De Batman a vocero accidental

“Pudimos cambiar el mundo. Pero míranos ahora… yo soy un político arriesgado y tú… una broma”.

Batman

“Soberano es quien decide sobre el estado de excepción”.

Carl Schmitt

Lo perdimos. O más preciso: lo absorbió el sistema. Había quien me decía que Omar García Harfuch era quizá el último funcionario de la 4T que todavía conservaba algo raro en ese ecosistema: credibilidad transversal. Le reconocían resultados desde sectores diversos —a veces incluso opuestos—, mantenía interlocución con Estados Unidos, proyectaba técnica antes que propaganda y, en medio de la feria cotidiana de consignas mañaneras, todavía parecía un funcionario de Estado y no un cuadro partidista. Parecía.

Lo digo así porque en cuestión de días ocurrió algo que en Morena conocemos demasiado bien: la institucionalidad fue sustituida por el reflejo tribal. La lealtad política terminó devorándose al servidor público. Y así, a quien muchos presentaban como Batman terminó convertido en vocero accidental del mismo libreto que prometía corregir.

No por un error menor ni por una declaración confusa. No. Se trata de una contradicción monumental alrededor del caso de Rubén Rocha Moya que dejó más preguntas que respuestas y una sensación particularmente delicada dentro y fuera del país: que la seguridad pública mexicana dejó de hablar como autoridad y comenzó a hablar como defensa jurídica improvisada de los propios. De un partido político llamado Morena.

En la pasada mañanera, García Harfuch evitó confirmar con claridad si existía una ficha roja de Interpol contra Rocha Moya. Horas más tarde, su propia secretaría informó que dicha ficha no existía. El dato sería grave por sí mismo. Pero lo verdaderamente revelador fue otra cosa: él no replicó el comunicado. Guardó distancia. Y en política el silencio también es lenguaje. Más aún cuando días antes la propia presidenta había asegurado públicamente que tanto Rocha Moya como otros funcionarios estaban bajo ficha roja internacional tras los señalamientos del gobierno estadounidense por presuntos vínculos con Los Chapitos y el Cártel de Sinaloa.

Entonces las preguntas son elementales: ¿quién mintió? ¿Y por qué? Porque alguien mintió.

No hablamos de un malentendido administrativo. No se trata de un error de redacción ni de un oficio mal turnado. Hablamos de cooperación bilateral del más alto nivel en materia de seguridad, de mecanismos internacionales de captura, de tratados de extradición y de la confianza mínima entre naciones Estado. Es decir: hablamos de aquello que no admite improvisación ni “otros datos”.

Más desconcertante todavía fue escuchar a García Harfuch sostener que aun existiendo una ficha roja, e incluso una petición de Estados Unidos, eso no implicaría necesariamente una solicitud de detención. Achis, achis.

Su argumentación es jurídicamente endeble y políticamente desastrosa. Si me lo preguntan, demasiado parecida al lenguaje de quien no busca esclarecer sino ganar tiempo. La lógica del escolta o del cadenero de antro que se atraviesa en la puerta diciendo “aquí no entra nadie”, aunque del otro lado ya se esté pulverizando el derecho internacional.

Y ahí aparece el verdadero problema. No en la ficha roja. No en el tecnicismo. Ni siquiera únicamente en Rocha.

El problema fue escuchar al secretario de Seguridad dejar de sonar como autoridad y empezar a escucharse como aparato de contención político-partidista. Como si su responsabilidad ya no fuera garantizar una de las certezas institucionales más delicadas del Estado, sino administrar daños internos.

El jurista alemán Ernst Fraenkel escribió sobre el “Estado dual”: ese donde conviven el marco legal formal y el aparato político que opera por encima de él cuando al régimen le conviene. Un país con leyes para unos y blindaje para otros. Una legalidad disponible. Una justicia selectiva. Y qué difícil no pensar exactamente en eso viendo la escena descrita.

Noten ustedes. Cuando se trata de médicos que protestan, científicos incómodos, comentócratas críticos, madres buscadoras o activistas, el gobierno encuentra palabras de sobra, adjetivos de sobra y descalificaciones hasta por litros. Pero cuando aparecen narcopolíticos —o, dicho de forma más precisa, morenistas señalados desde Washington— entonces llegan la prudencia repentina, las aclaraciones infinitas, las contradicciones burdas, las sutilezas semánticas, el “yo no sé”, el “no conozco”, el “no estoy enterado” y esa súbita pasión institucional por el debido proceso.

Curiosa pedagogía moral. Con unos hay conferencias. Con otros hay encubrimiento. Y en el Salón Tesorería esa contradicción no pasó desapercibida.

Quienes estuvieron atentos describen un ambiente particularmente incómodo tras la intervención: rostros tensos, intercambios breves, un silencio menos ceremonial de lo habitual y esa sensación que suele instalarse cuando la narrativa oficial empieza a tropezarse consigo misma.

Porque una cosa es defender una versión. Incluso improvisarla en tiempo real. Otra muy distinta es comprometer al secretario de Seguridad —o autoinmolarse políticamente, si ese fue el caso— en una defensa partidista que no le correspondía. Más aún cuando al mismo tiempo presume reducción de homicidios y resultados operativos relevantes.

Incluso si sus cifras fueran exactas —que no lo son y en varios rubros merecen revisión puntual— la pregunta ya es otra: ¿quién le va a creer a partir de ahora? Nadie.

Morena consiguió algo que parecía improbable: convertir en duda a uno de sus activos más sólidos.

Y una vez que la credibilidad del mensajero se erosiona, ya no basta corregir el dato. La grieta permanece.

La pregunta inevitable es por qué García Harfuch decidió entrar a ese terreno. Por qué arriesgar el activo político más valioso que tenía: la confianza. Por qué asumir el costo de una defensa que ni siquiera parecía suya.

La respuesta quizá sea brutalmente simple. O doble. Porque se forzó y lo forzaron.

En la 4T nadie conserva autonomía demasiado tiempo sin pagar derecho de piso político. Si quieres permanecer —y más aún si aspiras a la grandota del 2030— tarde o temprano llega la prueba de pertenencia.

Y ese examen casi nunca se responde con resultados. Se aprueba únicamente con obediencia.

¡Santo ladrillo, Batman! México necesita un secretario de Seguridad. No un vocero accidental del partido. Para eso ya tenemos a Claudia Sheinbaum.

No necesita un malabarista jurídico intentando hacer pasar una contradicción como estrategia institucional.

No a un Batman reducido a vocero accidental del régimen por decisión propia o por instrucción superior.

El país requiere autoridad. Certeza. Cooperación internacional profunda. Necesita Estado.

Y hoy, después de escuchar a García Harfuch, lo único que quedó claro es que las mentiras ya alcanzaron al último funcionario que todavía parecía inmune al guion del narcogobierno que nos rige.

Giro de la Perinola

En los pasillos de la Drug Enforcement Administration hay absoluta certeza de que lo de Nueva York sería apenas la primera capa.

Detrás vendrían expedientes más robustos. Registros financieros detallados. Cruces de transferencias de años. Declaraciones protegidas. Solicitudes de extradición inesperadas. Testimonios de operadores que hace meses dejaron de sentirse tan protegidos como antes. Suficientes para explicar nerviosismo, defensas anticipadas y una intensidad política demasiado evidente para alguien que, en teoría, no tendría nada que esconder.

La pregunta ya no es si vienen más nombres. La pregunta es cuánto está dispuesto a tensar el gobierno federal su relación con Washington para seguir protegiendo a sus criminales.

No habrá Batman que alcance.