Rubén Rocha Moya, la extradición y el peligroso discurso de la reciprocidad

La presidenta Claudia Sheinbaum abrió un frente delicado en la relación bilateral con Estados Unidos al cuestionar públicamente la falta de respuesta a cientos de solicitudes de extradición realizadas por México. El problema no es reclamar cooperación —porque ciertamente Washington suele actuar con criterios políticos y selectivos—, sino el momento y el contexto en que se hace.

Cuando Sheinbaum afirma que existen 269 requerimientos pendientes, 36 negados y decenas de solicitudes frenadas por exigencias burocráticas adicionales, el mensaje oficial parece legítimo: exigir reciprocidad. Sin embargo, en medio del escándalo que rodea al gobernador Rubén Rocha Moya y los señalamientos crecientes sobre presuntos vínculos y protección política en Sinaloa, el discurso adquiere otra lectura.

Porque la pregunta inevitable surge sola: ¿México está reclamando justicia o justificando omisiones?

La narrativa gubernamental terminó sonando más a reproche defensivo que a postura diplomática. Como si el argumento fuera: “si ustedes no cumplen, nosotros tampoco tenemos por qué hacerlo”. Y eso es peligrosísimo en términos políticos y de credibilidad institucional.

México tiene razón en una cosa: Estados Unidos históricamente ha usado la cooperación judicial como instrumento de conveniencia geopolítica. Ahí están los casos del exgobernador Francisco García Cabeza de Vaca o de operadores financieros y empresarios ligados a investigaciones mexicanas que han encontrado refugio legal o político en territorio estadounidense. Washington exige colaboración inmediata cuando sus intereses están en juego, pero suele ralentizar o ignorar solicitudes mexicanas cuando no le resultan prioritarias.

Eso ocurre. Y debe señalarse.

Pero otra cosa muy distinta es convertir esa realidad en argumento político interno para amortiguar presiones sobre personajes cercanos al poder. Porque entonces el debate deja de ser sobre justicia internacional y se transforma en una disputa de conveniencias.

El caso Rocha no necesita patriotismo discursivo; necesita transparencia. Necesita investigaciones sólidas, claridad institucional y distancia absoluta entre el poder político y cualquier sombra de protección. Lo que menos ayuda es introducir el tema de las extradiciones pendientes con Estados Unidos justo cuando aumentan las sospechas públicas y la presión mediática.

Además, el mensaje manda una señal preocupante: la justicia parecería condicionada a la reciprocidad diplomática. Y la justicia no debería funcionar así. Un Estado serio no coopera porque otro país coopere primero; coopera porque tiene obligaciones legales y porque la impunidad termina destruyendo la legitimidad del propio gobierno.

La relación México–Estados Unidos atraviesa uno de sus momentos más sensibles en materia de seguridad. El tráfico de fentanilo, el crimen organizado, las armas y el lavado de dinero obligan a una coordinación real, aunque incómoda. Pero esa coordinación se debilita cuando ambos gobiernos convierten la justicia en moneda política.

Sheinbaum tenía razón al exhibir el doble rasero estadounidense. Lo que no tuvo fue precisión política en el momento elegido para hacerlo. Porque en medio del caso Rocha, el mensaje no sonó a defensa de la soberanía nacional. Sonó a excusa.

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