Topolobampo: preservar la naturaleza mexicana es soberanía ambiental
Una empresa alemana busca convertir a México en la sede de la productora de amoníaco más grande de América Latina con técnicas prohibidas en la Unión Europea que conllevan terribles daños al medio ambiente y a la salud.
México vive uno de los conflictos socioambientales más importantes de su historia reciente y pocos lo saben. En la bahía de Ohuira, en Topolobampo, Sinaloa, una filial de la empresa suizo-alemana Proman, Gas y Petroquímica de Occidente (GPO), financiada por el banco alemán KfW IPEX-Bank, construye lo que pretende ser la planta comercial de amoníaco más grande de América Latina: 2,200 toneladas diarias del compuesto, destinadas a mercados agrícolas, farmacéuticos y energéticos. La obra lleva doce años de trámites, una consulta indígena que cuatro comunidades impugnan como fraudulenta, amparos, resoluciones de la Suprema Corte, once relatores especiales de la ONU que enviaron cartas de alerta a tres gobiernos, y más de 135,000 firmas exigiendo su cancelación. Y sin embargo, avanza. Al 88 por ciento de construcción.
El costo no es abstracto. La bahía de Ohuira es un sitio Ramsar, humedal de importancia internacional reconocido por la UNESCO, que alberga delfines, lobos marinos, aves migratorias y los mangles que durante generaciones han sostenido la pesca y la vida ceremonial del pueblo mayo-yoreme. El mapahui fue desmontado y rellenado entre 2014 y 2015. Para cuando las comunidades supieron qué empresa había hecho aquello y con qué fin, el despojo ya era paisaje.
Desde los Países Bajos, donde los bosques no son paisaje sino política, aprendí que la soberanía de un país no se mide únicamente en sus fronteras militares ni en sus tratados comerciales. Se mide, también, en lo que ese país permite que le hagan a su tierra.
Soberanía ambiental significa preservar la tierra por encima de los intereses extractivistas, especialmente sobre aquellos que aprovechan diferencias en las legislaciones que permiten recibir el beneficio y dejar el daño. Algo que no hemos entendido es que la naturaleza es un recurso parecido al tiempo además de un ser vivo. Es parecido al tiempo porque a pesar del frecuente intercambio que se hace de ella por dinero, en realidad nada que se pueda pagar restaura los daños. Especialmente al tratarse de químicos, las consecuencias perduran por generaciones y lo hemos comprobado con catástrofes como Chernobyl.
El punto es donde la soberanía ambiental deja de ser concepto para volverse pregunta ¿qué significa que una empresa europea, con capitales alemanes, desarrolle en territorio mexicano técnicas productivas que estarían sometidas a restricciones mucho más severas en sus países de origen? Europa tiene el Reglamento General de Protección de Datos para los algoritmos y tiene, también, estándares ambientales que hacen inviables ciertos proyectos petroquímicos junto a humedales protegidos. Que esos proyectos migren a México es una arquitectura deliberada que convierte nuestra debilidad regulatoria en ventaja comparativa para el capital transnacional. El jurista italiano Ferrajoli lo llamó con exactitud: no son crímenes de individuos, sino crímenes de sistema. Mecanismos económicos y jurídicos que producen daño estructural sin que nadie pueda ser llevado a juicio por ello.
El pueblo mayo-yoreme, cuyo nombre en su propia lengua significa, entre otras cosas, la gente de la ribera y quienes respetan la tradición, lleva una década resistiendo con los instrumentos que el Estado les ha dado y que el mismo Estado ha saboteado. Obtuvieron un amparo que paralizó las obras.
La Suprema Corte ordenó una consulta indígena. La consulta se amplió para incluir comunidades que no están en el área de impacto directo, y el resultado dividido fue declarado jurídicamente suficiente por un juez federal en 2024. Sus líderes son mujeres en su mayoría y han sido vigiladas, amenazadas y agredidas. Las medidas de protección del Mecanismo Federal existen sobre el papel; el miedo, reportan los relatores de la ONU, persiste en la realidad.
Lo que está en juego en Topolobampo no es únicamente el destino de un ecosistema costero en Sinaloa, aunque eso ya sería suficiente para detener la obra. Lo que está en juego es la pregunta de fondo sobre qué tipo de nación elige ser México. Un territorio disponible para inversiones que los países ricos no toleran en casa, o una república que hace de la protección de sus ecosistemas y sus pueblos originarios una expresión concreta de su independencia.
Soberanía no es solo expulsar embajadores ni renegociar aranceles. Soberanía es también decirle a un banco alemán y a una empresa suiza que la bahía de Ohuira no está en venta. Que el mapahui no es un activo. Que un sitio Ramsar no es un incentivo de inversión y que la autonomía de los pueblos llega hasta que decidan lo que sucede en su territorio porque las consecuencias de los residuos les afectarán directamente.
En este lugar, los bosques tienen derechos consagrados en política pública y los humedales cuentan con protecciones que ningún capital puede eludir, me pregunto cuándo México decidirá que preservar su naturaleza no es un obstáculo al desarrollo, sino la condición de su dignidad como nación soberana.
