El problema no son las marchas
Las movilizaciones multitudinarias organizadas por el gobierno o por las estructuras políticas afines al régimen suelen generar una profunda impresión dentro del debate público nacional. Miles de personas en plazas, avenidas y eventos oficiales producen imágenes poderosas para el consumo interno, que alimentan la narrativa de respaldo popular que toda administración busca proyectar.
Sin embargo, conviene entender una realidad elemental de la política internacional contemporánea: estas demostraciones de fuerza tienen un impacto prácticamente nulo en Washington.
Ni la Casa Blanca, ni el Congreso estadounidense, ni las agencias de seguridad, ni los organismos encargados de la aplicación de la ley modifican sus diagnósticos estratégicos en función de concentraciones masivas, discursos patrióticos o exhibiciones de respaldo político organizadas desde el poder. La experiencia histórica demuestra que los centros de decisión norteamericanos operan sobre indicadores de seguridad nacional, inteligencia, cumplimiento normativo, cooperación institucional y evaluación de riesgos.
Desde esa perspectiva, la creciente retórica soberanista que ha caracterizado la respuesta del régimen mexicano durante los últimos meses parece estar dirigida principalmente al consumo político doméstico. El problema es que dicha narrativa pretende responder a cuestionamientos que en realidad no forman parte del núcleo de las preocupaciones estadounidenses.
La soberanía mexicana no se encuentra amenazada por la aplicación de los acuerdos bilaterales vigentes. Por el contrario, Washington se ha limitado, hasta ahora, a actuar dentro de los márgenes establecidos por instrumentos jurídicos previamente aceptados por ambos países, tratados internacionales, acuerdos de cooperación en materia de seguridad, mecanismos de intercambio de información financiera y procedimientos judiciales reconocidos por las dos naciones.
En otras palabras, los Estados Unidos no están operando al margen de los acuerdos; están utilizando precisamente los acuerdos existentes.
Por ello, la insistencia oficial en presentar la situación actual como una disputa entre soberanía y subordinación corre el riesgo de convertirse en una maniobra de distracción respecto del problema de fondo.
Ese problema tiene nombre y ubicación: se encuentra en Sinaloa.
La crisis sinaloense constituye hoy el ejemplo más visible de una realidad que durante años fue minimizada o ignorada: la existencia de territorios donde organizaciones criminales han alcanzado niveles de influencia suficientes para condicionar decisiones gubernamentales, alterar el funcionamiento institucional y disputar al Estado el monopolio efectivo de la fuerza.
La guerra interna entre facciones del Cártel de Sinaloa ha exhibido ante el mundo algo que ya era ampliamente conocido por las agencias de inteligencia internacionales: la existencia de estructuras criminales con capacidad militar, financiera y territorial extraordinaria.
Lo verdaderamente preocupante es que Sinaloa podría no ser una excepción. Podría ser apenas un adelanto.
La presencia simultánea de organizaciones criminales onora, Chihuahua, en entidades como SBaja California, Tamaulipas, Zacatecas, Michoacán, Guerrero, Jalisco o Chiapas sugiere que los factores estructurales que hicieron posible la crisis sinaloense existen también en otras regiones del país. En distintos grados y con distintas características, la penetración criminal en los ámbitos municipales, estatales y federales representa uno de los desafíos más serios para la estabilidad futura de México.
Desde la óptica estadounidense, el problema tampoco se limita al narcotráfico. Se trata de una combinación de factores que incluyen tráfico de drogas sintéticas, migración irregular, lavado de dinero, contrabando, tráfico de armas y control territorial ejercido por organizaciones consideradas cada vez más cercanas a modelos de insurgencia criminal o terrorismo transnacional.
Por ello, mientras el debate político mexicano se concentra en marchas, discursos y controversias mediáticas, los principales centros de análisis en Washington continúan observando indicadores mucho más concretos: homicidios, rutas de tráfico, flujos migratorios, capacidad operativa de los cárteles, corrupción institucional y niveles de cooperación gubernamental.
La verdadera discusión no gira alrededor de la popularidad del gobierno ni de su capacidad de movilización política. La pregunta central es otra: ¿puede el Estado mexicano recuperar el control efectivo de regiones donde organizaciones criminales han adquirido capacidades equivalentes a las de actores paraestatales?
Porque la pérdida gradual de soberanía no ocurre cuando un país coopera con otro en materia de seguridad. La pérdida de soberanía ocurre cuando amplias porciones del territorio dejan de estar plenamente gobernadas por las instituciones legítimas del Estado. Y ese es el desafío que México enfrenta hoy.
No las marchas. No los discursos. No la propaganda. Sino la necesidad urgente de recuperar el control de su territorio, restablecer el imperio de la ley y garantizar que ningún grupo criminal pueda sustituir al Estado en las funciones que únicamente a éste corresponden.
Mientras esa cuestión permanezca sin resolverse, cualquier debate sobre soberanía corre el riesgo de convertirse en una discusión sobre los síntomas, ignorando la enfermedad.
