Desaparición de Julio César Cervantes: el caso de 2021 y la actuación de la Fiscalía CDMX
La Fiscalía de la Ciudad de México (CDMX) ofreció este miércoles 6 de mayo una disculpa pública a la familia de Julio César Cervantes por las irregularidades en la investigación desde 2021.
En un acto oficial, la Fiscalía de CDMX reconoció que la institución vulneró los derechos de la familia de Julio César Cervantes al obstaculizar el acceso a la verdad, la justicia y la debida diligencia.
Julio César Cervantes desapareció el 20 de septiembre de 2021, fue localizado sin vida y su cuerpo fue donado a la Escuela de Medicina del IPN, justificando que no había sido identificado ni reclamado.
Recuento de la desaparición de Julio César Cervantes en 2021 y la actuación de la Fiscalía CDMX
Julio César Cervantes, un hombre con discapacidad intelectual, desapareció el 20 de septiembre de 2021 en la alcaldía Álvaro Obregón, luego de haber salido de su hogar rumbo a la tienda.
Desde el inicio, su madre, Laura Cabañas Arreola, denunció la desaparición ante las autoridades y advirtió sobre la condición vulnerable de su hijo. Pese a esto, no se aplicaron los protocolos correspondientes.
La familia denunció omisiones y falta de información por parte de la Fiscalía de CDMX. El caso tomó mayor relevancia cuando se confirmó que el cuerpo de Julio César había sido localizado tiempo atrás, pero no fue identificado oportunamente.
Los restos permanecieron bajo resguardo del Instituto de Ciencias Forenses (INCIFO) y fueron entregados al IPN para prácticas académicas, pese a que existía una carpeta de investigación activa; de esto se enteraron tres años después.
Laura Cabañas Arreola se unió al colectivo “Una Luz en el Camino” para buscar a su hijo. En enero de 2024 fue notificada que el cuerpo de su hijo se encontraba en la Escuela de Medicina del IPN.
Fiscalía de CDMX ofrece disculpa pública por caso Julio César Cervantes de 2021
La madre de Julio César acusó que su hijo “desapareció dos veces”: primero al no ser localizado con vida y después por errores administrativos y forenses que impidieron a la familia conocer su paradero durante un largo periodo.
El caso derivó en la Recomendación 09/2025 de la CDHCM, en la que se documentaron violaciones a derechos humanos relacionadas con la debida diligencia, acceso a la justicia y trato digno a las víctimas.
Organizaciones civiles consideran que el caso refleja las deficiencias estructurales en los sistemas de búsqueda e identificación forense en CDMX y han exigido reformas para evitar nuevas omisiones institucionales.
