El precio de insistir
En la última semana supimos de tres casos que juntos, dibujan el mapa de la violencia contra las mujeres en este país, en latitudes distintas y dimensiones de poder que no discriminan… Primero el asesinato de Patricia Negrete, madre buscadora; después la confirmación de que la desaparición forzada de Roxana Guzmán, periodista de Veracruz, fue perpetrada por policías municipales; y finalmente, la denuncia pública de María Felicia Jiménez contra su esposo, el exdirector de Pemex, Víctor Rodríguez Padilla. Tres mujeres. Tres formas distintas de ejercer poder sobre los cuerpos femeninos, mujeres entre las que con todo y distintas condiciones, ni la educación o el privilegio dieron tregua. Una sola gramática concentrada en el silencio como destino. De las tres, solo una vive.
La apuesta es una pedagogía del miedo. Patricia Negrete Tafoya fue asesinada la noche del 23 de junio cuando salía de su trabajo en el Hospital Regional de Pénjamo, Guanajuato, atacada por sujetos armados que la interceptaron en motocicleta sobre el bulevar Santos Degollado. Se había unido a las brigadas de búsqueda en 2021, tras la desaparición de su hermana, Laura Angélica Negrete Tafoya, ocurrida el 5 de enero de ese mismo año. Buscaba a su hermana mientras hacía su turno de intendencia en un hospital. Así de sencilla era su vida. Así de amenazante resultó para quienes operan la violencia organizada.
Patricia es la cuarta defensora buscadora asesinada en Guanajuato en 2026, y la quinta en México en lo que va del año. La tendencia es preocupante pues de 2010 a 2025, en México fueron asesinadas al menos 22 buscadoras, y el 21% de los casos se registró en Guanajuato. Su colectivo, “Una Promesa por Cumplir”, ya había pagado antes con Teresa Magueyal, también integrante del grupo, quien fue atacada a balazos en mayo de 2023 en San Miguel Octopan, Celaya, mientras circulaba en bicicleta.
El patrón es sistemático y el Estado lo sabe pero no es capaz de proteger o garantizar la seguridad y menos la certeza de buscar o poder encontrar. En mayo, Patricia Acosta Rangel, su hija Citlali Jáuregui Acosta y Cecilia García Ramblas, todas vinculadas a colectivos de búsqueda, también fueron asesinadas en Guanajuato en los meses previos. Hay que nombrarlo con todas sus letras pues asesinar buscadoras es una estrategia de terror que tiene por objetivo exterminar la memoria organizada, desincentivar la denuncia pública y también la legal. Es decirle a cada familia que busca que el precio de insistir es la vida.
El caso de Roxana Berenice Guzmán Ramírez, directora de Pulso Informativo del Sureste, añade otro nivel de perversión institucional. Se puede llamar secuestro a la privación ilegal de la voluntad entre particulares, pero la participación de cualquier autoridad lo convierte en desaparición forzada y México tiene condenas internacionales por eso, como el caso Rosendo Radilla Pacheco y otros. El 2 de junio, un grupo de hombres armados irrumpió violentamente en su domicilio en Nanchital, al sur de Veracruz. Lo que quedó registrado en video fue suficiente para entender que no se trató de un crimen al margen del Estado pues el comandante y tres elementos de la policía municipal de Ixhuatlán del Sureste fueron detenidos el 26 de junio, señalados como presuntos implicados en su privación de la libertad. Un supuesto miembro del crimen informó que había sido asesinada y dio seña del lugar donde quedó el cuerpo. El crimen, como brazo operativo del Estado, fue el que brindó la “certeza” de lo sucedido.
Roxana no era una periodista que hubiera pasado desapercibida ya que justo investigaba esa relación crimen-gobierno. Reporteros Sin Fronteras ubicó a México como la segunda nación más letal para la prensa en 2025, solo después de Palestina. Ese año fueron asesinados 9 periodistas en el país, la cifra más alta en tres años y México ocupó el segundo lugar mundial en desapariciones de comunicadores, con 28 casos. En ese contexto, una periodista que regresa a una entidad de la que ya había huido en 2017, lo hace porque cree que puede ejercer su trabajo. La traición de las instituciones que debían protegerla es doblemente atroz.
El tercer caso tiene la particularidad de romper con la narrativa que ubica la violencia de género como fenómeno que sufren solo un tipo de mujer. La doctora María Felicia Jiménez, investigadora en física nuclear, hizo pública una grabación del 15 de marzo de 2026 en la que se ve a Víctor Rodríguez Padilla, ex-director general de Pemex, empujarla y golpearla frente a su hijo de cinco años. Según narró la propia Jiménez, los episodios de violencia comenzaron alrededor de 2022 y fueron escalando hasta alcanzar agresiones físicas graves, mientras el nombramiento como director de Pemex transformó radicalmente el carácter del agresor. El poder no transforma a las personas, más bien las va revelando en su naturaleza más pura y escondida, esa que emerge cuando no necesitan complacer o convencer.
La agresión documentada en video ocurrió mientras Rodríguez Padilla aún era titular de Pemex y ahora es pública. Su sucesor inmediato fue el INEEL, cargo del que anunció su separación voluntaria horas después de que el video se viralizara. Había violencia vicaria de por medio pues si bien, este caso desnuda la violencia de un hombre, también exhibe la impunidad del cargo. La Dra. Jiménez señaló que su condición de migrante generó una relación de poder desigual que fue utilizada para amenazarla y someterla, y que por eso no ha presentado denuncia formal: “Es ir a un Ministerio Público, fuera de mi país. Sí da miedo, da temor porque a veces la justicia no es como uno quisiera”. Un doctorado en física nuclear no alcanza para escapar de la violencia cuando el agresor lleva escoltas armadas asignadas por el erario. El poder institucional fue también arma. El ex funcionario que ha presumido cercanía con la presidenta ya había amenazado a María Felicia de quitarle a su hijito y hacer que la deportaran.
Rodríguez Padilla, tras la difusión del video, pidió “discreción y prudencia” para no afectar a sus hijos, sin negar los hechos y aún con cinismo, dijo que apelaría a su presunción de inocencia. La respuesta institucional llegó por separado: la Secretaría de las Mujeres condenó el acto y exigió que la denuncia sea investigada con perspectiva de género “y sin permitir impunidad”, aunque la autoridad competente es la Fiscalía y el Poder Judicial.
Todo esto ocurrió mientras los ojos del país miraban la Copa del Mundo. La distracción masiva es una condición política deliberadamente aprovechada. Los feminicidios, las desapariciones forzadas y la violencia de los poderosos no cesan cuando hay un partido pero tienen una visibilidad distinta y provocan menor indignación porque el júbilo de las masas se concentra en las canchas. Cesan de ser noticia.
Tres mujeres. Tres tipos de poder que las violentaron. El crimen organizado que castiga a quien busca, el Estado que desaparece a quien incomoda, y el funcionario que golpea a quien tiene al lado. La violencia de género no tiene un solo rostro ni un solo origen. Traversa clases, instituciones y cargos. Por eso nombrarlo importa. Por eso esta columna existe.
