El dinero que ya empezó a oler mal

“El dinero es como un sexto sentido: sin él no puedes usar los otros cinco”.

William Somerset Maugham

“Los Estados modernos ya no solo persiguen criminales; persiguen flujos”.

Saskia Sassen

La discusión sobre el nuevo decreto financiero impulsado por Donald Trump ha sido deliberadamente deformada en México. Desde Palacio Nacional se intenta vender la idea de que Washington declaró una guerra contra las remesas. No exactamente. Y entender la diferencia importa muchísimo.

El decreto no prohíbe enviar dinero a México. Tampoco impone, de entrada, un impuesto generalizado a las remesas familiares. Lo que hace es otra cosa: endurecer los controles financieros para detectar lavado de dinero, triangulación de recursos ilícitos, uso de prestanombres, empresas fachada y transferencias vinculadas con economías criminales. Dicho de otro modo: la prioridad ya no es migratoria; es financiera.

Y ahí empieza el verdadero problema para México.

Porque aunque el decreto no vaya directamente contra las remesas, inevitablemente terminará golpeándolas. Sobre todo, las provenientes de migrantes indocumentados. Quien no pueda acreditar situación legal, número de seguridad social válido, permisos de trabajo o trazabilidad financiera suficiente, entrará automáticamente en una zona de sospecha bancaria. Y en el sistema financiero estadounidense actual, sospecha significa bloqueo, revisión, congelamiento o vigilancia permanente.

La consecuencia práctica será brutal para millones de mexicanos.

Hoy viven en Estados Unidos cerca de 12 millones de mexicanos nacidos en México. Diversas estimaciones calculan que más de 5 millones carecen de estatus migratorio regular. Ese universo es precisamente el que quedará atrapado entre la política antimigratoria y la ofensiva antilavado. No necesariamente porque sean delincuentes, sino porque los sistemas modernos de cumplimiento financiero funcionan bajo una lógica de riesgo agregado: mejor bloquear de más que dejar pasar dinero sospechoso.

Pagarán justos por criminales.

La presidenta Claudia Sheinbaum insiste en que la mayoría de quienes envían remesas tienen documentos legales. Puede ser parcialmente cierto. El problema es que nadie sabe con precisión cuánto del dinero que entra al país proviene de migrantes regularizados, cuánto de indocumentados y cuánto corresponde, en realidad, a operaciones de lavado disfrazadas de remesas familiares. Y ése es exactamente el punto que Washington decidió atacar.

Porque algo hace tiempo dejó de cuadrar.

No cuadran los récords históricos de remesas con la desaceleración migratoria. No cuadran ciertos municipios mexicanos que reciben cantidades gigantescas de dólares pese a no expulsar población. No cuadran los niveles de efectivo circulante en billetes de veinte dólares. No cuadran los incrementos extraordinarios de transferencias en regiones capturadas por el crimen organizado. No cuadran, tampoco, los datos cuando se observa que un migrante suele enviar entre 10 y 15% de sus ingresos, mientras necesita el resto para sobrevivir en Estados Unidos.

Y cuando demasiadas variables dejan de cuadrar, los aparatos financieros del Estado norteamericano empiezan a asumir que parte del flujo tiene origen criminal.

Ahí entra la dimensión verdaderamente delicada de este tema: Estados Unidos ya no está tratando al narcotráfico únicamente como un asunto de seguridad pública. Lo está tratando como una amenaza financiera transnacional. El cambio es enorme. Porque una guerra militar requiere soldados; una guerra financiera requiere bancos, algoritmos, agencias regulatorias y cooperación internacional obligatoria.

Mucho más barata. Mucho más eficaz. Mucho menos visible.

La Casa Blanca lleva años sosteniendo que los sistemas de envío de bajo costo son utilizados por organizaciones criminales para mover dinero. Las investigaciones recientes contra compañías remesadoras por presunto lavado no surgieron de la nada. Este decreto es continuidad de esa estrategia.

Y México entra particularmente vulnerable.

Las remesas representan alrededor de 3.5% del PIB nacional y cerca de 5% del consumo interno. En decenas de regiones son, literalmente, la diferencia entre comer y no comer. En un país sin crecimiento económico robusto, con finanzas públicas presionadas, deuda creciente y un aparato productivo estancado, cualquier reducción importante en remesas tendría efectos inmediatos sobre el consumo, el comercio local y la estabilidad regional.

Por eso resulta tan peligrosa la estrategia negacionista del gobierno mexicano. Porque el problema no desaparece minimizándolo. Al contrario: cada vez que Palacio Nacional insiste en que “no pasa nada”, los mercados entienden exactamente lo contrario.

Y además existe otra bomba silenciosa.

Si el gobierno mexicano insiste en negar posibles operaciones de lavado asociadas a ciertos flujos financieros, Estados Unidos podría endurecer todavía más la vigilancia sobre instituciones bancarias mexicanas. Ya existen señales preocupantes: investigaciones financieras abiertas, presión regulatoria creciente y deterioro en percepciones crediticias. Cuando Washington sospecha que un sistema financiero entero dejó de cooperar suficientemente contra dinero ilícito, la presión deja de ser migratoria y se convierte en sistémica.

Ahí sí no hace falta ninguna “intervención” espectacular. Basta con restringir operaciones, elevar costos regulatorios, dificultar transferencias y contaminar reputacionalmente instituciones financieras completas. En el siglo XXI, los países también pueden ser asfixiados por compliance.

El impacto potencial no es menor. Una caída anual de entre 10 y 20% en remesas provenientes de sectores vulnerables no resulta descabellada bajo escenarios de endurecimiento financiero. Y una reducción de ese tamaño tendría efectos visibles sobre el crecimiento económico mexicano. Especialmente cuando la economía ya prácticamente no crece.

Ésa es la tragedia de fondo: mientras el oficialismo sigue atrapado en la propaganda de soberanía épica, el verdadero campo de batalla ya cambió de lugar. El poder contemporáneo no siempre entra con tanques. A veces entra con auditorías.

Giro de la Perinola

La degradación crediticia de México ya dejó de ser una amenaza abstracta. Entre crecimiento inexistente, remesas bajo presión, deterioro institucional y manipulación contable en Pemex, el panorama empieza a adquirir un olor peligrosamente conocido: el de los países que maquillan cifras hasta que la realidad financiera termina cobrando factura.

Porque sí: Pemex reportó durante años resultados financieros distorsionados frente a reguladores e inversionistas. Y aun así, nadie parece particularmente preocupado. Mucho menos quienes hoy siguen reciclándose dentro del aparato gubernamental como si administrar pérdidas multimillonarias fuera mérito curricular.

Ni en Dinamarca se atrevieron a tanto.