Sobre la soberanía

La presidenta Claudia Sheinbaum y los simpatizantes del régimen recurren incesantemente a la soberanía como justificación de su inacción frente al caso de Rubén Rocha Moya, y como alimento de la narrativa para pretender destruir la carrera política de Maru Campos. Se trata, a todas luces, de una simplona -pero efectiva- estrategia de comunicación política que utiliza un eslogan muy viejo y popular en América Latina que tiene que ver con la intromisión ilegal de los Estados Unidos en los asuntos internos.

Sin embargo, su empleo del término conlleva una amañada concepción del mismo. A la luz de la teoría política, la soberanía de un Estado no se limita a la posible injerencia de un pais extranjero, sino también a las capacidades del poder público para hacer frente, mediante el imperio de la ley, a los poderes fácticos, desde empresarios y televisoras, hasta sindicatos y el crimen organizado.

Basta con revisar las aportaciones de Jean Bodin, filósofo francés del siglo XVI, y que se convertiría en uno de los principales exponentes de las ciencias políticas, para entender que la soberanía debe entenderse en dos sentidos: sí, efectivamente, como la defensa de los intereses nacionales frente al extranjero, pero también, en la potestad del Estado para hacer valer los bienes públicos frente a privados dentro de las fronteras. Es decir, debe hablarse, en términos específicos, de una soberanía interna y otra externa.

Bodin lo hizo, conviene mencionar, en el contexto de la búsqueda de la unificación de los Estados-nación europeos de esa centuria, pues los monarcas aspiraban a reducir el poder de las grandes familias nobles que obstaculizaban la formación de una sola unidad de derecho cobijada por el poder público.

Bajo los conceptos de Bodin y de otros teóricos políticos, el Estado mexicano ha cedido la soberanía interna del país a raíz de su decisión de no combatir a los carteles de la droga. Si bien se trata de una problemática que echa raíces décadas atrás, es innegable, con base en testimonios públicos, la degradación reciente del Estado de derecho y de la gobernabilidad en entidades como Sinaloa, Michoacán, Tabasco, Zacatecas, Guanajuato y Morelos, entre otros, amén de una estrategia fallida conocida como “abrazos no balazos”, que condujo a una nueva fase en el empoderamiento del crimen organizado.

Sinaloa merece una atención particular, pues no únicamente es hoy el escenario de la más pavorosa infiltración de los delincuentes en todas las capas del Estado; desde el gobernador, secretarios, alcaldes y senador hoy encausados en Nueva York, sino que también ha mostrado a la opinión pública el rostro de un México lastimado por la violencia, la inseguridad, la desaparición forzada y demás crímenes que retratan a una nación carcomida por la corrupción y la impunidad.

En suma, la autoproclamada 4T aduce la “soberanía” como instrumento discursivo para proteger presuntos narcotraficantes y para aniquilar adversarios políticos. Sin embargo, deben recordar que la soberanía es un concepto que no solo está relacionado con la defensa del Estado frente al poderoso vecino del norte, sino que tiene que ver con las capacidades públicas para hacer valer la Constitución y las leyes en el interior. En este último los sucesivos gobiernos obradoristas han fallado -o tal vez traicionado- estrepitosamente.