El exdirector de Pemex exige su presunción de inocencia: ¡cínico!

Agredió físicamente a su esposa de una manera brutal; el video que ha circulado no miente. Fue tanta la saña con la que maltrató a la mujer que, de ninguna manera, resulta exagerado pensar en el delito de tentativa de feminicidio: ¡pudo haberla matado!

Después de que la víctima lo exhibiera y exigiera justicia, el exdirector de Pemex, Víctor Rodríguez Padilla, fue tan cínico que se atrevió a decir en la red social X: “Reitero mi absoluta disposición para colaborar con las autoridades competentes, confiando en que las instituciones esclarezcan los hechos con objetividad, justicia y en estricto apego al principio de presunción de inocencia”.

¿En serio el agresor pide que las instituciones esclarezcan los hechos con objetividad? ¿El tipo enloquecido que pudo lastimar seriamente a su esposa demanda estricto apego al principio de presunción de inocencia? La única objetividad posible radica en que la Fiscalía de la Ciudad de México emita rápidamente una orden de arresto —supongo que fue en la capital del país donde se cometió el delito, porque se trata, sin duda de un delito, y muy grave—.

Al exdirector de Pemex se le respetaba por su trayectoria académica. Si alguien lo elogió por sus méritos como investigador, fue Claudia Sheinbaum. Pero, al ser muy cercano a la presidenta desde la época universitaria, la conducta criminal de Víctor Rodríguez ha colocado al gobierno de la 4T ante una prueba de fuego, ¡y en el contexto de la fiesta mundialista!

La presidenta, en cuyos principios las mujeres de México confían, está obligada a demostrar que, frente a la violencia contra ellas, no existen amistades, lealtades ni privilegios.

Sheinbaum quizá debería declarar ante los medios que confía en que tanto la fiscal de la CDMX, Bertha Alcalde, como el presidente de la judicatura capitalina, Rafael Guerra, harán que la justicia se imponga de manera rápida y contundente. Este gesto político propiciaría que dos instituciones que han demostrado eficacia se aplicaran aún más, tanto en el caso que nos ocupa como en todos los otros —que son muchísimos— de agresiones a mujeres.

Estoy convencido de que la presidenta de México sabe que solo una actuación inmediata, imparcial y conforme a derecho de la fiscalía y del poder judicial de la gran ciudad capital permitirá que el bello lema “Es tiempo de mujeres”, no quede solo en una consigna propagandística, sino en una realidad que permita a millones de mexicanas, violentadas de mil maneras en sus hogares o en las calles, recuperar la esperanza de vivir en un país libre de violencia machista donde la justicia no dependa del poder, el dinero o las influencias.

Lo cierto es que, en general, no ha habido justicia para las mujeres violadas, las despojadas de su patrimonio por sus parejas, las utilizadas para blanquear dinero sin su consentimiento, las que padecen otros tipos de violencia económica y aquellas a quienes les arrebatan a sus hijos. Así han sido las cosas durante demasiadas décadas de impunidad. La situación ha empezado a cambiar con la 4T, pero urge ahora mismo incrementar la velocidad con la que se transforman los aparatos de justicia para beneficio de ellas.

Son las víctimas: mujeres que, al atreverse a denunciar, terminan arrinconadas por el sistema en prácticamente todo el país y, en no pocas ocasiones, acusadas de extorsión o de más delitos fabricados mediante costosos despachos de abogados, pagados por maridos con poder y dinero.

El colmo de la crueldad es que, con demasiada frecuencia, son ellas quienes terminan en prisión mientras sus agresores permanecen en libertad; o, en el peor de los casos, son asesinadas después de haber pedido sin éxito ayuda a las instituciones encargadas de protegerlas.

En estos días de celebración por la extraordinaria actuación de la Selección en el Mundial, la presidenta Sheinbaum tiene que enviar el mensaje de que, en el tiempo de mujeres, habrá ya justicia genuina para todas porque, la verdad sea dicha, no la ha habido; empieza a haberla, como ya se dijo, pero hay que acelerar la tarea.

Sin medias tintas, la presidenta Sheinbaum podría convocar a un comité de expertas para elaborar, en cuestión de días, un diagnóstico y un listado de casos emblemáticos de mujeres que siguen esperando justicia: son demasiadas las historias —de la vida real— de violencia, impunidad y abandono institucional.

Si la presidenta buscara una respuesta aún más rápida, bastaría con escuchar a especialistas y activistas que han documentado los abusos, como Frida Gómez, articulista de SDPNoticias.

No es Frida la única que en menos de una hora podría enviar a Claudia Sheinbaum un listado de mujeres víctimas que en la inmensa mayoría de los ministerios públicos y tribunales del país pierden de todas, todas. Son las violentadas y robadas, aquellas a quienes les arrebatan a sus hijos y que inclusive terminan encarceladas injustamente…, o asesinadas.

También Frida Gómez podría documentar el caso —denunciado por la víctima— de un poderoso integrante del Consejo Coordinador Empresarial, de quien se asegura que utilizó su influencia para buscar que una madre de familia, a la que despojaron de sus hijos, recibiera una condena no solo injusta, sino desproporcionada: ¡décadas de prisión!, cuando su única exigencia ha sido poder convivir con sus pequeños.

En ese caso, creo en lo denunciado por la madre, atormentada por no poder convivir con sus hijos, así que no tengo dudas de que ese es uno de los ejemplos más salvajes de cómo el dinero y las relaciones con el poder político pueden convertirse en instrumentos de persecución contra las mujeres.

Nunca más deberían tolerarse semejantes atrocidades en México. Un país que permite que las mujeres sean golpeadas, despojadas de sus hijos, robadas en su patrimonio, encarceladas injustamente o perseguidas por enfrentarse a hombres poderosos que abusaron de ellas… es un país que ha renunciado a la justicia.

Quizá bajo los efectos de alguna sustancia tóxica, un hombre acosó a la presidenta en la vía pública y fue sancionado. Eso es correcto y aun ejemplar: nadie debe quedar impune por agredir a ninguna mujer. Pero, seamos sinceros, ese no es un caso de justicia que motive a las mujeres sin poder.

La verdadera señal de que en México las cosas están cambiando sería ver a hombres poderosos y ricos —maridos o exmaridos violentos, despojadores o abusadores— enfrentando consecuencias severas por sus actos. No solo el exdirector de Pemex, sino también todos los otros, que son muchos. A los agresores no debe ya permitírseles comprar impunidad mediante influencias, corrupción o costosos despachos de abogados que les ayudan a burlarse de la ley y, peor aún, de sus víctimas.