Criminalidad de fin de año. El modelo Bukele y la “dictadura soberana” inviable para México. Parte II y última

Es necesario abrevar en los clásicos de la ciencia política para clarificar nuestras concepciones y enfoques, nuestras crónicas, análisis y propuestas. En nuestra entrega anterior, dimos cuenta conceptualmente de la oleada criminal de fin de año, al suscitarse cuatro eventos de acción delictiva relativos al crimen transnacional organizado, un ataque en cuatro distintos estados de la república, sobre los cuales establecimos con toda claridad nuestra visión con algunos de los grandes pendientes en esta materia (reforma a la inteligencia nacional, al poder judicial, la unificación del modelo de seguridad en todo el país, la política criminal, nuevos recursos tecnológicos, la política anticorrupción y la transversalidad de tales políticas públicas articuladas por la política del bienestar como el objetivo prioritario del Estado) que -desde nuestra perspectiva- al no concretarse y articularse orgánicamente han impedido una mayor efectividad en el combate a la inseguridad. Tendría que haberse creado una coordinación general de políticas públicas.

Ahora sabemos que no fueron solamente cuatro eventos, sino más: eventos de alto impacto y costo social, hacia la finalización del año 2023, Estado de México, Guanajuato, Tabasco, Jalisco, Michoacán, Nuevo León, Oaxaca, Chihuahua, Guerrero y Morelos (estados gobernados por el PAN y por Morena), de acuerdo a la información que emitió la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) y dada a conocer por INFOBAE (Martínez, Rubí, 26 de diciembre 2023). En tales eventos, sumaron 65 asesinatos, lo que configura una verdadera ofensiva de la criminalidad contra la sociedad y el gobierno mexicano en días de festejos decembrinos, que eclipsan los importantes logros económicos de esta administración de la “transformación nacional”. ¿Están dando la despedida anticipada al gobierno del presidente AMLO y exhibiendo las limitaciones de su política de combate a la criminalidad?

Decíamos que una política de seguridad y combate a la criminalidad tan vulnerada, es muy difícil de defender como modelo exitoso, aunque sin duda hemos tenido avances importantes, decíamos también, “notoriamente insuficientes”, lo que puede generalizar la percepción de fracaso en esta materia y abrir la puerta a las voces más autoritarias que quieren volver a la política del “calderonismo” dictada desde el norte de la región, “la guerra contra las drogas” como único componente público. El modelo Nayib Bukele suena entonces muy atractivo, un gobierno de “dictadura soberana” al decir de Carl Schmitt, satisfactoria para la desesperación ciudadana y para una ultraderecha que desprecia y combate la democracia real, auténtica.

La envergadura de los grandes pendientes debe ser considerada desde ya, por la candidata presidencial del partido Morena y que lidera desde hace tiempo y al momento, las preferencias ciudadanas, la Dra. Claudia Sheinbaum: tenemos que ir a un ajuste importante de la estrategia actual basada en el principio de un nuevo paradigma concebido, aunque no consumado, teniendo como ejes estratégicos la política de bienestar social orientada hacia la pacificación y el combate a la corrupción de Estado.

El presidente AMLO caracterizado por una amplia sensibilidad política, honestidad personal, en una actitud autocrítica, debía iniciar el tránsito hacia este “paquete de reformas” pendientes que amplíe la perspectiva hacia una política mucho más exitosa. Su gobierno sentó las bases de una nueva concepción que debe ser avanzada y complementada para ir hacia una nueva eficacia pública.

Han vuelto las masacres hacia fin de año, un signo inequívoco de descontrol e ineficacia de la política de seguridad y contención de la violencia. Pero no “han vuelto”, sino que no han dejado de estar presentes a lo largo de todo el año 2023: la organización “Causa Común” reveló la información por ellos acopiada, en el sentido que durante 2023 se produjeron “355 masacres”, definidas como “la muerte de tres o más personas en un mismo evento, con un alto grado de saña y crueldad”. Sería importante también conocer y discutir las propuestas de “Causa Común” sobre este gravísimo problema dadas a conocer conjuntamente con estos datos terribles. Los estados más violentos: Guanajuato, Guerrero, Zacatecas y Chihuahua. El primero y el cuarto, gobernados por el PAN, el segundo y tercero, gobernados por Morena. (El Imparcial, 26 de diciembre, 2023) Estamos frente a un agudo problema estructural, no coyuntural. Tampoco olvidarlo.

