Estados Unidos no vendrá por narcopolíticos
El tema no es nuevo, durante años la relación entre el crimen organizado y la política mexicana rara vez trascendía más allá de rumores, investigaciones periodísticas o expedientes judiciales inconclusos.
Sin embargo, el escenario cambió cuando Estados Unidos informó la existencia de investigaciones y se multiplicaron filtraciones, testimonios de narcotraficantes procesados, declaraciones de testigos protegidos y reportes de inteligencia que apuntan hacia figuras de la vida pública mexicana.
Ya no es un rumor, Washington investiga a políticos mexicanos, la pregunta es hasta dónde está dispuesto a llegar.
Mientras tanto el gobierno de Claudia Sheinbaum ha sido categórico al afirmar que no existen pruebas suficientes para proceder contra ninguno de los personajes señalados, entre ellos, Adán Augusto López, Rubén Rocha Moya, Alfonso Durazo, Américo Villarreal, Marina del Pilar Ávila, Mario Delgado o Andrés López Beltrán.
Sin emabargo los estadounidenses parecen avanzar en dirección contraria.
La justicia que no llegará
Resulta difícil imaginar que cualquiera de estos personajes enfrente una investigación seria dentro del país.
Aunque ha trascendido que varios de ellos habrían enfrentado restricciones migratorias o cancelaciones de visa, la realidad política apunta a que ningún personaje cercano a Morena será sometido a procesos que puedan comprometer la estabilidad interna del movimiento.
Desde que Donald Trump regresó a la Casa Blanca, el discurso sobre los cárteles mexicanos cambió radicalmente. El estadounidense ha insistido en que no existe diferencia entre quienes trafican drogas y quienes facilitan, protegen o permiten sus operaciones desde posiciones de poder.
Una advertencia a gobernadores, legisladores, funcionarios federales, mandos policiales o integrantes del aparato político de que podrían enfrentar consecuencias en caso de existir elementos que los vinculen con organizaciones criminales.
La llamada “Lista Marco” es un mecanismo informal de sanciones y seguimiento atribuido al secretario de Estado, Marco Rubio, que tendría bajo observación a decenas de funcionarios, militares y políticos mexicanos presuntamente relacionados con estructuras criminales transnacionales.
A ello se suman las declaraciones del fiscal general estadounidense, Todd Blanche, quien señaló que los procesos que ya se siguen contra los grandes capos podrían derivar en investigaciones contra actores políticos.
La soberanía como moneda de cambio
Frente a esto, la estrategia del gobierno mexicano parece ser evitar cualquier confrontación con Washington y no sacrificar a ningún integrante o aliado de Morena y su presidencia.
Los acuerdos de cooperación en materia de seguridad se han multiplicado y se ha permitido una coordinación más estrecha con agencias estadounidenses. Las extradiciones de líderes criminales se han acelerado y se han fortalecido los mecanismos bilaterales de intercambio de inteligencia.
También se consolidó el Grupo Bilateral de Implementación, mediante el cual ambos gobiernos coordinan acciones de combate al crimen organizado con objetivos y métricas compartidas.
México aceptó coordinar de forma espejo las actividades del Ejército Mexicano y la Guardia Nacional con el U.S. Northern Command. Cada país actúa en su territorio, pero bajo parámetros y objetivos tácticos impuestos por EE. UU. para detener flujos migratorios y de contrabando.
Se aceptó la adopción inmediata de programas como el “Proyecto Portero” de la DEA (para cazar operadores de corredores fronterizos) y la estrategia “Misión Contrafuegos”, la cual obliga a México a abrir y compartir sus bases de datos criminales utilizando la plataforma estadounidense eTrace.
Se aceptaron auditorías para evitar aranceles; México accedió a inspecciones y compromisos estrictos en sus cadenas de suministro contra el trabajo forzoso y la influencia de inversiones de capitales no autorizados por Washington como el capital chino.
Según el gobierno mexicano estas medidas forman parte de una cooperación internacional necesaria, sin embargo, otra lectura posible es que la administración de Sheinbaum concede prácticamente todo lo que Washington exige para evitar un choque frontal que termine alcanzando a figuras de Morena.
Sin embargo y más allá del protocolo, la reciente visita del subsecretario de Relaciones Exteriores, Roberto Velasco a la embajada estadounidense para sostener una reunión de trabajo de alto nivel, acabó siendo interpretada como la muestra de un nuevo equilibrio de poder entre ambos gobiernos.
Derechos y soberanía a cambio de impunidad
Contrario a su narrativa, la 4T no defiende la soberanía: la entrega. Y, mientras esto continue así, difícilmente caerá un narco político y difícilmente habrá un cambio., y la impunidad, la corrupción y el desdén institucional seguirán en detrimento del país.
La presión de Estados Unidos seguirá creciendo y mientras el gobierno federal continúe cerrando filas en torno a los suyos, aumentará la percepción de que la prioridad del oficialismo está en su protección, no en investigar ni hacer justicia.
X: @diaz_manuel
