La justicia lenta también empobrece a México
José María Morelos escribió en Los Sentimientos de la Nación que “todo aquel que se queje con justicia tenga un tribunal que lo escuche, lo ampare y lo defienda del arbitrario”.
Más de dos siglos después, esa sigue siendo una de las mayores deudas del Estado mexicano.
Cuando se habla del Poder Judicial, el debate suele centrarse en jueces, ministros, elecciones judiciales o reformas constitucionales. Sin embargo, el verdadero problema es mucho más profundo.
La justicia mexicana se volvió extraordinariamente costosa, lenta, hiperformalista y, sobre todo, impredecible.
Y esa realidad no solamente afecta a abogados. Afecta directamente la inversión, el crédito, la productividad, el empleo y el crecimiento económico.
La justicia también mueve la economía. Cuando una empresa decide invertir millones de pesos en una fábrica, un desarrollo inmobiliario o una nueva línea de producción, no solo analiza salarios, impuestos o costos energéticos.
También analiza una pregunta fundamental:
¿Qué ocurre si alguien incumple un contrato?
Si la respuesta es “pasarán ocho o diez años antes de recuperar su inversión”, simplemente muchos proyectos dejan de realizarse.
Por eso el Estado de derecho no es únicamente un concepto jurídico. Es uno de los principales activos económicos de cualquier país.
Los números explican el problema
Los datos del INEGI muestran que cada año ingresan millones de asuntos a los poderes judiciales locales.
El Poder Judicial de la Federación también recibe cientos de miles de juicios de amparo y otros procedimientos.
Pero el verdadero problema no está únicamente en el volumen. Está en la ejecución.
Porque en México obtener una sentencia definitiva muchas veces no significa obtener justicia. Significa iniciar otra etapa del litigio.
La sentencia no siempre vale. En materia civil, mercantil, familiar e incluso laboral, una sentencia firme suele convertirse apenas en el inicio de un nuevo recorrido.
Comienzan incidentes.Recursos.Apelaciones.Amparos.Exhortos.Requerimientos.Notificaciones.Embargos.Y nuevas impugnaciones.
Mientras tanto, el tiempo destruye valor.
Un inmueble pierde mercado.Una maquinaria se deteriora.Una empresa deja de operar.Un crédito pierde recuperación.Un patrimonio se consume en honorarios y gastos procesales.La justicia deja de generar certeza.
Y comienza a generar incertidumbre.
Dos sistemas de ejecución.
Aquí aparece una de las mayores asimetrías del sistema mexicano.
Cuando el Estado cobra impuestos, cuotas de seguridad social o créditos fiscales, dispone de procedimientos administrativos de ejecución previstos en el Código Fiscal de la Federación, la Ley del Seguro Social y la Ley del Infonavit.
Puede determinar créditos.Embargar bienes.Designar depositarios.Y seguir procedimientos privilegiados para asegurar el cobro.
En cambio, un acreedor privado normalmente debe recorrer un camino mucho más largo.
Obtener sentencia.Esperar que cause ejecutoria.Promover su ejecución.Superar incidentes.Responder recursos.Realizar nuevos emplazamientos.Pagar avalúos.Cubrir publicaciones.Y enfrentar nuevas impugnaciones antes de recuperar efectivamente su derecho.
La diferencia no es menor.
Mientras el Estado cuenta con mecanismos de ejecución relativamente expeditos, el particular enfrenta un procedimiento mucho más prolongado y costoso.
El costo invisible de litigar
Cuando una persona no puede localizar a la contraparte o ésta se oculta deliberadamente, los códigos procesales permiten el emplazamiento mediante edictos.
En los procedimientos federales ello implica publicar en el Diario Oficial de la Federación y en periódicos de circulación nacional. Esas publicaciones pueden costar entre 50 mil y 100 mil pesos.
Es decir, quien ya ganó un juicio todavía debe seguir financiando el proceso para intentar cobrar.
Muchos simplemente abandonan. No porque pierdan jurídicamente. Sino porque continuar litigando deja de ser económicamente racional.
El hiperformalismo.
La impartición de justicia también enfrenta otro problema.
Con frecuencia el sistema mide productividad por acuerdos emitidos, promociones atendidas o expedientes tramitados.
Mucho menos por resultados efectivos.
Pocas veces se publican indicadores como:
Tiempo promedio de ejecución de sentencias.Porcentaje de recuperación efectiva.Duración total desde la demanda hasta el cumplimiento.Costo económico de la dilación.
Mientras tanto, el ciudadano escucha con frecuencia expresiones como:
“Eso corresponde a otra autoridad.”“Es otra materia.”“Promueva el recurso correspondiente.”“Presente una nueva promoción.”
Cada respuesta puede ser jurídicamente correcta.
Pero el resultado económico suele ser devastador.
La reforma pendiente.
La reforma judicial modificó la forma de seleccionar juzgadores. Pero dejó prácticamente intacto el mayor problema operativo.
No estableció indicadores nacionales de desempeño.No fijó metas obligatorias de ejecución.No digitalizó integralmente exhortos, notificaciones y edictos.No redujo significativamente los costos procesales.
El Código Nacional de Procedimientos Civiles y Familiares representa una oportunidad importante de homologación.
Sin embargo, su implementación aún enfrenta desafíos importantes y por sí sola no resolverá la lentitud si no cambia la cultura institucional.
El costo para México.
Cada sentencia que tarda años en ejecutarse representa:
Inversión detenida.Crédito inmovilizado.Empresas que dejan de crecer.Empleos que no se generan.Patrimonio que pierde valor.
La justicia lenta termina convirtiéndose en un impuesto invisible sobre toda la economía.
No aparece en el Presupuesto.No se cobra mediante el SAT.Pero millones de mexicanos lo pagan todos los días.
Las economías modernas no compiten únicamente por salarios bajos o incentivos fiscales.
Compiten por confianza.
La confianza nace cuando los contratos se cumplen.Cuando las garantías pueden ejecutarse.Cuando una sentencia firme realmente pone fin al conflicto.
Cuando el ciudadano siente que el tribunal no solo escucha su caso, sino que también logra hacerlo efectivo en un plazo razonable.
José María Morelos imaginó un tribunal que protegiera al ciudadano frente al arbitrario.
Dos siglos después, México necesita algo más.
Necesita un sistema judicial que, además de impartir justicia, genere confianza para invertir, producir y crear empleo.
Porque la justicia lenta no solo retrasa expedientes.
También retrasa el desarrollo económico de todo un país.
Mario Sandoval. CEO FISAN SOFOM ENR. Banquero y abogado especializado en recuperación de activos financieros, con más de 30 años de experiencia profesional a nivel directivo.
