La batalla por los programas sociales
La guerra mediática por la apropiación del discurso de los programas sociales sigue su curso. Hace dos días Xóchitl Gálvez se vio envuelta en una polémica en torno a la utilización del logo del INE para promover la idea de que la política social no desaparecerá, mismo si Claudia Sheinbaum no resulta electa.
Se trató, a todas luces, de una pésima acción por parte de Gálvez y de su equipo. Su intención fue clara: usar la imagen del INE (sabe bien que la autoridad electoral goza de buenos niveles de aceptación en la mayoría de los mexicanos) para restar “exclusividad” a Morena en términos del discurso sobre los programas sociales.
En otras palabras, la batalla de campaña se centra en la pregunta: ¿Cuál candidata –Xóchitl o Claudia– continuará los programas sociales una vez sentada en la silla presidencial? Sheinbaum la tiene fácil, pues es dueña del discurso lopezobradorista. Gálvez, por su parte, hace sus propios esfuerzos para sacudirse la idea de que el Frente podría hacer desaparecer las transferencias.
La centralidad del discurso público en torno a los programas sociales trasluce problemáticas estructurales mayores. En México, léase un país consumido por el crimen organizado, la falta de oportunidades y socialmente dividido ¿no sería más enriquecedor un debate en torno a quién destinaría mayores recursos al combate contra el crimen, o en favor de una salud pública de calidad o más dinero al sistema educativo?
Sin la voluntad de restar importancia a los programas sociales, pues está ampliamente documentado que deben existir, sí que convendría replantearse el objetivo de los mismos. ¿No valdría la pena revisar el contenido de programa de adultos mayores con el propósito de qué fuesen excluidos los más ricos? ¿No se antoja como política regresiva que Carlos Slim reciba su pensión?
A la luz de la evidencia empírica, los programas sociales resultan pertinentes cuando son elementos de una política transversal. Es decir, no bastan los programas sociales, sino que deben ir acompañados de otros esfuerzos en distintas áreas de la administración pública.
Los programas sociales no resolverán por sí mismos la pobreza ni la desigualdad ni las carencias educativas o alimentarias. Sin embargo, en el debate público, y con miras a las elecciones del próximo junio, son los elementos centrales de una campaña electoral que dista de ser ejemplar.
