Primero la risa, después el terror
Hay un orden emocional preciso en el que los mexicanos hemos ido procesando las actuaciones de la ministra María Estela Ríos González en el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación: primero la risa, después el terror. La risa llega con la inmediatez del meme; el terror aterriza más tarde, cuando uno recuerda que esa misma ministra —la que no sabe en qué sentido votó, la que se adelanta al orden del día, la que decretó desde el estrado que los niños nacidos por fertilización in vitro no tienen padres— firma sentencias que deciden la libertad, el patrimonio y los derechos fundamentales de millones de gobernados.
Repasemos la hemeroteca, que es breve pero intensa. En plena sesión del Pleno, la ministra tuvo que ser auxiliada en vivo por sus pares para que le aclararan el sentido de su propio voto. No fue un desliz momentáneo: literalmente fue necesario que el presidente de la Corte le aclarara cómo se había pronunciado segundos antes. Este jueves, volvió a la carga: se equivocó al abordar los temas a votar y se adelantó a asuntos que aún no figuraban en el orden del día, para sorpresa de los presentes.
El episodio de coleccionista, sin embargo, sigue siendo otro. En una sesión previa, la ministra afirmó —con toda solemnidad, desde el estrado del máximo tribunal del país— que los niños concebidos mediante fertilización in vitro no tienen padres. La frase merece subrayado doble. No sólo desconoce cómo funciona la reproducción humana, sino que contradice los conceptos más básicos del derecho de familia: la filiación, el reconocimiento, la patria potestad, institutos que el Código Civil Federal regula sin importar el método de concepción. Un niño nacido por fecundación in vitro tiene padres por las mismas razones jurídicas por las que los tiene cualquier otro: por vínculo biológico, por reconocimiento, por presunción o por adopción. Eso se estudia, a grandes rasgos, en sexto semestre. Cuando el desafortunado error reventó en redes, la ministra pidió que no se la sacara de contexto: su expresión, aclaró, fue “de carácter ilustrativo”. Y lo fue, en efecto. Ilustró —con precisión quirúrgica— que quien la pronunció desconoce no sólo biología básica, sino derecho de familia elemental.
Uno se ríe. Cómo no reírse. El problema es lo que viene después de la risa.
La Suprema Corte no es un taller de improvisación. Es el máximo tribunal del país. Conoce de acciones de inconstitucionalidad, controversias constitucionales y amparos directos en revisión cuyas consecuencias son reales, ejecutables e irreversibles para quien las padece. Si la Corte va a funcionar —y tiene que funcionar, porque sin ella no hay Estado de derecho que sostener—, no puede darse el lujo de tener ministros que, con toda evidencia, no alcanzan el nivel técnico que el cargo demanda. No es un asunto de simpatía personal ni de pluralidad ideológica: es un asunto de piso mínimo profesional. Y ese piso, ahora mismo, no se cumple.
El artículo 95 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos exige, entre otros requisitos, “haberse distinguido por su honorabilidad, competencia y antecedentes profesionales en el ejercicio de la actividad jurídica”. La competencia —en el sentido vulgar de saber derecho— parece haber sido reinterpretada como cláusula meramente decorativa. En sede forense, a un abogado lo sancionan por citar mal un artículo; en el Pleno de la Corte, al parecer, se tolera.
La ministra Ríos arribó al Pleno sin carrera judicial, sin obra doctrinal citable y sin sentencias previas que revisar. Su currículum visible: haber sido consejera jurídica del Ejecutivo Federal. El proyecto de Reforma Judicial del 15 de septiembre de 2024 prometió que lo demás se aprendería sobre la marcha. Y lo estamos aprendiendo, en efecto, todos junto con ella —en tiempo real, por señal abierta, y al módico costo de nuestras sentencias constitucionales—. El diseño, visto en frío, es una tragedia anunciada: se relajaron los requisitos, se abrió el cargo a la urna y se confió en que el aprendizaje ocurriera sobre la carne viva de los justiciables.
No se trata de una ministra aislada que tuvo un mal día. Se trata de un patrón que revela una incapacidad técnica estructural. Y en un órgano colegiado como el Pleno, cada voto cuenta. No hay “ministros de adorno”; cada uno razona, argumenta y suma o resta en la construcción de criterios obligatorios para todos los tribunales del país. Una ministra que no puede seguir una sesión no puede, con seriedad, construir jurisprudencia. Y una ministra que niega la paternidad de los niños concebidos in vitro no puede, con seriedad, resolver un amparo en materia familiar.
La pregunta no es si la ministra Ríos merece respeto —todo funcionario público lo merece, por principio—, sino si el cargo que ocupa merece ser ocupado con mayor altura. La respuesta, para quien haya pisado alguna vez una sala de audiencias, es evidente. La Corte no se puede dar este lujo. El país no se puede dar este lujo. El Estado de derecho no se puede dar este lujo.
La risa es inevitable; es un mecanismo de defensa frente al absurdo. Pero conviene que no dure demasiado. Porque después de la risa llega la hora de mirar las sentencias que de ahí salen, y descubrir que lo que se decide —sobre derechos, sobre libertades, sobre patrimonios, sobre filiación— lo decide, también, quien no sabe en qué sentido acaba de votar. Y ahí ya no hay broma que alcance.
