Una buena para la propiedad intelectual: México sale de la lista negra, pero no del examen

Por años, la propiedad intelectual ha sido el talón de Aquiles silencioso de la política industrial mexicana pues se trata de un terreno donde la retórica de la innovación convivía con mercados informales robustos, enforcement fragmentado y señales regulatorias ambiguas, peor en el contexto de piratería. La reciente reclasificación de México en el Informe Especial 301 al pasar de la Priority Watch List a la Watch List no es, por tanto, un simple ajuste técnico. Es un logro que debemos reconocer y aprovechar al tiempo que es un mensaje político, económico y jurídico de mayor calado.

El dato es preciso pues la Oficina del Representante Comercial de Estados Unidos reconoció “avances significativos” en la protección y observancia de derechos de propiedad intelectual, particularmente en el combate a la piratería y en la corrección de deficiencias estructurales. Sin embargo, conviene despejar el entusiasmo pues México no ha salido del radar, solo ha descendido en la escala de preocupación. El Mundial será una prueba de fuego pero las reformas como la judicial y la de propiedad industrial también lo son. Los mercados buscan eliminar la incertidumbre desde el cumplimiento regulatorio, la protección de marcas, la rapidez de patentes pero también Estado de Derecho ante litigios.

En términos de derecho económico internacional, la diferencia entre ambas listas no es semántica. La Priority Watch List implica una presunción de incumplimiento sistemático con potencial de escalar a medidas comerciales; la Watch List, en cambio, abre un espacio de interlocución más técnico que coercitivo. Más que un certificado de cumplimiento se trata de una suspensión parcial del reproche.

Este matiz es clave. El sistema del Special 301, basado en la Sección 182 de la Trade Act, no es un tribunal ni un mecanismo multilateral, sino una herramienta unilateral de presión normativa. Su lógica no es jurídica en sentido estricto, sino geoeconómica pues funciona al condicionar acceso a mercados y certidumbre inversora a estándares de protección de activos intangibles.

¿Qué cambió realmente?

El Gobierno mexicano, a través del Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial, la Secretaría de Economía y Cofepris, ha ejecutado una estrategia relativamente constante: fortalecer enforcement administrativo, mejorar coordinación interinstitucional y atender reclamaciones específicas de titulares de derechos, especialmente en sectores sensibles como farmacéutico y digital.

Pero el reconocimiento estadounidense no se explica solo por reformas internas. También responde a un contexto de realineamiento productivo en América del Norte. En un escenario de nearshoring, la propiedad intelectual deja de ser una agenda sectorial para convertirse en infraestructura crítica pues sin certidumbre sobre patentes, secretos industriales o software, no hay relocalización tecnológica posible.

El T-MEC como telón de fondo

La decisión llega, además, en vísperas de la revisión del Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá, lo que le otorga un valor táctico evidente. Como señaló el secretario de Economía, Marcelo Ebrard, se trata de una “muy buena señal” de cara a la negociación. Tras la hostilidad en materia de seguridad, esta señal implica que hay reconocimiento a la cooperación en términos económicos.

No es casual. El capítulo 20 del T-MEC está dedicado a propiedad intelectual y es uno de los más densos y exigentes del tratado. Incluye estándares reforzados en materia de protección de datos de prueba, medidas tecnológicas de protección y observancia en frontera. Estar en una lista prioritaria habría debilitado la posición negociadora mexicana; salir de ella, aunque sea parcialmente, reduce asimetrías discursivas.

La paradoja mexicana: avances formales, brechas reales

Sin embargo, tras el hecho de que México mejoró sin duda, permanece la urgencia sobre cómo se mantendrá el nuevo estatus y si esa mejora es estructural o contingente. Persisten problemas conocidos: mercados de piratería física tolerados localmente, litigiosidad limitada en patentes estratégicas, y una cultura empresarial que aún percibe la propiedad intelectual como costo, no como activo.

Más aún, el enforcement sigue siendo desigual. La sofisticación normativa contrasta con capacidades institucionales heterogéneas y en algunos casos, con incentivos políticos contradictorios. La propiedad intelectual en México sigue siendo, en buena medida, un sistema de aplicación selectiva.

La salida de la lista prioritaria tiene un efecto reputacional inmediato pues mejora la percepción país ante inversionistas intensivos en intangibles y envía una señal de alineamiento regulatorio con estándares internacionales. Pero la reputación, en este campo, es volátil. Basta un retroceso en enforcement o una reforma regresiva para revertir la narrativa.

El verdadero desafío es más profundo y consiste en transitar de una política de cumplimiento reactivo, motivada por presión externa, a una política de innovación endógena, donde la protección de la propiedad intelectual no sea un requisito impuesto, sino un instrumento estratégico.

Epílogo: un logro condicionado

México no ha salido del examen; apenas ha cambiado de aula. La vigilancia continúa, aunque con menor severidad. La pregunta es si el país aprovechará esta tregua para consolidar un ecosistema de innovación robusto o si, como en ciclos anteriores, la mejora quedará atrapada en la lógica del cumplimiento mínimo.