INEGI: corrupción en México costó 17,707.4 millones de pesos

El INEGI reveló que la corrupción en trámites y servicios públicos generó un costo de 17,707.4 millones de pesos en 2025, un aumento del 48.7% respecto a 2023.

La Encuesta Nacional de Calidad e Impacto Gubernamental (ENCIG 2025) muestra que el 15.6% de los ciudadanos sufrió directamente algún acto de corrupción, mientras que el 84.1% percibe estas prácticas como frecuentes.

Los focos rojos incluyen la seguridad pública, donde dos de cada tres personas que interactuaron con policías fueron víctimas de extorsión.

ENCIG 2025: 15.6% experimentó un acto de corrupción

De acuerdo con la ENCIG 2025, el 15.6% de la población que tuvo contacto con servidores públicos experimentó al menos un acto de corrupción durante 2025.

Sin embargo, la percepción de corrupción se mantiene en niveles mucho más elevados: el 84.1% de los adultos en zonas urbanas considera que estas prácticas son “frecuentes” o “muy frecuentes” en sus entidades.

Adrián Franco, vicepresidente del INEGI, explicó que aunque la percepción es un dato “duro” basado en la cultura y la comunicación, la victimización directa (el 15.6%) es el dato central que refleja la experiencia real de los ciudadanos al ser extorsionados o enfrentar solicitudes de dinero para agilizar servicios.

La pregunta clave fue si, al hacer un trámite o recibir un servicio, la persona sufrió algún acto de corrupción, como que le pidieran dinero o favores para obtener lo que buscaba. Aunque no se formuló exactamente así, esa fue la idea central. El resultado fue que 15.6% de las personas reportó haber sido víctima de corrupción. Ese es uno de los datos más relevantes de la encuesta. Sobre qué indicador es más importante —percepción, incidencia o victimización directa—, la respuesta es que los tres son igual de importantes porque se complementan entre sí.

Adrián Franco, vicepresidente de la Junta de Gobierno del INEGI.

ENCIG 2025: Seguridad pública, el principal foco rojo de corrupción

El contacto con las autoridades de seguridad pública sigue siendo el principal punto crítico de corrupción.

La encuesta revela un dato alarmante: 2 de cada 3 personas que interactuaron con policías fueron víctimas de corrupción a nivel nacional.

Otros sectores con altos costos e incidencia son los trámites ante el Ministerio Público, que sumaron un costo de 5,000 millones de pesos, y los permisos relacionados con la propiedad.

A nivel estatal, las tasas de victimización más altas se registraron en:

Hidalgo: 21,452 víctimas por cada 100 mil habitantes.Oaxaca: 20,330 víctimas por cada 100 mil habitantes.Sinaloa: 19,836 víctimas por cada 100 mil habitantes.

En contraste, los estados con menor incidencia fueron Colima (6,992 víctimas), Nayarit (8,915) y Zacatecas (9,366).

No obstante, resalta el caso de Nuevo León, donde a pesar de no tener la tasa de incidencia más alta, el costo promedio por persona afectada fue el mayor del país, alcanzando los 17,501 pesos.

ENCIG 2025: Digitalización de trámites como alternativa

Frente a estos retos, la ENCIG 2025 destaca un avance en el gobierno electrónico.

El uso de internet para realizar trámites aumentó de un 16.2% en 2023 a un 21.7% en 2025.

Las autoridades del INEGI señalaron que esta tendencia creciente hacia la digitalización es fundamental para asegurar una atención más transparente y cercana a las necesidades de las personas.

Graciela Márquez Colín, Presidenta del INEGI, reiteró que esta información es un bien público vital para que las administraciones estatales y municipales identifiquen los trámites con mayores deficiencias y riesgos de corrupción para mejorar su gestión.

Esta encuesta funciona como una guía detallada para identificar qué trámites, servicios e interacciones con autoridades tienen más problemas de satisfacción. También muestra cuáles presentan mayores riesgos y casos de corrupción, así como la percepción de corrupción y el nivel de confianza que la población tiene hacia las administraciones públicas, especialmente las estatales y municipales.

Graciela Márquez Colín, Presidenta del Instituto Nacional de Estadística y Geografía

¿Cómo se calculó el costo de la corrupción?

El cálculo del costo de la corrupción, según los resultados de la ENCIG 2025, se basa en la experiencia directa reportada por la ciudadanía a través de un proceso metodológico específico que incluye los siguientes puntos clave:

1. Metodología de Captación Directa

El costo se determina a partir de la información proporcionada por los informantes en la encuesta. El proceso sigue estos pasos:

Identificación del acto: Primero se pregunta a las personas si tuvieron ocasión de experimentar un acto de corrupción al realizar trámites o tener contacto con autoridades.Identificación del actor: Si la respuesta es afirmativa, se les pregunta con qué autoridades o actores específicos ocurrió el evento.Erogación económica: Posteriormente, se les cuestiona si dicho acto de corrupción les generó algún costo o si tuvieron que realizar alguna erogación económica.

2. Alcance del Cálculo

Es importante destacar que la cifra resultante (que en 2025 ascendió a 17,707.4 millones de pesos) tiene un alcance delimitado:

Corrupción cotidiana: Representa únicamente los actos de corrupción en actividades relacionadas con la vida cotidiana de los hogares.Exclusiones: No incluye los costos derivados de actos de corrupción que afectan el desarrollo de unidades económicas (empresas) ni las actividades propias de los servidores públicos.

3. Estandarización Monetaria

Para que las cifras sean comparables a lo largo del tiempo, el INEGI realiza ajustes económicos:

Precios constantes: Los montos totales se presentan deflactados, utilizando la segunda quincena de julio de 2018 como año base. Esto permite eliminar el efecto de la inflación en la comparación de los costos entre diferentes años.

4. Indicadores Resultantes

A partir de estos datos, la encuesta genera dos indicadores principales a nivel nacional:

Costo total: La suma estimada de todas las erogaciones reportadas por la población urbana.Costo promedio por persona: El gasto medio que cada víctima de corrupción tuvo que pagar, el cual en 2025 se estimó en 3,865 pesos por persona afectada