CIDH alerta sobre crisis de desaparecidos en México y emite 40 recomendaciones
La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) publicó el informe “Desaparición de personas en México”, en el que emitió 40 recomendaciones para atender esta problemática en el país.
A través del documento, la CIDH expone que las desapariciones en México representan una “crisis humanitaria” y una grave crisis de derechos humanos que se ha profundizado desde 2018.
El informe presenta un panorama sobre los esfuerzos de las familias de personas desaparecidas, así como las acciones implementadas por el Estado mexicano para atender este fenómeno.
CIDH considera las desapariciones en México como una crisis de derechos humanos
La CIDH señala en su informe que, hasta junio de 2025, se contabilizaban más de 128 mil personas desaparecidas en México. Además, refiere que conteos independientes estimaban más de 70 mil cuerpos no identificados bajo custodia del Estado.
El organismo también aborda el origen de las desapariciones y desapariciones forzadas en México, las cuales relaciona con:
El crimen organizado Autoridades estatales y actores gubernamentales
Asimismo, la Comisión indica que la desaparición de personas afecta a distintos sectores sociales por diversas causas, entre ellas:
Niñas, niños y adolescentes, debido al reclutamiento e involucramiento con grupos criminales Mujeres y personas LGBTIQ+, por razones de género Personas defensoras de derechos humanos y periodistas, por las labores que desempeñan Migrantes, por la inseguridad en las rutas de tránsito
El informe también destaca que la prevención sigue siendo uno de los principales desafíos frente a las desapariciones en México.
En ese sentido, la CIDH reconoce que la nueva estrategia de seguridad pública aprobada en 2025 adopta una política de “atención a las causas”, aunque advierte que persiste un alto nivel de impunidad en los casos de desaparición.
Estas son las 40 recomendaciones de la CIDH sobre desapariciones en México
Las 40 recomendaciones emitidas por la CIDH en su informe de 2026 para enfrentar la crisis de desapariciones en México son:
Fortalecer la estrategia de prevención con participación de colectivos y evaluar su eficacia. Sistematizar y difundir estudios sobre el involucramiento de funcionarios en desapariciones forzadas. Definir legalmente el alcance de la “aquiescencia” para atribuir responsabilidad al Estado en contextos de crimen organizado. Atender causas diferenciadas y de género en la prevención del reclutamiento forzado de menores. Implementar el Protocolo ALBA en todo el país sin tiempos de espera para niñas y mujeres. Realizar una campaña nacional para informar que la búsqueda de mujeres y niñas debe ser inmediata. Crear una estrategia integral para migrantes fortaleciendo el MAEBI y las mesas de búsqueda. Establecer un registro público y actualizado de migrantes privados de libertad en estaciones migratorias. Difundir resultados sobre la prevención del reclutamiento forzado de niñas, niños y jóvenes. Ajustar el registro de personas desaparecidas para incluir identidad y orientación sexual de personas LGBTIQ+. Reconocer la situación jurídica de agentes estatales desaparecidos y apoyar a sus familias. Fortalecer el mecanismo de protección para personas defensoras y periodistas. Erradicar la estigmatización de las familias mediante capacitación obligatoria al Ministerio Público. Publicar una guía oficial sobre mecanismos estatales de atención a la desaparición. Brindar asistencia federal a los estados para armonizar sus leyes con la Ley General. Crear fiscalías especializadas en desaparición en todas las entidades federativas. Elaborar planes de búsqueda con enfoque diferencial para periodistas, defensores y migrantes. Emitir lineamientos sobre encuadre penal y valoración de prueba indiciaria para mandos superiores. Implementar cursos obligatorios sobre desaparición para nuevas autoridades judiciales. Crear un protocolo de actuación inmediata tras hallazgos realizados por familias buscadoras. Integrar un grupo de trabajo con colectivos para analizar medidas extraordinarias en judicialización. Diseñar un protocolo nacional sobre análisis de contexto con enfoque territorial. Garantizar la asignación de escoltas capacitadas durante búsquedas en campo. Incluir a personas buscadoras en el sistema nacional de cuidados. Coordinar a las autoridades del Sistema Nacional de Búsqueda para el uso conjunto de herramientas. Evaluar la eficacia del Banco Nacional de Datos Forenses (BNDF). Estandarizar registros estatales para asegurar interoperabilidad nacional. Garantizar la consulta a familias en estrategias de búsqueda masiva. Crear una norma nacional para centros de identificación humana con enfoque masivo. Establecer una norma nacional para el resguardo y trazabilidad de cuerpos bajo custodia estatal. Garantizar autonomía funcional y técnica para los servicios médicos forenses. Crear un protocolo nacional para la entrega digna de cuerpos respetando ritos y costumbres. Eliminar el condicionamiento de apoyos a la aceptación de terapias psicológicas. Simplificar criterios en la CEAV para acreditar la calidad de víctima. Difundir estándares legales para evitar requisitos extralegales en declaraciones de ausencia. Proteger y consultar iniciativas de memoria privadas y de familiares. Obligar a agencias de seguridad e inteligencia a entregar información histórica. Realizar una difusión digital masiva del informe final de la Comisión de la Verdad (CoVEH). Implementar un plan de seguimiento judicial tras el fin del mandato de la CoVEH. Crear un registro público de iniciativas ciudadanas de memoria.
