¿Y el juramento?
El presidente AMLO ha violado flagrantemente la Constitución política de los Estados Unidos Mexicanos. Entendida esta como la norma fundamental, y esencial para regular la sana convivencia de todos los mexicanos, ha sido objeto de vejaciones reiteradas por parte del jefe del Estado.
AMLO juró, aquel 1 de diciembre de 2018: “Protestó guardar y hacer guardar la Constitución política de los Estados Unidos Mexicanos, y las leyes que de ella emanen, y desempeñar leal y patrióticamente el cargo de presidente de la República, y si así no lo hiciere, que la nación me lo demande”
En otras palabras, AMLO, en tanto que presidente de una República federal, está limitado, al igual que las cabezas de los otros poderes de la Unión y el resto de los ciudadanos, por las normas jurídicas que los mexicanos, a través de sus representantes en el Congreso, y bajo la protección del Poder Judicial, se han dado.
El presidente en funciones, al igual que sus antecesores, está obligado legal y moralmente, a mirar hacia la Carta Magna y hacia las leyes que de ella emanan, tal como reza el juramento de su toma de posesión.
¿Cómo se atreve AMLO a buscar pasar por encima de la Constitución? ¿Se siente acaso Luis XIV o algún déspota ilustrado del siglo XVIII? ¿Acaso la Ley de Transparencia no forma parte de las norma jurídicas que emanan de la Ley Fundamental y que, por tanto, él mismo juró guardar el 1 de diciembre? ¿Cómo puede el presidente buscar erigirse en monarca absoluto?
A la luz de estos desafortunados sucesos, se puede apuntar hacia la idea incontrovertible que cualquier presidente, dentro de un auténtico régimen democrático liberal, habría sido llevado a juicio político, en donde el Poder Legislativo habría depuesto al jefe del Ejecutivo por violación a su juramento y al orden constitucional.
Sin embargo, en México se antoja como una lejana idea que difícilmente podría ser considerada mínimamente cercana a una hipotética realidad. La fortísima tradición presidencialista, la composición de las Cámaras, la ciega lealtad de los legisladores al presidente y la captura de algunos miembros de la Suprema Corte, sumado a la vaguedad de la letra constitucional, hacen imposible en los hechos que el jefe del Ejecutivo sea llevado ante la justicia parlamentaria.
En contraste, frente a las elecciones del próximo junio, México tiene ante sí a un presidente rabioso, soberbio, injerencista, violador de la Constitución y dispuesto a hacer uso de todo el poder presidencial -legal e ilegal- para imponer su voluntad a una nación que está en peligro de perder sus libertades electorales.
