Un México superado

De acuerdo con la más reciente información, el número de fallecidos tras el paso de Otis en Acapulco ha aumentado a 45, mientras que otras 47 personas permanecen como desaparecidas. Estos últimos números no han hecho más que poner el acento en los dramáticos sucesos acaecidos sobre aquel puerto de la costa guerrerense.

El objetivo de este texto no es politizar la tragedia ni culpar al gobierno de AMLO o de Evelyn Salgado por la tragedia de Acapulco, sino simplemente poner de relieve las fallas estructurales del Estado mexicano tanto para prevenir daños provocados por fenómenos naturales y para apoyar a los damnificados

El gobierno ha sido nuevamente superado por los acontecimientos. Como si se repitiesen las tragedias de 1985 y otras que sembrado el caos en México, la devastación provocada por Otis ha puesto de manifiesto que las autoridades públicas no han sido capaces de dar alivio a las millones de personas afectadas por el paso del huracán.

En primer lugar, los apoyos, tanto víveres como económicos, se han quedado cortos. Y más acuciante han resultado los robos documentados de la ayuda enviada a los damnificados. El saqueo ha estado a la orden del día, y las autoridades, tanto federales como del gobierno de Salgado, han sido incapaces de detener que pandilleros y otros criminales se apropien ilegalmente de la ayuda humanitaria.

Otra falla compartida tanto por el Estado como por la sociedad en su falta de sentido de prevención reside en el hecho de que la mayoría de las propiedades privadas en Acapulco no están aseguradas contra eventualidades naturales. Según me ha informado un empleado de una compañía de seguros, los daños en casas y departamentos provocados por Otis no serán cubiertos pues no existen pólizas de seguro.

Como resultado del hecho de que el puerto de Acapulco presenta altos riesgos tanto por sismos como huracanes, la contratación de una póliza de seguros de daños resulta costosísima. Por tanto, con la excepción de los grandes hoteles, las propiedades no están cubiertas. Ello resultará en una lamentable pérdida absoluta de bienes materiales para los acapulqueños.

Por tanto, a mi juicio, el Estado mexicano, incapacitado para lidiar y menos resolver situaciones catastróficas, debería, dentro de los márgenes de la ley, promover que las pólizas de seguro estuviesen al alcance de muchos, en de vez de unos pocos. Si bien los precios se rigen por las normas del mercado, quizá resultaría conveniente explorar la posibilidad de ofrecer incentivos o algún tipo de regulación menor que hiciese posible que un mayor número de mexicanos tuviesen acceso a ese tipo de seguros.

En suma, Acapulco ha demostrado nuevamente cuán vulnerable México es ante desastres naturales. Aún más, nos ha recordado de que el Estado mexicano está superado, y que la buena voluntad de muchos mexicanos no se traduce siempre en beneficio de los afectados.