Si el pueblo puso ministros, que pueda quitarlos también

Al paso que van las exhibiciones de ministras y ministros en el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, donde se desconocen aspectos básicos sobre el sentido del voto, el contenido de los proyectos o incluso nociones elementales de derechos fundamentales, el sistema parece encaminarse a una disyuntiva necesaria: o las sesiones dejan de ser públicas para ocultar la precariedad o se abre paso una reforma a la reforma judicial.

Porque lo que estamos viendo no es una diferencia legítima de criterios, eso sería sano en cualquier tribunal constitucional, sino una serie de confusiones que impiden siquiera discutir en términos jurídicos. No se trata de debates sofisticados sobre interpretación constitucional sino de tropiezos elementales como no distinguir entre votar un proyecto y pronunciarse sobre la invalidez de una norma, no comprender el alcance de una resolución o, peor aún, evidenciar una lectura superficial de los asuntos.

En ese contexto, resulta inevitable revisar el diseño institucional que hoy rige a la Corte. La concentración de todos los asuntos en el Pleno ha demostrado ser ineficiente y ni siquiera justifica el supuesto ahorro que en nombre de la austeridad eliminó las salas. La insistencia de la ministra Yasmín Esquivel Mossa en recuperar el funcionamiento en salas no es menor pues dividir el trabajo permitiría especialización, agilidad y decisiones mejor construidas. Hoy ocurre lo contrario: más carga, menos tiempo y resoluciones que, en ocasiones, parecen improvisadas.

Pero el problema no es solo de arquitectura institucional, sino de responsabilidad democrática. Si el rediseño judicial apostó por una legitimidad de origen vinculada al pueblo, entonces esa lógica no puede ser selectiva. La legitimidad también debe poder retirarse. La revocación de jurisdicción debe incorporarse como una figura excepcional para jueces y magistrados pero posible y procedimientos para los cargos más altos de la Corte, especialmente tratándose de quienes integran el máximo tribunal constitucional.

No se trata de abrir la puerta a vendettas políticas ni a presiones coyunturales. Se trata de reconocer que hay desempeños que no solo son deficientes, sino que obstaculizan la función esencial de impartir justicia.

La discusión no puede eludirse bajo el argumento de la autonomía judicial y la incapacidad de comprender como funciona la Corte o la pregunta del sentido de un voto no puede interpretarse como criterio o independencia judicial. La autonomía no es impunidad. Tampoco puede reducirse a lealtades políticas heredadas del pasado reciente, ni a cercanías con figuras como Andrés Manuel López Obrador. Menos aún en un contexto donde la propia presidenta, Claudia Sheinbaum, enfrenta el desafío de consolidar instituciones que funcionen más allá de afinidades personales o cuotas de poder y que posiblemente, la Corte fue mejor lugar para una ministra que un cargo en el gabinete a sabiendas de su desempeño.

Quizá la salida mediante revocación de jurisdicción no sea la más decorosa. Pero entre preservar las formas o rescatar la funcionalidad de la justicia, la elección debería ser clara. Si el pueblo fue el argumento para rediseñar la Corte, entonces también debe ser el límite frente a su deterioro.

No solamente lo sufre la ciudadanía y las instituciones sino los otros ministros y ministras que con vergüenza intentan explicar y explicar, sin éxito, de lo que se trata… para que finalmente deba ser el presidente de la Corte el que explique lo que una ministra quiso decir y sea quien tenga la última voz sobre el confuso sentido del voto de su par.

Tampoco se trata de sugerir la consecuencia más extrema para una confusión o un error pero es que cada semana es un nuevo episodio y cuando no es sobre libertad de expresión es sobre familias, sobre derechos de las mujeres, sobre justicia y prisión preventiva, sobre aborto, sobre organizaciones de la sociedad civil y un largo etcétera.

Al final, ni ser ministro es igual que ser diputado ni la carrera judicial es inservible o equiparable a la experiencia en cualquier otro poder del Estado.