J. J. Sierra Álvarez y Coparmex mostraron el compromiso de la I. P. con el país

Uno de los grandes mitos… O uno de los más notables sofismas del discurso opositor al PRI y al PAN desde mediados de los ochenta, que a fuerza de repetición -ciertos o no- se han asumido como verdades, es la supuesta condición de abandono de la clase emprendedora al tema de la responsabilidad social.

Como señalamos una cosa, así mismo hemos de reconocer que ha sido parte del discurso, ese constructo falaz que define a la iniciativa privada y a las clases media y alta, como esa porción del conglomerado social que es ajena al sentir y al dolor de los desposeídos o pobres de nuestro país.

Esa hipótesis se asentó en el último tercio del siglo XX y duró incluso varias décadas, algunos años después de aquel 2018 en que llegó la izquierda al poder en este país.

Al entonces presidente López Obrador se le escuchó “machaconamente” en las mañaneras repetir sin rubor alguno su reiterado sofisma, que en esencia aseguraba que materialmente, Morena tenía la patente de la atención a los pobres y a los desposeídos… Y nadie más.

Por atención se debe entender que una clase o un organismo abogue por los intereses, la integridad humana y la dignidad de la población que integra a la clase socio-económica más desfavorecida de la estructura social de un país.

Eso significa para la Confederación Patronal de la República Mexicana (Coparmex) el atributo de ser ‘socialmente responsable’ y desde mayo del 2018, han suscrito sus más de 40,000 afiliados, que son cabezas empresariales, un documento denominado Declaración del Compromiso Social de los empresarios, en conjunto con los afiliados a CEMEFI (Centro Mexicano para la Filantropía) y USEM (Unión Social de Empresarios de México, fundada desde 1957), que se propuso contribuir desde entonces en forma directa e indirecta, al desarrollo social del país.

Y fue esta semana de definiciones, precisamente, ante la inminente discusión y aprobación de parte del cuerpo legislador oficial (de Morena) de la iniciativa proveniente del ejecutivo del llamado Plan B para aprobar mediante decreto legislativo, una serie de reformas al andamiaje electoral, bajo las muy justificadas -también- como congruentes razones que el gobierno de extracción morenista de Claudia Sheinbaum expuso, con los argumentos de eliminar privilegios a la clase política tradicional y reducir costos al ejercicio democrático en México, que la Coparmex nacional dirigida por Juan José Sierra Álvarez, hizo lo que ningún partido de oposición, lo que ninguna agrupación social o eclesiástica hicieran: cabildearon con legisladores y a través de cartas a la opinión pública, defendieron su posicionamiento oficial como organismo cúpula empresarial, habiendo mostrado a la ciudadanía sus razonamientos sobre el porqué, ellos consideraban que la reforma electoral sometida a discusión entonces en el pleno de la Cámara de Diputados, no debía ser aprobada.

A cada legislador, la Coparmex le envió una puntual misiva suscrita por su dirigente, el empresario veracruzano Juan José Sierra Álvarez, detallando, con base a sus compromisos con la defensa de las instituciones democráticas, con el fortalecimiento del Estado de Derecho y con la generación de condiciones que impulsen el crecimiento económico y el bienestar social, que como organismo que representa a más de 36 mil empresas que dan empleo formal a más de 4.8 millones de trabajadores mexicanos, hicieron desde hace tiempo la siguiente reflexión:

“México requiere estabilidad política y certidumbre jurídica para enfrentar sus desafíos prioritarios y no abrir debates que, lejos de fortalecer nuestra democracia, generan polarización e incertidumbre”… Por lo que también, con base a lo anterior, consideran y sostienen con firmeza desde el viernes pasado, que ante la inminente presentación ante el Congreso General de un Plan B sobre la pretendida reforma electoral, impulsada por la presidenta de la República, Claudia Sheinbaum, “la mejor reforma electoral, es que no haya reforma electoral”.

