Otis recuerda propuesta de Ley de Protección Civil para que estados atiendan sus propias emergencias

El pasado 5 de octubre, el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, envió a la Cámara de Diputados su iniciativa de Ley General de Protección Civil y Gestión del Riesgo de Desastres. Esta propuesta, en teoría, busca garantizar que las entidades federativas estén preparadas para afrontar emergencias y desastres naturales. Sin embargo, la realidad a menudo dista mucho de la teoría, y el reciente paso del huracán Otis por Guerrero pone de manifiesto la importancia de abordar esta cuestión con urgencia y transparencia.

El huracán Otis, que alcanzó la categoría 5 y devastó parte de Guerrero, una de las entidades más pobres de México, es un triste recordatorio de la vulnerabilidad de nuestro país frente a los fenómenos naturales. En medio de la desinformación y la incertidumbre sobre la fuente de financiamiento para la reconstrucción de viviendas, hospitales, carreteras y espacios en Guerrero, se hace evidente la necesidad de una legislación sólida y eficaz que respalde a las comunidades afectadas.

La iniciativa de ley en cuestión establece que las entidades federativas deben prever en sus presupuestos los recursos necesarios para atender emergencias y desastres naturales. Además, en caso de que los recursos resulten insuficientes, los estados pueden solicitar apoyo a la Federación. Esto suena como un paso en la dirección correcta, pero no podemos pasar por alto la importancia de la transparencia y la certeza en la asignación de recursos.

El Fondo de Desastres Naturales (Fonden) solía ser el principal mecanismo de financiamiento para desastres naturales en México. Sin embargo, después de una reforma en octubre de 2020, su sistema de gestión pública cambió, generando dudas sobre la transparencia en su funcionamiento. Aunque se ha afirmado que el Fonden aún cuenta con 18 mil millones de pesos, la opacidad en su operación y la falta de claridad en la asignación de recursos siguen siendo motivo de preocupación.

La nueva ley propone la creación de instrumentos presupuestarios federales de gestión de riesgos en lugar del Fonden. Esto es un paso importante hacia la transparencia y la eficiencia, pero es esencial que el destino y el manejo de los recursos sean claros y que se apliquen específicamente a la población afectada. La regulación de donativos también es un avance significativo, ya que asegura que los recursos lleguen a quienes más los necesitan de manera transparente y eficaz.

Además de la gestión de recursos, la iniciativa busca sancionar a los servidores públicos que autoricen construcciones en zonas de alto riesgo, priorizando la seguridad de las personas. Esto es esencial para prevenir futuras tragedias.

En medio del cambio climático y la creciente frecuencia de desastres naturales, es urgente e imperante que México no deje en el abandono a las comunidades que menos tienen. Necesitamos contemplar mayores recursos para combatir el cambio climático, prevenir daños por catástrofes naturales y construir plantas de energía en hospitales. La priorización del medio ambiente y la salud de la población es esencial para el bienestar de todos.

Ante el dolor generalizado por la situación que atraviesa Guerrero, vale la pena preguntarnos si es que la propuesta de Ley General de Protección Civil y Gestión del Riesgo de Desastres es un paso necesario en la dirección correcta, si es que debemos entender el origen del Fonden y recapacitar en que los daños no pueden limitarse a un porcentaje pues simple y sencillamente, no puede conocerse a ciencia cierta cuál será el impacto de la naturaleza.

Sin embargo, es fundamental que se apruebe con la urgencia que la situación actual demanda y que se asegure la transparencia en la asignación de recursos. La seguridad y el bienestar de las comunidades más vulnerables de México deben ser una prioridad indiscutible. Sin embargo, mirar la falta de protocolo en actos irracionales como que el gabinete de seguridad y el presidente queden varados a media carretera que se sabía cerrada, poniéndose en riesgo e impidiendo que realicen toma de decisiones en momentos críticos por estar incomunicados, con todo y el montón de errores que sucedieron después parece desolador. Ofensivo para miles de personas que buscan ansiosas una respuesta de paradero sobre sus familiares.

Hoy más que nunca, los fondos compartidos, transparentes, administrados por instituciones que brinden confianza se vuelven más que necesarios, Pensar que Guerrero, una de las entidades más pobres, pudiera costearse su propia recuperación en medio de la tragedia devastadora es simplemente imposible. A la luz de esta tragedia debe ser analizada aquella propuesta de ley así como evaluado el presupuesto que el fonden-no-fonden sea utilizado.