Inversiones mixtas: discrecionalidad energética
Uno de los principales argumentos utilizados por la Cuarta Transformación para justificar la demolición de la reforma energética fue que los contratos otorgados en administraciones anteriores estaban marcados por la corrupción, el favoritismo y la entrega del patrimonio nacional a intereses privados. Sin embargo, conforme avanzan los proyectos de inversión mixta impulsados por la Secretaría de Energía y la Comisión Federal de Electricidad, evidencian que el problema nunca fue la participación privada, sino quién controla la asignación de los negocios.
Las convocatorias lanzadas por la Sener y la CFE operan bajo un esquema que concentra amplias facultades en el gobierno, con criterios de evaluación poco transparentes, procesos que se desarrollan con escasa supervisión pública y decisiones finales sujetas a estructuras burocráticas con mínimos mecanismos de rendición de cuentas.
Es decir, el problema no está solamente en la falta de transparencia, sino en el diseño de los contratos, donde los inversionistas privados deben aportar capital, financiamiento, garantías y experiencia técnica, mientras el control estratégico permanece en manos de la CFE; los órganos de gobierno quedan dominados por representantes del Estado y las decisiones fundamentales dependen de la empresa pública.
Además, existe una cláusula particularmente delicada: la posibilidad de terminar anticipadamente la relación contractual bajo criterios asociados a la llamada “seguridad energética”, un concepto ambiguo, de cuya interpretación se encarga la propia autoridad. Una facultad que, para cualquier inversionista serio, introduce un elemento de incertidumbre jurídica.
Los grandes jugadores
Otro aspecto que llama la atención, es que las convocatorias realizadas hasta ahora no han conseguido atraer a algunas de las empresas internacionales con amplia experiencia en generación eléctrica y presencia en México: Sempra, Naturgy, ENGIE, Enel, Acciona, Iberdrola, Mitsui o Valia han permanecido al margen.
Existen razones técnicas para ello. Aunque la meta de incorporar más de 7 mil 400 megawatts de generación es ambiciosa, persiste una interrogante fundamental: la capacidad de la red para absorber esa energía, más considerando que, aunque en distintas regiones existen problemas de saturación del sistema eléctrico nacional, no se observan inversiones equivalentes en transmisión y distribución.
Un riesgo evidente para cualquier inversionista. Se puede construir una planta, pero si la infraestructura de transmisión resulta insuficiente, se compromete la viabilidad financiera del proyecto.
Mientras tanto, ya comienzan a aparecer participantes con menor trayectoria internacional en el sector energético, como fondos de inversión poco conocidos o empresas cuya experiencia resulta ajena, limitada o difícil de identificar.
Capitalismo de cuates
En este contexto, surge un nombre: Grupo Kosmos, encabezado por Jack Landsmanas.
Durante el gobierno de Claudia Sheinbaum en la Ciudad de México, cuando Luz Elena González era secretaria de Administración y Finanzas, empresas vinculadas a este grupo obtuvieron contratos públicos por más de 5 mil 500 millones de pesos para servicios alimentarios, programas sociales y atención a centros penitenciarios.
Posteriormente, el mismo corporativo amplió su presencia en el sector energético mediante contratos relacionados con servicios de alimentación y hotelería para trabajadores de Pemex.
Más adelante el corporativo estableció alianzas con empresas vinculadas a la distribución de combustibles, entre ellas Hidrosina, cuyo propietario, William Jorge Karam Kassab, fue incluido por la Unidad de Inteligencia Financiera en la Lista de Personas Bloqueadas por investigaciones relacionadas con operaciones de huachicol.
Otras investigaciones internacionales han vinculado a empresas del grupo con operaciones de exportación de alimentos a Venezuela a través de esquemas cuestionados por presuntos sobreprecios y por relaciones comerciales indirectas con la red empresarial de Alex Saab.
Cuando los procesos de selección son opacos, los criterios de evaluación permanecen reservados y los participantes carecen del reconocimiento de los grandes actores del sector, aparecen preguntas inevitables sobre los factores que realmente determinan la asignación de los contratos.
Morena prometió acabar con el capitalismo de cuates, las relaciones de privilegio entre empresarios y funcionarios y con la asignación discrecional de contratos públicos.
Pero en el sector energético se configura un esquema donde la cercanía con quienes toman las decisiones parece tener más peso que la experiencia, la competencia o la transparencia.
Resulta irónico que después de años denunciando los excesos del pasado, la 4T siga la ruta de reproducir exactamente aquello que prometió erradicar. Mismo modelo, diferentes beneficiarios.
Revertir la reforma energética para que el acceso a los negocios dependa de la proximidad al poder y no que de la capacidad para competir.
Así no es como se construye una soberanía energética, sino una nueva versión del viejo capitalismo de cuates.
X: @diaz_manuel
