Las reformas (necesarias) del periodo extraordinario de sesiones

El calendario no perdona. A escasos días de que venza el plazo del artículo 105 constitucional, el Congreso de la Unión ha sido convocado para este martes 26, a un periodo extraordinario de sesiones para definir la arquitectura institucional rumbo al 2027. En el centro de la escena se encuentra la reforma judicial impulsada por la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo: una pieza clave no solo para ordenar y quitarle presión al proceso electoral más grande de la historia, sino para blindar la legitimidad del sistema político mexicano, en una coyuntura política internacional cada vez más intrusiva.

No es una reforma menor. Es, en esencia, una operación de cirugía mayor sobre el modelo de elección de personas juzgadoras. Y lo es porque parte de un diagnóstico claro: la concurrencia de la elección judicial con la de cargos ejecutivos y legislativos en 2027, amenaza con saturar al sistema, confundir al electorado y multiplicar el litigio poselectoral. Separar “peras y manzanas” —llevar la elección judicial a junio de 2028— no es un capricho técnico, sino una decisión de gobernabilidad democrática.

El dato es contundente: en 2027 estarán en disputa cerca de 18 mil 930 cargos de elección popular, incluyendo los judiciales. Pretender que el electorado procese semejante volumen de decisiones en una sola jornada, no solo es inviable en términos operativos; es riesgoso en términos de legitimidad. La propuesta presidencial introduce racionalidad: tiempos adecuados, boletas comprensibles y, sobre todo, mejores filtros para quienes aspiren a impartir justicia.

Ahí radica otro de sus aciertos: elevar el estándar de las candidaturas judiciales. La iniciativa no se limita a mover fechas; busca depurar perfiles, reducir el número de aspirantes y fortalecer los mecanismos de evaluación.

En un país donde la justicia ha sido históricamente cuestionada, la propuesta de profesionalizar el acceso al cargo judicial no es solo deseable es, además, indispensable.

Pero la reforma judicial no navega en aguas tranquilas. Llega en medio de una tormenta política alimentada por la relación con Estados Unidos. La presión del gobierno norteamericano —expresada en episodios como la solicitud de extradición de Rubén Rocha Moya— ha colocado sobre la mesa un tema delicado: la soberanía electoral frente a intereses externos.

Es en este contexto, donde la agenda legislativa se ensancha y adquiere un tono reactivo. La propuesta de crear en el INE, una Comisión de Verificación de Integridad en Candidaturas, coordinada con instancias como la Fiscalía General de la República, la Unidad de Inteligencia Financiera, el Centro Nacional de Inteligencia y la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, apunta a cerrar el paso a perfiles con antecedentes cuestionables. No es una medida coercitiva, porque su aplicación sería voluntaria para partidos y candidaturas independientes, pero sí un mensaje político: la integridad electoral ya no será de aquí en adelante un asunto accesorio.

A la par, el diputado Ricardo Monreal Ávila impulsa iniciativas que buscan tipificar la “intervención extranjera” como una causal de nulidad en el sistema electoral mexicano. La propuesta no es menor. Introduce en la Constitución y en la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación, un catálogo de conductas que van desde el financiamiento ilícito hasta la manipulación digital y la presión diplomática, como causales de nulidad.

Más allá de los reflectores, que inevitablemente atrae a su proyecto político rumbo al lejano 2030, las iniciativas de Monreal revelan una preocupación compartida: el proceso electoral mexicano ya no se juega únicamente dentro de la cancha nacional. La globalización de la información, las campañas digitales y los intereses geopolíticos, han abierto nuevas rutas de injerencia que desafían los marcos jurídicos tradicionales.

El punto de convergencia entre todas estas iniciativas es claro: fortalecer la capacidad del Estado mexicano, para organizar elecciones libres, auténticas y soberanas, considerando la vecindad con un gobierno norteamericano que amenaza con tendencias intrusivas un día sí y el otro también.

Así, la reforma judicial ordena; las medidas de integridad electoral previenen; y la tipificación de la intervención extranjera disuade con su nacionalismo.

Sin embargo, el verdadero desafío está en el tiempo. El artículo 105 constitucional impone una fecha límite inamovible: cualquier cambio en las reglas electorales debe publicarse al menos 90 días antes del inicio del proceso en que se aplicarán. Que se acuerdo al artículo 498 de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, inicia en la primera semana de septiembre próximo. Traducido al calendario político, significa que la primera semana de junio deben quedar publicados los cuatro decretos.

Llegar “al cuarto para las doce” en el parlamento mexicano no es nuevo, pero en esta ocasión el margen de error es mínimo. Lo que está en juego no es solo la viabilidad técnica de una elección monumental, sino la credibilidad de las instituciones frente a una ciudadanía cada vez más exigente y ante un gobierno norteamericano, que presiona con su revitalizada Doctrina Monroe, para elevar los niveles de aprobación de su presidente.

Donald Trump necesita del oxígeno mexicano, para incrementar su nivel de popularidad rumbo a su elección intermedia en noviembre de este año. Los negativos que acarrea su controvertida presidencia, pueden afectar al Partido Republicano en la elección de 435 escaños en la Cámara de Representantes y en los 35 de 100 que estarán en disputa en el Senado.

Finalmente, en un país en donde las reglas del juego electoral, han sido históricamente el campo de batalla política, lo que se decida en este periodo extraordinario de sesiones, marcará la pauta más allá del 2027. Porque, al final, no se trata solo de reformar leyes. Se trata de preservar la capacidad del Estado mexicano para decidir su propio destino.