Juicio y fundamento

Hay madres que dan la bendición al dejar a sus hijos en la escuela. La mía remataba diciéndome que, si iba a intervenir en clase, lo hiciera con juicio y fundamento. No bastaba repetir lo que otros decían: había que pensar, ordenar las ideas y sostenerlas. Esa frase vuelve a mi memoria ante la facilidad con la que hoy se lanzan acusaciones graves, convirtiendo la sospecha en sentencia. En política, como en la vida, acusar es fácil; lo indispensable es probar.

La discusión pública reciente, marcada por señalamientos graves contra figuras políticas mexicanas, algunos provenientes del exterior, no debe leerse como un asunto de simpatías. Si hay delitos, deben sancionarse. Pero precisamente por la gravedad de los cargos, la exigencia debe ser mayor: pruebas, autoridad competente y debido proceso. En materia penal, no basta cualquier filtración; se requieren elementos verificables. Una democracia no puede tratar igual una prueba que una versión repetida hasta volverse tendencia.

Esa regla debe valer para todos: gobierno y oposición. Si solo defendemos el debido proceso cuando nos conviene, defendemos conveniencia, no justicia.

Es vital distinguir: las responsabilidades políticas pueden exigir decisiones inmediatas; las responsabilidades penales exigen prueba. Confundir estos planos produce impunidad cuando se usa el cargo como escudo, o linchamiento cuando la sospecha se vuelve condena. Si una acusación alcanza a una autoridad, la respuesta política no puede ser la indiferencia; puede exigir separación del cargo, explicaciones y cooperación. Pero la sanción jurídica requiere legalidad. Sin lo primero hay cinismo; sin lo segundo, linchamiento.

La lucha contra la corrupción no se debilita por exigir pruebas; se debilita cuando la justicia se confunde con espectáculo. Un movimiento que hizo de la honestidad su causa debe ser el primero en exigir investigaciones serias, para que ninguna responsabilidad se pierda entre filtraciones, sospechas o expedientes mal integrados.

México conoce bien el uso político del escándalo: desde la persecución de comunistas hasta el desafuero y el fraude de 2006. Recordar esa historia obliga a distinguir entre justicia y persecución fabricada. En ese sentido, cobra fuerza la ruta planteada por la presidenta: verdad, justicia y soberanía. México debe cooperar con otros países frente a delitos transnacionales, y aclarar con seriedad cualquier presencia o actuación de agencias extranjeras en territorio nacional. Pero cooperar no significa obedecer automáticamente ni aceptar que agencias o presiones extranjeras sustituyan a nuestras instituciones.

Pedir pruebas no es pedir silencio. Una prueba no pierde valor por venir de fuera, pero debe incorporarse por vías legales que permitan revisión y defensa. Esa es la diferencia entre cooperación jurídica y subordinación política.

Frente a un clima donde una parte de la derecha suele acelerar el escándalo para internacionalizar conflictos internos, juicio y fundamento no son cautela excesiva. Son la frontera entre justicia real y linchamiento político. También son una forma de respetar al pueblo: no darle chismes como si fueran verdad, ni impunidad como si fuera prudencia. Esa regla debe valer siempre, incluso cuando incomode a quienes queremos que la justicia avance más rápido.