El nuevo régimen de López Obrador tendrá que esperar

Hace unas semanas, adelantaba en este espacio que las reformas constitucionales presentadas este 5 de febrero de 2024 además de brindar un discurso electoral, serían la base de un nuevo régimen constitucional que, sin crear una nueva Constitución, si podría alterar de facto toda la estructura democrática, diseño institucional de pesos y contrapesos, así como endurecer el presidencialismo.

Antes de entrar a profundidad de las que cambian radicalmente el modelo democrático como el recorte de 500 a 300 diputaciones federales y eliminación de organismos electorales, es importante destacar que no existen condiciones de tiempo ni de votos en las Cámaras como para que varias de estas reformas pudieran materializarse en tiempos del presidente Andrés Manuel López Obrador. Probablemente, de las 20 reformas presentadas, tan sólo podrían avanzar la de pensiones con bastantes cuestionamientos sobre la manera de financiarse y mantenerse viable y aquellas que constituyen buenos deseos, como la de prohibir el maltrato animal, reconocer a los grupos y pueblos indígenas y afromexicano como sujetos de derecho público, asegurar el acceso a salud gratuita a todas y todos los mexicanos (que prácticamente será letra muerta como aquella mención del derecho al agua).

Dicho lo anterior, las bases del nuevo régimen será lo que se presente en la boleta electoral. Prácticamente, el llamado Plan C guardará dos misiones: lograr mayorías para garantizar la aprobación de varias de estas reformas en el próximo sexenio y proscribir de qué tratará el Gobierno que, según las encuestas, estará encabezado por Claudia Sheinbaum.

El paquete de reformas es una granada de frágil tacto. No por su inviable aprobación en lo que resta de la legislatura sino por el dilema en que la primera mujer presidenta se encontraría: impulsar, operar e implementar reformas con viabilidad corta que implican forzosamente generar más recursos para el Estado, sea mediante una reforma fiscal aún más agresiva o mediante deuda contra la oportunidad de implementar otro tipo de proyecto, uno propio o al menos, apegado a esas ideas que se recogen en los ejercicios como “Diálogos por la Transformación”.

Tres cosas tendrían que preocuparnos del nuevo régimen hiper-presidencial que ansía el presidente:

Las reformas constitucionales, una vez aprobadas, no dejan espacio a la promoción de amparos ni recursos de ningún tipo. Es decir que, en caso de aprobarse las reformas al Poder Judicial, de un plumazo podría desaparecer absolutamente toda la estructura federal de aquel poder en los términos de los artículos transitorios de la reforma. O sea, que personas trabajadoras del Estado dejarían de tener aquellos encargos.La democracia cuesta dinero e implica representatividad. Disminuir el número de representantes populares, regidores y servidores públicos en nombre de la austeridad, así como acortar el financiamiento público y legal implica, por una parte, que la visión acerca de sus funciones simplemente es legitimadora de los designios presidenciales, que su papel sería el de levantar la mano y no el de acercar agendas ciudadanas diversas y adecuar el derecho a los nuevos retos. La simple aspiración a ello tendría que redoblar los esfuerzos por politizar al pueblo, misión casi imposible si tomamos en cuenta que, por culpa de la clase política corrupta, la gente anhela que haya menos políticos y que tengan menos dinero, aunque eso implique alejarse de modelos de participación ciudadana.La nula tolerancia a la crítica o a disentir. Ni los analistas, representantes y opositores se atreven a reconocer la crisis en el sistema de justicia y la necesidad de perfeccionar el Poder Judicial, así como otros aspectos; ni los oficialistas aceptan crítica o cuestionamiento. Si quiera, el apoyo parcial a las reformas. A pesar de que el PRI anticipó que acompañaría la reforma en materia de pensiones, las instrucciones por “no mover ni una coma” dejan fuera debates urgentes como la necesidad de una reforma judicial feminista que equilibre las relaciones de poder cuando se trata de juzgadores que abusan de mujeres y aprovechan el aparato de justicia para despojar de todo a ellas.

Si bien, el ideal presidencial es que dichas reformas sean el centro del debate, el análisis de las dinámicas de poder tendría que dar un paso atrás. El mensaje no es de una República sino de una distancia con todos los poderes, incluyendo el legislativo.

La caja envenenada podría explotar en quien tenga que sostener presupuestal, administrativa, financiera y organizacionalmente la mitad de estas reformas.

Ojo. Aun cuando el modelo de seguridad capitalino fortaleció a la policía, la reforma que incorpora la Guardia Nacional a la Sedena desconoce totalmente la estrategia de Claudia Sheinbaum en esta materia. ¿Y qué pasará si llega el día en que la izquierda deje de gobernar con todo el poder, facultades y herramientas que ya están en manos del ejército? Para ser reformas con visión al futuro, hay mucha mano que se va a quedar corta. La de la primera presidenta, por ejemplo.

Frida Gómez en X: @ifridaita