La escuela no puede quedar atrapada
La maestra que lleva treinta años frente a grupo en Oaxaca sabe algo que los análisis de coyuntura suelen pasar por alto: el Estado mexicano tardó décadas en llegar a su comunidad, y cuando llegó, llegó incompleto. La CNTE no nació del capricho ni de la provocación. Nació del abandono. De escuelas sin techo, de plazas sin titular, de salarios que no alcanzaban y de un sindicalismo oficial que durante años no supo representar plenamente al magisterio del sur. Eso hay que decirlo antes que cualquier otra cosa, porque sin ese piso no hay argumento honesto posible.
Dicho eso, también es cierto que el movimiento se templó en la resistencia durante la larga y oscura noche neoliberal; un periodo que pretendió desmantelar la educación pública y gratuita, y que encontró su punto máximo de represión y violencia institucional en el gobierno de Enrique Peña Nieto. Esa herencia explica la desconfianza histórica y la lógica de trinchera de la Coordinadora.
Sin embargo, la realidad actual es otra. El gobierno de Claudia Sheinbaum no llegó a este conflicto desde cero; hereda un sexenio que reabrió el diálogo con el magisterio, canceló la lógica punitiva de la reforma previa y recuperó el reconocimiento laboral hacia los docentes. Esta ruta se ha sostenido con hechos medibles: basificación, aumentos salariales y presupuesto real puesto sobre la mesa, decisiones con un costo político y fiscal innegable. Por eso, la pregunta hoy no es si la CNTE tiene razones —las tiene y las ha tenido—, sino cuáles de sus reclamos siguen vigentes frente a la apertura institucional y en qué momento sus métodos de presión comienzan a estrangular la educación pública.
Quien ha visto de cerca cómo se implementa una política pública en territorio sabe que el vacío institucional nunca queda vacío: alguien lo ocupa. Por eso hay una diferencia estructural que importa: no es lo mismo un sindicato que le exige al Estado, que una dinámica de conflicto que termina desplazando decisiones públicas que deberían pasar por las bases, las comunidades y las instituciones. Durante décadas, en Chiapas, Oaxaca y Guerrero, la CNTE ocupó espacios de representación, gestión y presencia territorial donde el Estado era una promesa incumplida. Eso le construyó base, identidad y legitimidad. Pero esa misma lógica tiene un límite que se vuelve visible cuando el Estado empieza a reconstruir capacidad. No ha llegado todo. Falta infraestructura, conectividad, formación, acompañamiento pedagógico y presencia cotidiana. Pero justamente por eso, ningún actor, ni siquiera uno con historia legítima, puede administrar por sí mismo el acceso a la educación pública.
Los paros prolongados y los bloqueos no afectan a la SEP. Afectan a los niños. Pero también afectan a los maestros que quieren dar clases y no pueden, a las comunidades que ven el año escolar consumirse sin que nadie les pregunte, a las madres y los padres que no tienen voz en una negociación que se resuelve entre el gobierno federal y la dirigencia sindical. La tensión real no es sindicato contra Estado. Es derechos laborales docentes contra derecho educativo de niñas y niños en territorios que el país lleva décadas debiéndoles.
La escuela pública no es solo un servicio más dentro del aparato administrativo. Es una de las formas más concretas en que el Estado le dice a una niña pobre que su vida también importa. Por eso no puede quedar atrapada entre una negociación salarial, una táctica de presión y una disputa por la representación del magisterio. Cuando la escuela cierra durante semanas, no solo se pierden clases: se rompe una promesa mínima de igualdad.
Ser oposición tiene una comodidad que el gobierno no puede permitirse: la de no gestionar. La CNTE puede exigir sin rendir cuentas de lo que pasa cuando la escuela no abre. El gobierno no. Esa asimetría no invalida el reclamo sindical. Pero sí define quién tiene la obligación de poner límites para proteger el bien común.
Y hay un elemento que no puede omitirse: el Mundial. Cuando un movimiento escala su presión en la antesala de un evento internacional, no solo interpela al gobierno; también usa al país como escenario. Eso no cancela el derecho a protestar, pero sí obliga a discutir el método. Una cosa es visibilizar una causa ante el mundo; otra es convertir la movilidad, la economía local y la vida cotidiana de miles de personas en moneda de negociación. La historia enseña, incluso en sus momentos más dolorosos, que el método define la legitimidad del mensaje. En democracia, protestar es un derecho. Usar una vitrina global para maximizar el costo público del conflicto exige una discusión ética y política que el país no debería evitar.
Lo que este momento exige no es firmeza de regaño sino conducción institucional. El diálogo sirve, pero necesita límites, compromisos verificables y voz para las comunidades que hoy pagan el costo del conflicto. La rectoría educativa no puede quedar suspendida mientras se prolonga una negociación sin horizonte claro.
El sur del país necesita Estado. Estado que llegue con escuelas abiertas, maestros bien pagados, infraestructura y política pública que no dependa del calendario de paros. Eso no se construye traicionando la justicia social que dio origen al movimiento magisterial. Se construye exactamente desde ella: reconociendo que los niños más pobres del país también tienen derechos, y que defenderlos es la única forma honesta de honrar la mejor parte de la historia que la CNTE ayudó a abrir. Porque una escuela pública cerrada no incomoda al poder tanto como le cierra el futuro a quienes menos tienen.
