El pez por la boca muere: Jalife y su “no” violencia de género

Con relación a lo expresado por Claudia Sheinbaum referente a los tipos penales de calumnia e injuria mediante en la cual señaló que deben derogarse en todos los estados de la República por atentar a la libertad de expresión es indudable que su opinión fue emitida con base a lo señalado por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. El organismo internacional en cuestión ha señalado que esos tipos penales se prestaban al abuso como un medio para silenciar ideas y opiniones en donde se incide con el debate de ideas el cual es efectivo para el funcionamiento de las instituciones democráticas. Claudia Sheinbaum al ser una mujer progresista es conocedora de los estándares internacionales en los cuales se señala que para el aseguramiento de una adecuada defensa a la libertad de expresión los estados están obligados a adecuar sus leyes sobre difamación, calumnias e injurias de tal forma que solo puedan aplicarse sanciones civiles.

Conforme a lo dispuesto por el artículo 115 constitucional los estados que integran al Estado mexicano adoptan en su régimen interior una forma de gobierno republicano, representativo, democrático, laico y popular, teniendo esto como base de su división territorial y de su organización política y administrativa, motivo por el cual cada estado tiene la facultad de expedir las leyes que estime convenientes. En nuestro país cinco estados contemplan el tipo penal de delito, calumnia e injurias: Guanajuato, Nuevo León, Baja California Sur, Nayarit, Michoacán y Yucatán.

Es el caso que Alfredo Jalife Rahme Barrios, quien sabe y conoce que en cinco estados de la república el delito de difamación es sancionado penalmente, hoy se dice víctima de una supuesta persecución política en su contra, lo cual es totalmente falso y un acto más en donde no se hace responsable de sus actos al confundir el derecho de la información con la calumnia y vejación innecesaria en contra de quien el considere a destruir.

En el año 2015, cuando la suscrita era abogada de Alfredo Jalife Rahme Barrios, le solicitó que realizara denuncia de hechos en contra de cinco periodistas, Ciro Gómez Leyva, Federico Arreola Castillo, Luis Cárdenas, Víctor Manuel Hernández Viniegra y María Guadalupe Lizárraga Hernández, en el estado de Yucatán derivado de unas publicaciones que realizaron dichos periodistas en ejercicio de su libertad de expresión. Jalife señalaba que “quien se la hace, se las paga”, que tenía influencias políticas en Yucatán para efectuar la denuncia de hechos y que iba a castigar con cárcel a dichos periodistas. En su opinión era pan comido porque nadie se metía con él sin que se la paguen. Sin embargo, al explicarle sobre los costos de un proceso de este tipo desistió e inició por la vía civil cinco juicios en contra de dichos periodistas en donde les reclamó 550 millones de pesos por las publicaciones que efectuaron, ya que en su concepción su honra era invaluable.

Jalife se negó a pagar los gastos y expensas que sus juicios requerían con el pretexto de que la suscrita estaba obligada a patrocinarle todos y cada uno de sus casos ya que era una abogaducha de quinta y tenía el gran honor de representarle. Abandoné tal distinción, ya que sistemáticamente ejercía en mi contra constante violencia psicológica, constantemente amenazaba con destruirme profesionalmente. Con la destrucción profesional, Jalife ha dado cumplimiento cabal a sus amenazas, ya que en donde encuentro trabajo me persigue y usa sus influencias para que me despidan injustificadamente. No es la primera vez que Jalife efectúa estos actos. Bastó una llamada de Jalife para que despidieran al periodista Ramsés Ancira de su fuente laboral con el pretexto de que era un sionista infiltrado.

La historia de acoso hacia mi persona de parte de Alfredo Jalife Rahme Barrios se ha dado desde la renuncia al patrocinio de sus casos y quien me reclama que le pague parte de los 550 millones que le reclama a Federico Arreola. He sido condenada en tres ocasiones a pagarle 12 millones de pesos. Sin embargo, dado que Alfredo Jalife, ha efectuado fraudes procesales en mi contra fueron revocadas las tres sentencias en cuestión. Hoy mediante un amparo indirecto en contra de una sentencia emitida por la primera sala civil pretende burlar de nueva cuenta a la justicia al señalar que es cosa juzgada que la suscrita le pague 12 millones de pesos cuando en ningún momento algún tribunal se ha pronunciado en el pago de alguna cifra a favor de Jalife.

No conforme con los 12 millones que me reclama vía civil abrió cinco carpetas de investigación en donde me acusó de haber efectuado una ecuación cibernética la cual arrojaba una cifra de 500 millones de pesos para que él demandara a Federico Arreola por daño moral; además acusa de haber abandonado injustificadamente su defensa, de amarrar navajas e impedir su reconciliación marital, de extorsionarlo y engañarlo y de usar la violencia de género como pretexto para chantajearlo. Las carpetas de investigación fueron cerradas porque todas y cada una de las acusaciones que profirió Jalife en mi contra son falsas. Con relación al supuesto abandono en su defensa demostré que el mismo día en que me revoqué Jalife autorizó a otros mandatarios judiciales, Eber Abraham Torres Guaida y Jorge Octavio Niño García.

Jalife durante el año 2016 efectuó en mi contra una campaña de violencia de género a través de su cuenta de Twitter y el juez noveno de distrito le ordenó que dejara de efectuar actos de acoso y violencia de género. A lo cual Jalife le respondió con furia al juez señalando que la violencia de género que él había efectuado en mi contra era un invento de un auto atentado cibernético.

No es la primera vez en la cual Jalife se ve involucrado en un caso de violencia de género. La suscrita ganó un amparo en donde demostré la continua y sistemática violencia de género que dicho personaje efectuó en mi perjuicio, que Jalife cometió en mi perjuicio conductas de violencia de género. Actualmente dicha sentencia es consultable ya que el juzgado decidió guardarla para consulta pública.

Con los hechos recientes, Jalife Rahme no ha desaprovechado la ocasión para tergiversar los hechos e inculpar a Claudia Sheinbaum de una supuesta persecución política. El personaje ha llegado a inventar que es premio Nobel de la Paz, que en la constancia de detención afirma tener el grado de doctor cuando no existe constancia alguna que lo acredite como tal; además afirma estar casado cuando se divorció en 2016 para no pagarle pensión alimenticia a su esposa.

Por cierto, comparto la opinión de Federico Arreola en su propuesta para que el presidente de la república integre a Jalife como embajador de México en Israel. Sin embargo, la agenda de descanso de Jalife quizá no le permita cumplir con el único empleo serio y formal que tenga por primera vez en su vida ya que se levanta después de las once de la mañana. Sería una gran oportunidad para trabajar y se realice profesionalmente, aunque sea en el ocaso de su vida.