Entendámonos: SRE y presidencia no blindaron a nadie

Entendámonos, en efecto. Ciro Gómez Leyva titula su artículo de este viernes en Excélsior: “La presidenta blinda a Rocha, ella sabrá”. La mitad de ese enunciado es verdad y la otra mitad mentira. Es falso que Claudia Sheinbaum haya blindado al gobernador de Sinaloa. Es cierto que, sí, ella sabe y sabrá, respecto a un asunto difícil de entender para los medios: la soberanía.

Entendámonos, Ciro. Una cosa es exigir pruebas y defender la soberanía y otra muy distinta no respetar las leyes mexicanas y los tratados internacionales.

Hasta el momento, nos guste o no el discurso de pedir pruebas —que pueden existir o no—, el gobierno encabezado por Claudia Sheinbaum ha mantenido en el caso de las extradiciones escandalosas una línea de actuación anclada en la legalidad institucional y la dignidad nacional. Solo eso.

Ante las diez solicitudes de detención provisional con fines de extradición enviadas por EEUU, la Secretaría de Relaciones Exteriores, que encabeza Roberto Velasco, ha operado única y exclusivamente como un filtro técnico y jurídico. La soberanía, por cierto, no es un concepto abstracto; se ejerce en el cumplimiento irrestricto de nuestras propias leyes.

Cuando la cancillería señaló la ausencia de pruebas en su comunicado del 29 de abril, no incurrió en un desahucio de las solicitudes. Fue solo un apunte sobre el estado en que fueron recibidas las peticiones de detención provisional con fines de extradición. La soberanía implica, precisamente, no actuar por consigna externa, sino bajo la solidez legal que requiere la Fiscalía General de la República para iniciar cualquier procedimiento en suelo mexicano.

Cumpliendo con la norma, la SRE turnó los expedientes a la FGR. Es esta instancia la que debe evaluar si se satisfacen los requisitos para que un juez de distrito ordene, o no, la detención provisional.

Estamos ante un caso de división de poderes, que es el mayor testimonio de una democracia madura: el juez valora con autonomía, pero al final será la SRE la que decida si se extradita a los acusados o no. Es lo que marcan las leyes.

Bajo el Tratado de Asistencia Jurídica Mutua de 1987, la administración de Sheinbaum subraya que la información de estos procesos es estrictamente confidencial. Y no lo ha sido. No se exige opacidad, sino proteger la integridad de los procedimientos. Revelar detalles de forma prematura vulnera las normas procesales y expone a la justicia mexicana a litigios mediáticos que en nada ayudan.

México, hasta el momento, ha actuado con apego a la Constitución y a los tratados vigentes. La soberanía se defiende garantizando que cada proceso de extradición sea jurídicamente inatacable, evitando que el sistema sea utilizado como una herramienta de negociación política.

La postura de la presidenta Sheinbaum es simple: exige una diplomacia de respeto mutuo. La cooperación con EEUU se mantiene, pero bajo condiciones de respeto absoluto a la legislación mexicana.

Un tema complejo como el de las extradiciones no debe depender de agendas extranjeras, sino evaluarse en el contexto del orden constitucional mexicano. Ya si hay pruebas o no, se verá cuando la nación solicitante las presente, si acaso las tiene y decide informar de su existencia a nuestro gobierno.