Y es que, a juicio de la Coparmex, la atención del Estado debe concentrarse en otros rubros como: seguridad para las personas, atención a la seguridad interna del país, coordinación con los EEUU en la lucha contra el narcotráfico y los cárteles, inversión en salud pública, revisión de los contenidos educativos y sus planes, combate a la corrupción, seguridad logística para las empresas, certeza jurídica plena para las inversiones, energía suficiente, competitiva y confiable; … y así lo hicieron saber miembros de una delegación del organismo hace unos días, en una reunión de trabajo con autoridades, organismos empresariales y centros de pensamiento en Washington, la capital de los Estados Unidos de América, nuestro vecino septentrional y principal socio comercial, país con quien en próximos días habrá una revisión del principal tratado trilateral de comercio que sostenemos los principales países de América del Norte (el T-MEC).

La Coparmex por conducto de su dirigencia, ha mostrado su preocupación por la situación que impera en el país, a su juicio, digna de mayor decisión gubernamental en las respectivas políticas públicas para los rubros de seguridad, salud pública, educación e impulso a la economía.

Y lo ha denunciado con valor y decisión… Como se debe actuar siempre, cuando la estabilidad y la viabilidad de la patria se perciben vulnerables; cuando se tiene un compromiso genuino con el rumbo de la nación y se vislumbra claramente la necesidad de una intervención precisa y urgente en cada tema.

Finalmente, este jueves por la mañana conocimos el desenlace de este episodio de la vida pública mexicana:

El control de daños para cada una de las partes al final de este jaloneo político, tanto para los que estaban a favor como para los que, en contra, de la pretendida reforma electoral, es -digamos- equilibrado y aleccionador.

Lo que vimos la madrugada del jueves pasado en el Senado de la República, fue que ni la reforma electoral propuesta por la titular del poder ejecutivo se aprobó íntegramente, pues la parte que pretendía que el proceso constitucional de revocación de mandato del poder ejecutivo federal se empatara en las fechas del proceso de la elección federal intermedia del año 2027 no fue aprobada gracias a la votación de los legisladores de diferentes partidos… Pero también hay que asentar que ni tampoco pudo ser evitada la propuesta original hecha por la presidenta Sheinbaum de imponer criterios de dimensión para conformar cabildos municipales y niveles de gasto como de prestaciones en algunas instancias del poder ejecutivo de las entidades federativas.

Lo cual nos hace a todos ganadores; así, despojados de cualquier triunfalismo ramplón.

Así se vive en democracia; así se lucha por ‘hacer valer un razonamiento’ en un país donde hay libertades… y división de poderes.

En las grandes democracias, ninguna mayoría aplasta a ninguna otra minoría… Nada se impone por la fuerza, ni por el estruendo de las armas… Ni tampoco del de los medios de comunicación o difusión.

Tampoco se le impone a la población norma, ni medida coercitiva alguna, mediante el uso de mayorías constituidas formalmente en poderes constitucionales. La validez de la norma se expresa precisamente por su observancia plena y consciente de parte de los ciudadanos… Que, por cierto, están atentos a todo lo que hacen partidos y dirigentes empoderados.

Esta vez se impuso una mayoría para cada tema, que cabildeó con más eficiencia y, por supuesto, que logró la mayoría.

Pero para construir esa ‘mayoría’, la sociedad en su conjunto sin excepción y en lo sucesivo, deberá tomar conciencia de salir a votar el día de las elecciones en concordancia con lo que requiera el país y su problemática vigente o más apremiante… es decir, hay que “construir la mayoría” desde antes de que se presenten este tipo de reformas legislativas impulsadas por los partidos dominantes… y no darse por asustados o asaltados después.

Como dicen los grandes campeones de box: “Las peleas se ganan antes de realizarse…y abajo del ring”.

Y tampoco se trata de dejarles toda la tarea a organismos como la Coparmex, que cumplió con creces su función orientadora y defensa de lo que a su juicio son, los intereses de la población mexicana en relación con su momento y su realidad.

Todo individuo u organización que quiera incidir directamente en las grandes decisiones políticas del país, tendrá que planificar y organizarse electoral y cívicamente, en partidos, asociaciones o en lo que resulte, para luchar en el marco de la norma respectiva vigente por ganar el favor del electorado y constituir su mayoría… que se prevé -y por el bien de la vida democrática- será en lo sucesivo temporal, indefectiblemente.

X: @Pequenialdo; @CalderonH