Cuando la técnica dinamita la política

Hay funcionarios que resuelven problemas.

Y hay funcionarios que, aun cuando creen resolverlos, terminan fabricando incendios donde el gobierno necesitaba estabilidad.

Raquel Buenrostro pertenece, cada vez más, a esa segunda categoría.

No porque combatir privilegios esté mal. Al contrario. Nadie que defienda mínimamente el sentido histórico de la Cuarta Transformación puede escandalizarse porque se revise el régimen de pensiones millonarias heredado por altos mandos, exfuncionarios y cuadros de confianza de empresas públicas. El abuso existía. Las cifras eran ofensivas. La propia Secretaría Anticorrupción documentó casos de pensiones superiores al ingreso de la presidenta, particularmente en Pemex, CFE y Luz y Fuerza del Centro.

El problema no fue el objetivo, fue el diseño.

La reforma contra las llamadas “pensiones doradas” nació con una causa justa, pero con una arquitectura políticamente torpe: un tope arbitrario, una retroactividad mal disimulada y una deficiente medición del impacto social entre trabajadores del Estado que no necesariamente encajan en la caricatura del privilegiado dorado. La iniciativa planteó limitar esas pensiones al 50% del salario presidencial y afectar incluso pensiones ya concedidas, aunque oficialmente se insistiera en que no era retroactiva.

Ahí empezó el problema.

Porque una cosa es desmontar privilegios obscenos y otra muy distinta es abrir un frente de irritación con sectores completos de trabajadores, jubilados y pensionados, sin suficiente cirugía jurídica, política y comunicacional.

El resultado fue previsible: protestas, señalamientos de retroactividad y una narrativa opositora servida en charola de plata para acusar al gobierno de vulnerar derechos adquiridos. Incluso medios consignaron que la reforma fue aprobada entre protestas y con efectos retroactivos.

¿Quién empujó intelectualmente esa ruta?

La evidencia pública apunta, cuando menos, a que Raquel Buenrostro fue una de las principales caras y operadoras discursivas del tema. Fue ella quien presentó datos, exhibió casos y colocó el marco político de las pensiones “exorbitantes” desde la Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno.

Y aquí entra la primera hipótesis incómoda: alguien le vendió a la presidenta una reforma políticamente rentable en el papel, pero explosiva en la realidad. Le vendieron una causa justa, pero no necesariamente le explicaron el costo.

No basta con tener razón moral. En política, una causa justa mal diseñada puede convertirse en munición para el adversario. Y si además ese diseño termina golpeando a personas que no son los grandes beneficiarios del viejo régimen, entonces el golpe deja de parecer cirugía republicana y empieza a parecer torpeza administrativa.

Pero lo de las pensiones no es el único episodio.

Ahora aparece el caso Marcelo Ebrard.

La Secretaría Anticorrupción, encabezada por Buenrostro, abrió una investigación por la estancia del hijo de Ebrard en la residencia oficial de México en Londres cuando él era canciller. La presidenta Claudia Sheinbaum confirmó que, ante denuncias presentadas, la investigación debía proceder para determinar si hubo alguna falta legal o administrativa.

Formalmente, la investigación puede ser correcta. Políticamente, es dinamita.

Porque no ocurre en cualquier momento. Ocurre cuando México enfrenta una etapa delicadísima de negociación comercial con Estados Unidos y Canadá. Ebrard es hoy una pieza central en la estrategia frente a aranceles, reglas de origen y revisión del T-MEC. Él mismo ha reconocido que la negociación será difícil, particularmente por los aranceles y la nueva lógica comercial del gobierno de Donald Trump.

Entonces la pregunta no es si debe investigarse. La pregunta es si el gobierno dimensiona el costo de abrirle un boquete político al funcionario que encabeza una de las negociaciones económicas más sensibles del sexenio.

Y otra vez aparece Buenrostro.

Otra vez en el centro de un expediente técnicamente justificable, pero políticamente incendiario. Dos veces en el mismo año. Dos expedientes delicados. Dos crisis innecesariamente costosas para el gobierno.

La primera, con trabajadores y pensionados.

La segunda, con el secretario encargado de la relación económica más importante del país.

Puede ser coincidencia. Puede ser celo administrativo. Puede ser convicción anticorrupción. Puede ser una operación de facción. No afirmo lo que no puedo probar.

Pero la política no solo se mide por intenciones, se mide por consecuencias.

Y las consecuencias de la actuación pública de Raquel Buenrostro empiezan a ser mayoritariamente negativas para la presidenta, para el gobierno y para la propia Cuarta Transformación.

Más aún: en un momento en que Morena vive tensiones internas evidentes entre el viejo obradorismo, los grupos históricos del movimiento y el nuevo núcleo de poder de Sheinbaum, cualquier expediente sensible se vuelve más que un trámite administrativo. Se vuelve una pieza de tablero. La prensa ya registra reacomodos internos relevantes en Morena, con la presidenta interviniendo directamente en la reorganización del partido rumbo a 2027.

En ese contexto, una Secretaría Anticorrupción no puede actuar como si viviera en el vacío.

Cada expediente mueve intereses, cada investigación altera equilibrios, cada golpe administrativo produce lectura política.

Y si la secretaria no entiende eso, es un problema. Si lo entiende y aun así procede sin medir el daño colateral, es un problema mayor.

Raquel Buenrostro tiene trayectoria técnica, eso nadie se lo puede negar. Pasó por Pemex Gas, Hacienda, SEP, Pemex, el SAT, Economía y ahora Anticorrupción. Su biografía pública muestra una funcionaria formada en áreas presupuestales, administrativas y de control.

Pero gobernar no es auditar. Gobernar no es únicamente detectar irregularidades. Gobernar es saber cuándo, cómo, con qué alcance y con qué consecuencias se interviene.

La Cuarta Transformación no puede permitirse funcionarios que, por torpeza, soberbia técnica o juego político, terminen abriendo frentes que la presidenta después debe administrar.

Menos aún en 2026, con el T-MEC en la mesa y en un año crucial para la definición de perfiles que contenderán en la elección intermedia del año que viene, y con una oposición hambrienta de cualquier grieta para vender la idea de fractura, abuso o improvisación.

La 4T necesita combatir privilegios, sí. Pero no necesita incendiar su propia base social.

Necesita combatir corrupción, sí. Pero no necesita debilitar a sus negociadores estratégicos en plena tensión comercial.

Necesita disciplina, sí. Pero también inteligencia política.

Por eso el debate ya no es si Raquel Buenrostro tiene razón en algunas causas. Probablemente la tiene. El debate es si sus intervenciones fortalecen o debilitan al proyecto. Y mi conclusión es clara: hoy lo debilitan.

Cuando una funcionaria genera más costos que soluciones, deja de ser activo y se convierte en pasivo.

Por el bien de la presidenta; por el bien del gobierno; por el bien de la Cuarta Transformación:

Raquel Buenrostro se tiene que ir.

X: @Renegado_L