El debate sobre el Poder Judicial

Comparto reflexiones que pueden abonar al debate en curso en México, y no solo en Mexico, sobre el Poder Judicial.

Primero, es necesario aclarar que el Poder Judicial opera dentro del estado constitucional y que esta es una expresión que significa que la sociedad acuerda organizarse con base en una constitución democrática.

La Constitución democrática es propia de las sociedades y estados liberales. Estos defienden los derechos individuales, por ejemplo, los de seguridad o propiedad privada, y de manera complementaria los derechos sociales o de los grupos o colectividades, digamos los sindicatos, ejidatarios, comunidades indígenas y otros sectores en desventaja: mujeres, ancianos o la juventud.

La Constitución democrática establece, por lo tanto, los derechos y sus garantías, lo que incluye el que haya opiniones y partidos diversos, que ninguna persona o institución concentre todo el poder, que haya jueces independientes y procedimientos para defender las garantías y los derechos.

Ese modelo de organización se forjó en Europa después de la Segunda Guerra Mundial para proteger la dignidad de las personas y los derechos humanos, y ha sido adaptado en México, sobre todo a partir de la firma del Tratado de Libre Comercio de América del Norte y su entrada en vigor en 1994.

Las sucesivas reformas económicas del periodo económico neoliberal, a partir de los años ochenta del siglo 20, se presentaron al mismo tiempo que se fueron fijando los pilares del estado constitucional: derechos humanos con prioridad individualista, pluralismo político, división de poderes con mayor control al Poder Ejecutivo desde el congreso, los órganos autónomos y el Poder Judicial, así como nuevos instrumentos para tutelar los derechos y dotar de seguridad jurídica a las intensas transacciones de la globalización de los mercados.

Empero, ese modelo jurídico, como cualquier otro, no se construye y opera en el vacío, sino que expresa las relaciones de influencia entre personas, grupos o poderes.

Más aún, su estructura y funcionamiento se ven condicionados por poderes de hecho, lícitos o ilícitos, así como malas prácticas que van desde su incomprensión a la improvisación o la mala planeación o ejecución deficiente de sus competencias.

Lo peor que le puede pasar a una estructura de ese tipo o de cualquier otro es que le capturen partes de sus instituciones y estas, en lugar de servir al interés público o colectivo, rindan frutos a los poderes de hecho y grupos con intereses especiales.

Las dos cosas le han ocurrido en parte al novísimo estado constitucional.mexicano y revertir ese proceso es fundamental para que sobreviva.

Revertir las capturas del estado implica procesos complejos y largos.

La historia, de Egipto o China a Roma o la Europa moderna, y el mismo  Estados Unidos (Roosvelt o México (Benito Juárez o Lázaro Cárdenas) está plagada de ejemplos que muestran que el instrumento para lograrlo es la centralización y fortalecimiento de la autoridad ejecutiva, sumada a la repriorización en la extracción y redistribución de recursos fiscales.

Redimensionar el poder del Poder Ejecutivo frente a los poderes no formales pasa por recalibrar la relación entre los poderes formales del estado constitucional para contar con unidad, dirección y eficacia en el mando.

En tal condición, emergen otros enfoques constitucionales para guiar y conseguir el objetivo.

Así, solo para ilustrar, el constitucionalismo popular, de origen norteamericamo, y el constitucionalismo populista, horneado en sudamérica, proponen apoyar ese proceso de decorporativización de las instituciones públicas trasladando poder de decisión a la gente común.

Para ello se suele forjar un nexo fuerte con esta, alimentar y mantener un diálogo directo con ella, contraponerla no a los poderes sino a sus captores, poner a prueba a las instituciones del estado constitucional e inducir sus cambios necesarios en el marco de un proceso más amplio de transformación que las torne más funcionales para propender a la equidad y la justicia social.

Según nos muestra la historia de México, en la dialéctica entre esas formas de organización constitucional, por lo general las capturas del estado fueron derrotadas. Esas luchas abrieron paso a una nueva condición de identidad, soberanía, justicia y progreso para las mayorías populares víctimas de tales procesos.

En la situación mexicana actual no resulta pertinente pretender que nos miremos en el espejo cubano o el venezolano, países que responden a sus propios contextos.

Entre nosotros el estado constitucional pervivirá, pero para hacerlo tendrá que continuar con los procesos de reflexión y cambio que le desaten los nudos que lo limitan en el cumplimiento de sus fines sociales.

Desde el interior de cada forma de organización constitucional posible, se reflexiona que el poder judicial y los órganos autónomos, que deben funcionar como instituciones de garantía y control de derechos y principios, se harían bien y le harían bien al conjunto del estado y la sociedad si se asoman al espejo enterrado de sus fortalezas y debilidades para abonar a su integridad y eficacia.

En este sentido, una medida pertinente podría consistir en imprimir máxima publicidad al contenido y racionalidad operativa de sus recursos.

Esta medida sería oportuna, en particular, en la coyuntura política mexicana, antes de que la propia Suprema Corte pudiera suspender los efectos de la reforma a su propia ley orgánica cuando reciba la acción de inconstitucionalidad o los amparos que se presenten en contra de la liquidación de los fideicomisos –que guardan parte de dichos recursos– que están en vías de ser extinguidos por el Congreso de la Unión.

A su vez, el Poder Ejecutivo deberá considerar, junto con los réditos electorales que le reporte entre sus simpatizantes la promoción del llamado plan C judicial, es decir, anexar a la boleta de 2024 una suerte de referéndum informal para cambiar la forma de nombramiento de los ministros, las implicaciones negativas que la disminución de recursos al Poder Judicial traerá para la impartición cotidiana y ordinaria de la justicia.

Al mismo tiempo, la ciudadanía hará bien en tomar nota y conciencia de lo que se juega en las elecciones del 2024 y, mejor aun, tomar las decisiones conducentes para su propio bien.