La Suprema Corte será juez y parte

Sí, efectivamente continúa la embestida de Morena contra el Poder Judicial. En el momento de la redacción de estas líneas, la Cámara de Diputados ha aprobado la desaparición de un paquete de fideicomisos que ascienden a 15,000 millones de pesos. Si bien a primera escucha resulta una cantidad exorbitante, en términos de lo que representa en el Presupuesto de Egresas no es relevante.

Y aun más importante, como ha quedado bien claro por parte de los especialistas y de los propios ministros de la Suprema Corte, serán principalmente los trabajadores del Consejo de la Judicatura los que resultarán afectados.

Los legisladores de Morena, siguiendo al pie de la letra las instrucciones de Palacio Nacional, orquestaron en la Cámara de Diputados la eliminación de los citados fideicomisos, en medio de una protesta por parte de los trabajadores, misma que el propio AMLO minimizó y ridiculizó.

Sin embargo, no lo hicieron a través de los medios correctos, sino que violaron flagrantemente los procesos legislativos, es decir, las normas jurídicas que rigen la manera en que las Cámaras se conducen en el tratamiento de asuntos parlamentarios.

Un punto fundamental en favor de este argumento reside en el hecho de que la Cámara de Diputados excluyó a la Comisión de Justicia para la discusión y decisiones finales sobre el dictamen, siendo aquella competente para el tratamiento de cualquier asunto relacionado con el Poder Judicial.

En adición, los procesos legislativos contravinieron los enunciados más elementales de la división de poderes, lo que pone en entredicho uno de los principios fundacionales de la democracia liberal mexicana.

Como el lector podrá constatar, la eliminación de los 14 fideicomisos del Poder Judicial por parte de los legisladores de Morena en la Cámara Baja levanta serios cuestionamientos, desde la óptica de la moral y la justicia en lo que corresponde a los miles de empleados afectados, hasta la esfera jurídica en lo que respecta a la violación del derecho parlamentario.

Ello conducirá inevitablemente a una larga lista de solicitudes de amparo y a la necesidad de que el asunto caiga en el futuro – irónicamente- en la Suprema Corte, donde los magistrados tendrán que ser literalmente jueces y parte, y deberán dirimir una controversia jurídica que afecta directamente el poder que representan.

La Suprema Corte, fiel a su deber de velar por el derecho constitucional, dictaminará en favor de la invalidez de los actos del Legislativo, lo que suscitará la ira del presidente y le servirá como una excelente estrategia de campaña para pintar a Norma Piña y a los magistrados del tribunal como un puñado de conspicuos abogados que nada más velan por sus ambiciones personales, en detrimento – dirá AMLO- del interés general.  Veremos.