La encuesta

Como no favorecen a su candidata, Héctor Aguilar Camín suele cuestionar en sus columnas de Milenio a las encuestas que se publican en nuestro país. Ayer, dijo que han involucionado, esto es, que van para atrás.

Para demostrar la crisis de las encuestas, Aguilar Camín citó un articulo de Alejandro Moreno, de El Financiero. Este, uno de los mejores encuestadores de México, en su texto del pasado 20 de octubre listó “los cambios técnicos, informativos, políticos y comerciales que han creado esta plaga de encuestas, su disparidad loca de datos, y su uso como cocinas de arroz cocido”.

¿El arroz ya se coció? Según Aguilar Camín, existe un plan perverso en la difusión de encuestas: convencer a la gente de que la candidata de Morena va tan adelante que no podrá ser alcanzada por la abanderada del frente PRI, PAN, PRD.

Cocido o crudo el arroz, lo cierto es que todas las encuestas serias dan grandísimas ventajas a Claudia Sheinbaum sobre Xóchitl Gálvez.

Ubicaré al encuestador favorito de Aguilar Camín antes de comentar el estudio demoscópico más reciente —he hablado aquí de todos los que circulan en medios o redes—.

En la pasada contienda electoral del Estado de México —en la que Delfina Gómez superó por 8 puntos porcentuales a Alejandra del Moral—, la encuesta de Alejandro Moreno estuvo lejos de ser la más precisa.

Las mejores fueron la de MetricsMx, de SDPNoticias, y la de Reforma —una de las últimas que hizo Lorena Becerra—. En tercer lugar quedó la de Poligrama, de El Heraldo de México; en cuarto la de Moreno, de El Financiero, y en quinto la de Enkoll, de El Universal. Sí, Alejandro Moreno es uno de los mejores encuestadores, pero no el mejor.

Enseguida otra encuesta en la que Claudia arrasa, la de Electoralia, que publica en su página de internet. Aquí los resultados del estudio realizado del 19 al 23 de octubre de 2023; su metodología “combina entrevistas telefónicas y en redes sociales”, fue 2 mil 500 casos, con un nivel de confianza de 95 % y un error máximo de +- 1.96 %.

Juan Pablo II a desembolar a la SCJN y a AMLO

En castellano no encuentro la palabra desembolar. En portugués, sí. Significa: “Retirar o perder las bolas que pueden doler”.

Ni duda cabe: en más de un sentido es un asunto de bolas la disputa entre los poderes ejecutivo y judicial —el legislativo no importa, ya que en todo obedece al presidente—.

Cada vez que hay un tema polémico se hacen bolas el presidente López Obrador y quienes integran la Suprema Corte de Justicia de la Nación.

Y, cuando las cosas llegan al terreno de las controversias constitucionales, si estas se resuelven en contra de los proyectos de Palacio Nacional, el presidente y la corte suprema terminan agarrándose muy fuertemente de las bolas, algo dolorísimo.

Entonces, urge desembolar las relaciones entre los poderes ejecutivo y judicial. Quien los desembole —diría el rey de Parangaricutirimicuaro— un gran desembolador será.

Es muy seria la agarrada de bolas actual a propósito de los fideicomisos del poder judicial. Propongo, entonces, a un desembolador de primer orden, Juan Pablo II, quien como pontífice varias veces visitó México y algo aprendió acerca de cómo somos por acá.

Embolados apretándose las bolas en el laberinto de la controversia constitucional que nadie deseaba

Así están las siguientes personas pugilistas:

√ En esta esquina, de 69 años de edad, el presidente Andrés Manuel López Obrador.

√ En la otra esquina, de la SCJN:

Ana Margarita Ríos Farjat, de 50 años.Alfredo Gutiérrez Ortiz Mena, de 54 años.Yasmín Esquivel Mossa, de 60 años.Jorge Mario Pardo Rebolledo, de 61 años.Alberto Gelacio Pérez Dayán, de 62 años.Norma Lucía Piña Hernández, de 63 años.Javier Laynez Potisek, de 64 años.Arturo Fernando Zaldívar Lelo de Larrea, de 64 años.Loretta Ortiz Ahl, de 68 años.Luis María Aguilar Morales, de 73 años.Juan Luis González Alcántara Carrancá , de 74 años.

He subrayado sus edades para dejar en claro que ya no están para pleitos de malosillos de secundaria. Pero podría haber un pleitazo, terrible para México, si no se encontrara una fórmula para resolver la controversia constitucional que pronto veremos por los fideicomisos que afectan a trabajadores y trabajadoras de la judicatura.

Ricardo Monreal lo explicó bastante bien, aunque propuso una salida de muy largo plazo. Veamos.

