El valor del tiempo ciudadano y la deuda pendiente de la política

El activo más valioso que posee cualquier ser humano es su tiempo. A diferencia de los recursos materiales o económicos, el tiempo no se recupera, no se ahorra en una cuenta bancaria y es imposible de multiplicar. Cada minuto que transcurre es una oportunidad única que se desvanece.

Por esta razón, cuando las instituciones públicas, las y los gobernantes, las y los actores políticos convocan a la ciudadanía, la puntualidad no debe ser vista como una simple norma de cortesía o un adorno del protocolo. La puntualidad es un deber democrático fundamental, un reflejo de la calidad institucional y una muestra de respeto elemental hacia las personas.

Lamentablemente, la realidad cotidiana en la gestión pública suele caminar en el sentido opuesto. Se ha vuelto una costumbre arraigada y perniciosa que las autoridades citen a la población a eventos masivos, audiencias públicas, asambleas o trámites gubernamentales con horas de anticipación.

Obligar a la gente a esperar bajo el sol, de pie en filas interminables o en recintos abarrotados es una práctica que debe erradicarse. Esta forma de actuar no solo demuestra una enorme ineficiencia administrativa, sino que también es una sutil forma de violencia institucional. Este hábito desgasta de manera sistemática la confianza de la gente, asume de forma soberbia que el tiempo de la o del gobernante vale más que el del gobernado y perpetúa una visión anacrónica y autoritaria del ejercicio del poder.

La ciudadana, el ciudadano que asiste a un llamado público no siempre acude con el tiempo libre. Esa persona está pausando su jornada laboral, descuidando su propio negocio, perdiendo ingresos o restando horas valiosas al cuidado de su familia. Hacer esperar a la comunidad de manera deliberada o por mera desorganización es una preocupante falta de empatía que rompe el tejido social y ensancha la brecha entre la sociedad y sus representantes.

Si la política realmente busca reconciliarse con la ciudadanía y recuperar su legitimidad, debe empezar por lo más básico y elemental, cumplir la palabra empeñada desde el primer minuto marcado en el reloj. Ser puntuales en cada cita, evento o audiencia es reconocer el valor del esfuerzo ajeno y dignificar la función pública.

No es posible construir una sociedad moderna, productiva y justa si el propio Estado sigue desperdiciando las horas de sus habitantes. La puntualidad es el primer termómetro de la honestidad de un gobernante, pues quien roba el tiempo de los demás está robando un recurso que jamás podrá devolver. El cambio de rumbo que nuestras instituciones necesitan requiere un compromiso firme para transformar de fondo nuestra cultura cívica.

Por eso, juntas y juntos impulsemos una nueva era de respeto mutuo, donde el tiempo de cada ciudadano sea considerado el recurso más sagrado y valioso de nuestra vida pública.

Jennifer Islas. Política y conferencista.

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