El asunto de Chihuahua: ¿contravención de la ley, heroísmo o traición?

Como se ha informado, dos agentes de la CIA estadounidenses murieron en un accidente en medio de una operación antidrogas en Chihuahua. La presidenta Claudia Sheinbaum ha asegurado que no tenía conocimiento sobre las actividades de los funcionarios extranjeros.

De acuerdo a la normativa vigente todo extranjero que ingresa en territorio nacional debe presentar pasaporte y una correcta identificación, lo que es competencia exclusiva del gobierno central.

Sumado a ello, derivado que se trató de un operativo donde participó una agencia federal estadounidense, la identificación de los funcionarios debió haber pasado -sí o sí- por el conocimiento de las autoridades federales mexicanas. La gobernadora Maru Campos confirmó los hechos desde un primer momento y declaró que la operación había contado con el apoyo de fuerzas militares mexicanas. ¿Cómo podría la presidenta no haber estado enterada?

Pueden plantearse varias hipótesis. Una de ellas es que el gobierno de Maru Campos operó a espaldas del gobierno federal, lo que implicaría un probable delito por parte de la jefa del ejecutivo de la entidad y de los funcionarios que intervinieron. Ha sido la idea favorita de los voceros del obradorismo, pues ha alimentado la narrativa de que los “panistas”, en una torpe generalización hacia los miembros de este partido, actúan sin informar a la presidenta, y a la vez, nutre su discurso de que son traidores a la patria pues permiten la presencia y actividades de extranjeros.

Otra plantea que existe un rompimiento en los canales de comunicación entre las principales autoridades federales mexicanas y la presidenta Sheinbaum. Esto supondría un riesgo mayúsculo en términos de la gobernabilidad de un país que exige un mando central coordinado con la comandanta como responsable última de toda decisión en materia de seguridad nacional.

Y otra idea, abrazada por los panistas como Ricardo Anaya, es que la operación fue el resultado de un acto de valentía de Campos, y que el morenismo, aliados del narco, no están dispuestos a reconocer el éxito de la gobernadora, especialmente con miras a las elecciones en el estado del año que viene. Esta hipótesis se antoja, a mi juicio, como una declaración propia de un senador del mismo partido de la gobernadora, y no como una intención coherente de conocer lo realmente ocurrido. Y la última, tal vez, es que la presidenta haya mentido, y sí haya tenido conocimiento sobre las actividades de la CIA en el norte del país.

En todo caso, a reserva de que se conozca la verdad, las autoridades estatales de Chihuahua habrían contravenido el marco federal, derivado de dos motivos principales: el combate contra el crimen organizado es competencia del gobierno federal, pues rebasa las fronteras de una entidad y por no haber informado, aunque se tratase de un operativo sin participación directa de la CIA, a las agencias federales y a la presidenta Claudia Sheinbaum.

Se ha tratado, en suma, de un suceso que no merece pasar al anecdotario, sino que debe investigarse, y si procede, deben señalarse responsabilidades, sea de agentes estatales chihuahuenses en una clara contravención de la ley, o actos de traición en la cadena del mando federal si las autoridades sí que tuvieron conocimiento y decidieron no informar a la presidenta Sheinbaum. Al tiempo.