‘Viene un diferendo histórico y memorable” entre poderes.‘Si el próximo presupuesto de egresos de la federación genera una controversia con el Poder Judicial, debería resolverse en última instancia por una consulta ciudadana, para que el pueblo determine a quién asiste la razón’.El problema es que el poder legislativo ya eliminó fideicomisos del poder judicial por 15 mil millones de pesos.Para solucionar estos desencuentros, la Constitución prevé la controversia constitucional o la acción de inconstitucionalidad ante la SCJN.Llegará el asunto a la corte suprema porque, dice Monreal, lo más probable es que ‘el 33% de legisladores federales de oposición se junten y activen la acción de inconstitucionalidad’.‘Pero aquí inicia un problema constitucional mayor, porque quien va a resolver esta situación inconstitucional que afecta al poder judicial es el mismo poder judicial, es decir, los ministros que se consideran afectados’.Como cualquier persona juzgadora que tiene interés en el caso a analizar, lo aconsejable es que ministros y ministras se abstengan de intervenir.Lo mejor sería dejar la decisión a la voluntad mayoritaria del pueblo mediante una consulta.

Buena idea la consulta popular, pero puede tardar años en organizarse. ¿Qué hacer mientras tanto?

Como hay sospechas fundadas de parcialidad de ministros y ministras, se les pedirá abstenerse de juzgar el tema de los fideicomisos.

Pero, en el actual problema, hay un principio del derecho —que, veremos, también es del catecismo católico— que obliga a ministros y ministras a intervenir: el de la legítima defensa.

Sería mucho pedir exigir a ministros y ministras solo preguntarse, como la gente que buscaba al Chapulín Colorado: ¿Y ahora quién podrá defendernos?

La consulta popular es buena idea. También es legal. Pero no es sencillo organizarla. Deben participar en el diseño del ejercicio actores políticos que batallan para dialogar. Se necesitarán años para llegar a un acuerdo acerca de cómo hacer la consulta con ganas de solucionar el problema y no de agravarlo.

Karol Józef Wojtyła como mediador

En su Encíclica Evangelium Vitae, del 25 de Marzo de 1995, el entonces papa Juan Pablo II definió la legítima defensa:

‘Hay situaciones en las que aparecen como una verdadera paradoja los valores propuestos por la ley de Dios’.‘Es el caso, por ejemplo, de la legítima defensa’.En ese caso, ‘el derecho a proteger la propia vida y el deber de no dañar la del otro resultan, en concreto, difícilmente conciliables’.¿Que nadie ha amenazado con matar a trabajadores y trabajadoras del poder judicial? Es verdad, pero para muchas personas puede ser inclusive peor perder prestaciones básicas para una vida familiar digna —como la ayuda en enfermedades graves—.¿Que si los fideicomisos no se extinguieran entonces se causaría un daño a quienes se beneficiarían de programas sociales a los que la 4T destinaría los recursos? Es correcto, pero trabajadores y trabajadoras del poder judicial no tienen por qué pagar con sufrimiento laboral el aumento en bienestar de la gente pobre.Como dijo san Juan Pablo II: El deber de cada persona de amarse a sí misma no menos que a las otras personas es “la base de un verdadero derecho a la propia defensa”.Juan Pablo en su encíclica citó el Catecismo de la iglesia católica:“La legítima defensa puede ser no solamente un derecho, sino un deber grave para el que es responsable de la vida de otro, del bien común de la familia o de la sociedad”.En el catecismo hay reflexiones de Tomás de Aquino que vienen al caso:Si la legítima defensa protege a una parte —base trabajadora del poder judicial— y daña a la gente que necesita los programas sociales, se debe a que “nada impide que un solo acto tenga dos efectos, de los que uno sólo es querido, sin embargo el otro está más allá de la intención”.

Santa suspensión

Del laberinto de los fideicomisos saldrán la SCJN y AMLO solo con una consulta popular. Pero, mientras se organiza adecuadamente, por un deber de legitima defensa de la judicatura en la que trabajan, ministros y ministras deberán suspender lo que ha hecho el poder legislativo y dejar los fideicomisos donde estaban.

El pueblo es el verdadero poder: ya la gente decidirá si los fideicomisos deben mantenerse o no. Pero, por lo pronto, no es ético perjudicar a trabajadores y trabajadoras que sienten amenazadas sus prestaciones laborales.

Una suspensión tan larga aportará lo más valioso en términos de resolver un conflicto: tiempo. Varios meses de paz obrarán el milagro de que el genial Obrador deje ya de hacerse bolas con la SCJN… y de que ambas partes dejen de lastimarse las pelotas, que las tendrán tan grandes y fuertes como presuman, pero que a las tantas se les van a desinflar.