Sheinbaum – SCJN, el escudo frente a traiciones como la de Maru Campos

Francisco Garfias, de Excélsior, es muy buen columnista. Maneja información interesante, como la de ayer sobre la forma de elegir a quien presida la SCJN. Interesante, sí, pero su texto ¿Miedo a Lenia Batres? tiene un defecto: no contiene un mínimo apunte sobre la institucionalidad del poder judicial, esto es, la necesidad de una relación tersa, por así calificarla, con la presidencia de México.

Tersa, sí. Sin sumisión, pero con absoluto respeto a la correcta liturgia política que sobre todo exige discreción en los desacuerdos —que los hay y los habrá— entre los distintos poderes.

El respeto a prueba de balas entre quien encabece la SCJN y la presidenta Claudia Sheinbaum es la primera línea de defensa de la nación ante las fuertes presiones externas, ahora mismo alimentadas por la oposición interna que no sabe ganar elecciones a Morena.

Lenia Batres no debe ser la presidenta de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. No dudo de su capacidad como jurista. Se le critica bastante desde los círculos de abogados conservadores porque suele interpretar las leyes de formas distintas a las de ellos; estos personajes, tinterillos de alcurnia que se sienten miembros de una casta superior, no logran entender la originalidad de Batres y se escandalizan. El gran problema que le veo a la ministra es otro: no ha salido de su etapa de activista.

Admitámoslo: en la gran hazaña de la 4T radica uno de sus grandes problemas para optimizar el sistema. Pocas veces en la historia de las naciones democráticas un movimiento pacífico llegó al poder después de décadas de lucha con todo en contra —medios, grupos empresariales, grandes partidos políticos, las presidencias del PRI y del PAN, e incluso EEUU—.

En los primeros años de su segundo sexenio en el poder, la 4T sigue en el proceso de atravesar, para algún día dejar atrás, la transición desde un movimiento rebelde hacia un régimen de gobierno. Transición en la que aparecen tensiones entre los cuadros de movilización y activismo —los llamados duros de Morena— y los cuadros institucionales —sencillamente los profesionales del servicio público—.

Resulta más que evidente que la presidenta Claudia Sheinbaum necesitará, en los años decisivos de consolidación de la 4T, no una corte suprema subordinada —eso jamás—, pero sí un poder judicial encabezado por perfiles capaces de entender que la política exige diálogo, prudencia y capacidad de conciliación entre poderes.

En tiempos de fuertes presiones externas y polarización interna, el país requiere menos activismo estridente y más inteligencia política en la conducción de la SCJN, algo que objetivamente analizado se ha logrado con Hugo Aguilar Ortiz, el ministro presidente indígena —como Benito Juárez, en efecto—.

Francisco Garfias puso el acento en la llamada antinomia entre los artículos 94 y 97 de la Constitución. La contradicción es flagrante: el artículo 94 (reformado en 2024) establece que el periodo del presidente o presidenta de la SCJN durará dos años y que le sucederá quien haya obtenido el segundo lugar en la elección judicial; pero quedó intacto el artículo 97, que señala que la presidencia dura cuatro años y es electa por el voto de ministros y ministras.

Semejante tensión jurídica abre el tablero de ajedrez político sobre qué tipo de liderazgo conviene al frente del máximo tribunal. Si se resolviera la antinomia manteniendo el artículo 97, Batres difícilmente alcanzaría la presidencia del poder judicial, pues “no trae el mejor ambiente entre sus pares”, como dice Garfias.

Si se mantuviera ese artículo, Hugo Aguilar debería ser presidente de la SCJN durante cuatro años; esto es, dejar el cargo no en 2027 sino en 2029, cuando ministros y ministras eligieran a quien será su reemplazo.

Eso sería lo mejor para la marcha más eficiente de la 4T. No por “miedo a Lenia Batres”, como incorrectamente afirma el columnista de Excélsior, sino porque su perfil de activista, muy poco dado a las formas institucionales, sería un obstáculo en la toma de decisiones al más alto nivel.

El activismo tiene una enorme utilidad en etapas de lucha y resistencia. En ese sentido, Lenia merece el mayor reconocimiento. Pero conducir un Estado requiere una relación absolutamente formal entre los distintos poderes. Así, quien dirija a la SCJN debe siempre tener capacidad de negociación y manejo fino de las formas de la buena política. Reitero: ello no implica de ninguna manera subordinación. Es solo entender que el ruido no ayuda y que las diferencias tienen que resolverse en privado.

En México, la cohesión interna es una exigencia de seguridad nacional. Ante las presiones de sectores ultraderechistas de Estados Unidos, una corte suprema atrapada en la estridencia se convertiría en un factor de vulnerabilidad. De ahí que perfiles más institucionales que el de Batres me parezcan preferibles para encabezar a la SCJN.

Hugo Aguilar ha demostrado ser un hombre dialogante sin renunciar a su autonomía. Debe seguir al frente del poder judicial. Hasta una ministra tan cuestionada como Yasmín Esquivel posee un adecuado manejo de las formas políticas. Es el caso de otros perfiles: Loretta Ortiz, Sara Irene Herrerías, Giovanni Azael Figueroa o el propio Arístides Rodrigo Guerrero —este a pesar de su apodo de Ministro Chicharrón—.

La 4T nació como un movimiento de resistencia popular, pero hoy tiene la responsabilidad histórica de consolidarse como estructura duradera de Estado. Y en esa transición, el activismo en las instituciones puede ser suicida.

Maru Campos y el retorno de la tentación entreguista

Un poder judicial nada estridente será fundamental para evitar el proyecto de cierta oposición traidora: recuperar el poder no por la vía de los votos, sino porque así se decida en Washington. De ahí la intensa campaña mediática que impulsa a la gobernadora de Chihuahua, Maru Campos, como candidata presidencial de la derecha en 2030.

Que Campos haya permitido la participación de la CIA en operativos dentro de nuestro territorio es un síntoma alarmante: la resurrección del pensamiento entreguista que tanto dañó a México en el siglo XIX.

Maru Campos tiene el mismo ADN de José María Gutiérrez de Estrada y Juan Nepomuceno Almonte, quienes en Europa suplicaron que viniera Maximiliano a México.

La gobernadora de Chihuahua manifiesta un profundo complejo de inferioridad frente a lo extranjero: representa a la derecha tecnocrática, conservadora y empresarial dispuesta a abrir las puertas a la injerencia extranjera en el Estado mexicano.

Frente a tal amenaza, la respuesta de la 4T deberá ir mucho más allá de la movilización de Morena. La izquierda mexicana requiere una profunda unidad interna, disciplina de Estado y coordinación impecable entre los tres poderes de la nación. No hay mejor escudo contra el entreguismo que fortalecer las instituciones.