El próximo presidente deberá reconciliarse con el Poder Judicial

El hecho mismo de que el presidente AMLO no haya invitado a Norma Piña o a otro miembro de la Suprema Corte de Justicia a los eventos del 16 de septiembre refleja un síntoma gravísimo del estado de espíritu del jefe del Estado: no cree en la división de poderes. Se cree, dentro de su egocentrismo desmesurado, como el único representante del Estado mexicano.

AMLO piensa, dentro de una mentalidad propia de un Luis XIV tropical, que él y solo él es el Estado mexicano, y por tanto, cualquier hombre o mujer que contradiga su voluntad con palabras, hechos o actos jurídicos está atentando contra los “intereses legítimos” del pueblo de México, ergo, del Estado.

En el pasado la Suprema Corte de Justicia, cumpliendo con su cabal deber de defender la legalidad constitucional, ha echado para abajo algunos de los proyectos de AMLO. Ello ha suscitado numerosas críticas por parte del presidente. AMLO, en respuesta, no escatimó descalificaciones hacia Norma Piña, lo que condujo indirectamente al incendio de la figura de la ministra en aquel pavoroso evento que tuvo lugar en el Zócalo.  Un suceso que, además de conllevar un alto ingrediente de misoginia, mostró el altísimo grado de intolerancia de las huestes del tabasqueño hacia las instituciones del Estado.

Con su clásico discurso de la lucha del poder del pueblo contra la reacción conservadora, el presidente mexicano ha buscado mermar la credibilidad pública del Poder Judicial, con el objetivo de elevarse por encima de la ley, y de erigirse como el caudillo de México. En realidad a AMLO poco le importa la legalidad.

El próximo presidente, trátese de Claudia Sheinbaum, Xóchitl Gálvez o cualquier otro que pudiese presentarse, deberá sanar las heridas dejadas por su antecesor; heridas en términos de la relación entre el Ejecutivo y el Judicial. Quien resulte ganador en 2024 deberá entender que el Poder Judicial es un pilar del edificio democrático, y que cualquier atentado contra sus decisiones o autonomía es un golpe contra la convivencia social.

La sana relación entre el Poder Ejecutivo y el Judicial es fundamental para la sana armonía democrática. A lo largo de la historia de las democracias liberales, el poder Judicial ha servido como un límite al poder presidencialista. A mayor popularidad del presidente, mayor responsabilidad recae sobre el Judicial.

Claudia o Xóchitl, por su parte, distarán enormemente de poseer ese talante autoritario que ha caracterizado a AMLO a lo largo de su carrera política. Por el contrario, se han mostrado tolerantes ante la disensión, la crítica y el desacuerdo. Sin embargo, ninguna de ellas ha conocido el verdadero poder. Y el poder, casi siempre, enferma.