Elecciones frágiles
A pocos meses de celebrar elecciones generales en México, las acusaciones de fraude y dudas sobre el desempeño de diversas instituciones se han sembrado por igual entre simpatizantes de los partidos y la alianza opositora como entre los del oficialismo de la izquierda.
Acusan, por un lado, que el presidente Andrés Manuel López Obrador ha intervenido en campañas, INE, Tribunal Electoral y gobiernos estatales para beneficiar a la candidata de su partido; mientras que, en el otro sitio, se advierte sobre un golpe de Estado blando que se construye desde el poder judicial y por poderes fácticos del empresariado y los medios de comunicación.
Supuestas investigaciones de la DEA que han sido elementos para la estrategia digital de la ultra derecha sobre nexos con el crimen organizado, publicadas en prensa norteamericana, son el contexto de laureados encuentros en que el embajador de Estados Unidos en México, Ken Salazar, y la ministra presidenta de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), Norma Piña se reúnen para hablar de asuntos generales.
Las advertencias presidenciales sobre un posible golpe de Estado técnico se avivan entre las evidentes tensiones. Se ha diluido la esencia o mandato de neutralidad en los poderes dependiendo la lectura y filiación de los ojos que miran.
Aquel que intenta apostar a la neutralidad, siendo autoridad o siendo ciudadano, se aloja en una incómoda tibieza que es reclamada por cualquier persona pues además de elecciones frágiles, vivimos elecciones en un ambiente totalmente politizado. No hay puntos medios. Quienes rechazan a Morena, en sus relaciones personales son escépticos y hostiles con quienes militan en ese partido. Y visceversa.
Aunque en las cúpulas importa poco el color de la militancia mientras la actitud sea sumarse y aquello pueda traducirse en votos. Ahí no hay rechazo ni al “morenismo” ni al “prianismo”. Sin embargo, es tan tenso el ambiente que periodistas y activistas han perdido el derecho de criticar libremente so pena de ser llamados sirvientes o cómplices de cualquiera de los lados.
Me parece importante advertir tres efectos de las elecciones frágiles que vivimos, anticipando que como suele suceder en elecciones concurrentes, entre más se acerca la fecha de la elección, se intensifican las acusaciones, campañas negras y principalmente ahora, se puede pronosticar el acecho y riesgo hacia los árbitros electorales, así como en su caso, a integrantes del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación.
Credibilidad y gobernabilidad en jaque. Tanto la oposición como la alianza del partido en el poder tiene serias acusaciones para desconocer resultados electorales en caso de que éstos, no les favorezcan. Aún con la contundencia de las encuestas que reconocen el 89% de posibilidades de triunfo para Claudia Sheinbaum, la apuesta del PAN, PRI y PRD es ganar (o arrebatar) lo más que se pueda en lo local. Es tanta la fragilidad, que solo con evitar la llegada de una mayoría abrumadora de Morena al Congreso o lo que han llamado “Plan C”, se asumirán ganadores. El riesgo es que se revela que la estrategia de la alianza opositora no es ganar, sino manchar un triunfo con acusaciones de fraude como una apuesta de la oposición para impactar en la gobernabilidad, credibilidad y generar desgaste. Lo apuestan desde la narrativa en la que aseguran que a Sheinbaum se le apoya menos que a López Obrador y que incluso, quienes han optado por ella no es exactamente por su persona. De paso, la erosión institucional les sirve para confirmar su acusación base para el mito del autoritarismo: AMLO ha desmantelado a las instituciones.
Riesgo violento extendido a las autoridades electorales, además del riesgo a candidatas y candidatos. Desde el inicio de las precampañas, por semana se han asesinado al menos a dos políticos o aspirantes. El clima electoral hostil podría extenderse, de manera inédita, hacia autoridades que diario son señaladas.
Elecciones que se definirán en Tribunales en el caso de nulidades, infracciones y en aquellas que sean cerradas. La Ciudad de México, como bastión histórico de la izquierda, enfrenta una situación particular en la que el voto de castigo podría complicar los cálculos para recuperar las alcaldías perdidas en el 2021 y de paso, lograr que la izquierda mantenga la Jefatura de Gobierno. Aunque según la tendencia, es improbable que Santiago Taboada triunfe, existen grandes posibilidades de que sean elecciones resueltas en tribunales en caso de que los márgenes de los ganadores sean de un punto o menos. Aquello podría vivirse igualmente en las alcaldías más competidas por lo que quienes cuenten con los mejores defensores especialistas en materia electoral son quienes podrían terminar con ventaja, pues la parte más importante será la defensa del voto.
POR CIERTO. Las protestas son dignas frente al poder, sin embargo, cuando son ejercidas para callar voces con pensamientos distintos, son censura digna del medioevo. El día de ayer, Marcela Lagarde fue interrumpida y expulsada con violencia por parte de integrantes del bloque negro “Furia Trans”. El acto fue respaldado por la Complutense de Madrid y atrajo una ola de celebraciones desde las redes que cada día, se hacen menos tolerantes a la diferencia. Me pregunto si acaso, negar la identidad “trans” para borrarla y sustituirla únicamente por “mujer” no es un acto de transfobia en sí mismo.
Sin embargo, aun disintiendo y aun desmitificando a la extraordinaria antropóloga que nos brindó la categoría penal de feminicidio, censurar en espacios universitarios surgidos para la pluralidad de pensamiento es lamentable y condenable.
La conferencia era sobre genealogía feminista y paradójicamente, la estridencia le ha cerrado la puerta al diálogo académico. No hubo argumentos sino agresiones. No es un combate de lenguaje de odio, es un manotazo para callar a todas las voces que apenas intentan analizar, siquiera para posicionarse. El terror de la “nueva inquisición global” amparada en la progresía, que, además, se acompaña de hordas digitales que brindan dosis irreales de odio apenas por solidarizarse con Lagarde. Reconozco el riesgo y vulnerabilidad de las personas trans, su derecho a la identidad y la urgente protección legal en todos los aspectos, también reconozco y apelo a reconocer que la distinción les atañe riesgos propios y situaciones propias, a reconocer que el transfeminicidio existe y que reconocer a las personas trans no tendría por qué ser sinónimo de negarles absolutamente nada, aunque disentir tampoco tendría que ser sinónimo de ser apodadas con palabras de odio como “terfas”.