Pero aquí la gran evidencia es que ninguno ha encontrado el modelo de combate adecuado para disminuir eficazmente la violencia criminal y de todo tipo, que azota a sus estados. En una perspectiva republicana deben buscar estas fuerzas políticas coincidencias para llegar en algún momento a una convergencia estratégica.

México tiene que ir, con sus líderes más lúcidos, a un compromiso de Estado entre sus fuerzas políticas aunque no se soporten entre muchos, y haya “impresentables” en distintos casos, la seguridad interior es un tema del Estado, no de lucha facciosa entre partidos políticos, por ello, se deben abordar las grandes reformas pendientes con una visión de Estado, o no funcionará la seguridad en México como necesitamos que lo haga, y llegaremos en algún momento a la “dictadura soberana” (llamada así porque el ejecutor es investido de “poderes de excepcionalidad”, pero soberanos), con un dictador que tenga facultades para suprimir el orden constitucional, de por sí muy vulnerado, y establecer en forma prolongada el “Estado de excepción” desarrollando a placer “la guerra interna”.

Ello se contrapone radical y brutalmente a la historia de las luchas democráticas de nuestra sociedad nacional, de tantos generosos líderes que han ofrendado lo mejor de sí por el ideal democrático para México, por ello, no es deseable volver al despotismo presidencialista de los años 50, 60 y 70 (llamada por Mario Vargas Llosa la “dictadura perfecta”), es decir, al presidencialismo de la “guerra sucia”, ni tampoco al “presidencialismo simulador y corrupto” de las casi dos primeras décadas de este siglo. Ninguno de tales tipos de régimen político es opción para el México de hoy y ni para preservar en la lucha por la democracia auténtica.

Además, la amplitud y fuerza de las organizaciones criminales en México, de carácter transnacional, con decenas de aliados criminales locales y regionales, pensando en un modelo Bukele, presagiaría un baño de sangre por lo menos para un próximo lustro, que retro traería históricamente la tan buscada “democracia mexicana” a los tiempos de la “dictadura delahuertista”, o de “los crímenes patrióticos” (Trueba Urbina), aunque ahora, con un enemigo distinto, pero con los mismos métodos políticos y aplastando las instituciones en las que los mexicanos, con mucho esfuerzo, hemos avanzado. Porque como afirmamos en nuestra columna anterior, en la versión de la “dictadura soberana” o “dictadura ejecutiva” (Maquiavelo, Bodino, Rosseau), subyace sigilosamente, pero con toda la fuerza de los cuerpos armados del Estado desbocados en su función represiva, la “dictadura clásica” de la “era de las tiranías” (E. Hálevy), cuando la “excepción” se vuelve “normalidad” y la “temporalidad”, “permanencia”.

Vamos a un compromiso de Estado para los próximos dos sexenios, construyendo una política también de Estado para la seguridad interior, respetando las instituciones democráticas logradas, los avances obtenidos y reforzándolos en medio de esta tremenda problemática criminal. Ello no debe nublar nuestras convicciones por la democracia plural, auténtica y participativa.

Para ello requerimos que el presidente AMLO, como gobernante probo y político de gran experiencia, acepte la necesidad del ajuste adelantado en la estrategia actual, de seguridad e inicie la transición hacia las grandes reformas pendientes que consoliden con fuerza el nuevo paradigma que él empezó a cimentar, y que la Dra. Claudia Sheinbaum y su equipo deberá afianzar, para recuperar la seguridad y hacer más exitoso el combate institucional, político, social y cultural contra la criminalidad transnacional, que incluye a las “mafias de Estado” de “cuello blanco”.

Cualquier otro camino parecería ser producto de la desesperación y, por tanto, un salto al vacío. O bien, de la estéril perseverancia en el faccionalismo partidista, que traiciona, al dar la espalda, a la urgentísima demanda ciudadana de mucho mayor seguridad en sus territorios, en sus instituciones públicas, en sus familias, sus vidas y sus bienes, y en el combate a quienes se empeñan en impedir la restauración plena del hoy tan vapuleado orden social constitucional, sin recurrir a la “dictadura ejecutiva”, ni a modelos que ignoran las luchas históricas por la democracia auténtica y las conquistas en esa ruta.

Todo lo anterior lo sostengo a pesar de saber que los gobernantes poco caso hacen a las tesis desde la ciudadanía ilustrada, crítica, pero constructiva y propositiva.