El movimiento magisterial, la USICAMM y el patíbulo

La Unidad del Sistema para la Carrera de las Maestras y los Maestros (USICAMM) es el organismo de la Secretaría de Educación Pública (SEP) encargado de los procesos de admisión, promoción (vertical y horizontal) y reconocimientos para docentes, directivos escolares y asesores técnicos de los subsistemas de educación básica y media superior en México. Es una unidad establecida en la Ley del Sistema para la Carrera de las Maestras y los Maestros (LGSICAMM, 2019). Dicho ordenamiento jurídico sustituyó a la Ley General del Servicio Profesional Docente (LGSPD) establecida durante la reforma educativa del sexenio de Enrique Peña Nieto, en 2013.

Mario Delgado, actual secretario de Educación Pública (SEP), del gobierno federal, ha dicho en días recientes que, en las mesas de negociaciones con las y los dirigentes de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE), -fuerza sindical disidente del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE)-, les ha ofrecido la desaparición de la USICAMM (por cierto, es “la” USICAMM, no “el” USICAMM). Sin embargo, esa no es la demanda principal de las y los trabajadores educativos en lucha, sino una reforma profunda, sustantiva y justa del régimen de pensiones (Ley del ISSSTE de 2007).

Por tratarse de un asunto de interés público, abordaré brevemente la problemática de la unidad antes mencionada.

Una de las principales críticas que he planteado sobre la pertinencia o no de la USICAMM está enfocada en tres factores: su diseño institucional, su operación y sus efectos sociales. Es decir, existen problemas estructurales.

Me explico: ya en otras oportunidades he comentado que el problema principal de la USICAMM no radica en las personas que la dirigen, sino en el marco legal que fue construido para ésta, así como en sus atribuciones legales y en el diseño institucional que le dio origen, porque de manera similar al SPD (2013-2018), los cambios superficiales institucionales (de personas) que se han verificado en la unidad no han podido resolver los problemas de fondo.

Por lo anterior, considero que esa dependencia oficial de la SEP requiere de transformaciones estructurales, legales e institucionales; e incluso en alguna ocasión me manifesté, sin rodeos, a favor de la eventual desaparición de la unidad. Ese mismo discurso sobre su “eventual desaparición”, fue adoptado por la doctora Claudia Sheinbaum durante el mensaje que dio, en 2024, exactamente el día en que recibió la constancia de mayoría como ganadora de la contienda electoral de ese año. Han pasado dos años y esa promesa sigue incumplida, sin embargo, la USICAMM ya está prácticamente colocada en el patíbulo. Su caminar por ahí es inminente. (en 2026 o 2027).

Otros problemas señalados desde entonces (2021-2024) sobre dicha unidad administrativa creada en 2019, que ha sido centralizadora de los procesos de admisión, promoción y reconocimiento de docentes de la escuela pública, son las prácticas recurrentes de exclusión, burocratismo y discriminación.

Las maestras y los maestros de educación básica han acusado a la unidad, en particular y de manera constante, de llevar a cabo prácticas de exclusión o de discriminación hacia docentes y directivos escolares con amplia experiencia en escuelas públicas, y a egresados de instituciones distintas a las escuelas normales (ej. UNAM, UPN, posgrados en general no normalistas).

También, se han registrado quejas debido a rechazos injustificados de aspirantes por “detalles burocráticos de forma, más que de conocimientos y experiencia de las y los aspirantes” (y contradicciones en los catálogos de los perfiles de los concursos), a pesar de que éstos acrediten amplia experiencia, diplomados de nivelación SEP y diversos “méritos” profesionales.

No solamente se ha denunciado trato discriminatorio, sino también actos de arrogancia, opacidad, tiempos desfasados, sesgos metodológicos en las evaluaciones y burocratismo en el personal que colabora en dicha unidad. Además, se han señalado prácticas corporativistas, clientelismo y falta de reconocimiento al trabajo real y cotidiano que realizan las y los docentes. Así mismo, hay continuidad de las prácticas de “compadrazgo” y nepotismo (entre autoridades educativas estatales, dirigentes de secciones del SNTE y funcionarios de la USICAMM).

En la USICAMM, la lógica “meritocrática individualizante” prevalece y sirve como mecanismo de contención salarial más que de verdadero impulso a la profesionalización del magisterio. A ello hay que agregar la crítica a las prácticas de evaluación estandarizadas y centralizadas, en las cuales se registra una enorme desconfianza hacia el trabajo docente: los exámenes individuales para promociones horizontales y verticales se realizan a través de medios tecnológicos en un clima de amenazas, alto estrés y presiones burocráticas absurdas hacia las y los participantes.

La USICAMM opera con un alto presupuesto anual (alrededor de mil millones de pesos, que es similar al presupuesto de la Universidad Pedagógica Nacional, UPN, y superior al de El Colegio de México en algunos rubros), que en parte se destina a cubrir nóminas de funcionarios de la “clase dorada de la SEP”. Al respecto, una pregunta que he planteado es ¿conviene a la nación que siga la misma situación o esos recursos deberían ir directamente a compensar los bajos salarios de docentes sin filtros meritocráticos?

También se han dado denuncias de comercialización indebida: se han filtrado, como producto de ventas desde la “caja negra”, bases de datos de las y los trabajadores a empresas que venden cursos de “preparación” para concursos (lo cual representa un conjunto de prácticas de “privatización sutil” de la educación).

Entre las propuestas que he formulado durante los últimos años, están las siguientes: 1) crear una Defensoría o un Ombudsman Educativo para asegurar el respeto a los derechos laborales de las maestras y los maestros en procesos de admisión / promoción / reconocimientos; 2) llevar a cabo una revalorización real del magisterio, lo cual significa una formación continua oportuna y pertinente, salarios profesionales y valoración colectiva de los docentes, que participan cotidianamente en cuerpos colegiados o en consejos técnicos escolares (no sólo valorar el trabajo individual); y 3) establecer una nueva generación de comisiones paritarias de promoción entre autoridades y sindicatos, con actores educativos representativos de las y los docentes y directivos escolares que participan en los concursos. Representantes que deben ser elegidos democráticamente y por perfiles profesionales.

Por todo ello, he subrayado la necesidad de alcanzar, institucionalmente, la profesionalización real del magisterio, con criterios de apertura e inclusión en todos estos procesos; y priorizar lo pedagógico-académico sobre lo burocrático-administrativo.

En conclusión, hay críticas severas a la unidad, pero también hay propuestas para su transformación de fondo desde una perspectiva de defensa de los derechos de las maestras y los maestros, así como desde una visión de su desarrollo profesional, donde se tomen en cuenta los conocimientos, las habilidades y las trayectorias o experiencias laborales.

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