Omitir designaciones: otra forma de desmantelar el Estado

No es novedad para nadie que AMLO y Morena buscan el desmantelamiento del Estado mexicano. Seguramente derivado de su profundo talante autoritario, el presidente mexicano ha buscado por todos los medios, tanto jurídicos como extrajurídicos, disminuir a las instituciones, para que él y su partido se eleven por encima de ellas y así poder libremente imponer su proyecto de nación autodenominado 4T.

Enseguida enunciaré dos casos. Uno de ellos es el Instituto Nacional Electoral. El lector recordará la brutal embestida dirigida por AMLO contra esta institución en el marco de los planes A y B, uno dirigido a desaparecerlo por la vía constitucional y el otro a través de las leyes secundarias. Ninguno fue exitoso. Ahora van por el plan C.

Sin embargo, existe otra vía: la de dejar “acéfalos” a órganos de las instituciones responsables de velar por el cumplimiento de la ley y el respeto de la legislación electoral. Uno de ellos es la Unidad de Fiscalización del INE, responsable de vigilar que no se cometan delitos electorales relacionados con el financiamiento ilegal de las campañas. A manera ilustrativa, esta unidad del INE fue la que detectó en su momento las desviaciones del gobierno de César Duarte y los diezmos impuestos por Delfina a los gobernadores de Texcoco, entre otros.  (Recomiendo la lectura del texto de Ciro Murayama en Nexos.)

El caso resulta especialmente alarmante cuando el INE, en tanto que autoridad electoral, no cuenta, en las vísperas del inicio de las campañas electorales más complejas de la historia, con sus cuadros completos. Ello hace al instituto inoperante, lo que ofrece manga ancha para que los delincuentes electorales –léase, los partidos políticos- violen la ley a diestra y siniestra.

Otro caso que ha salido a la luz recientemente es el espacio vacío dejado por los ministros salientes José Luis Vargas e Indalfer Infante, de la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Según ha trascendido, a pesar de que se dieron avances en el proceso de análisis y dictaminación de la idoneidad de los candidatos, el pleno del Senado suspendió sesiones, dejando incumplidos –al menos, momentáneamente- sus responsabilidades de nombramiento de los miembros del Poder Judicial.

Los casos del INE y del Tribunal Electoral son ilustrativos de la voluntad de los irresponsables legisladores de Morena de pretender que las instituciones del Estado, y muy en particular, aquellas relacionadas con la fiscalización y supervisión de la legalidad de los procesos electorales, devengan inoperantes ante dos de los más grandes desafíos: hacer frente a la animadversión del Poder Ejecutivo y vigilar las elecciones más grandes de la historia.