoridad para demandar que a los criminales mexicanos se les juzgue en México, acción comprometida por la parcialidad ostensible del gobierno y de la presidenta en relación con los narcopolíticos.
El escenario que se perfila por la debilidad del brazo judicial es de pronóstico reservado. Si fuera el caso que las autoridades norteamericanas resolvieran declarar como accesorias al narco a empresas, grupos y, especialmente, a Morena, sus efectos serían devastadores para el régimen político. En este caso convergen dos elementos imposibles de resistir: la fuerza de la evidencia y el amplio poder que tienen las autoridades norteamericanas a partir del régimen punitivo relacionado no con la lucha contra el narcotráfico, sino contra el terrorismo.
Se equivocan quienes piensen que esto puede cambiar a partir de un resultado adverso para los republicanos en las elecciones de noviembre. La embestida no es de un gobierno ni de una oficina de Nueva York, sino del Estado norteamericano, respaldado por un amplio consenso social y bipartidista. Mientras que a México lo perciben con extrema debilidad por la impunidad acreditada durante años y por la ausencia de Estado.
