Luisa Alcalde acusa violación de confidencialidad en el caso Rocha Moya
La titular de la Consejería Jurídica de la Presidencia, Luisa Alcalde, acusó una violación al principio de confidencialidad en el caso de Rubén Rocha Moya, luego de que se hiciera pública la solicitud de detención provisional con fines de extradición hacia Estados Unidos.
Durante la conferencia mañanera del lunes 4 de mayo de 2026, la funcionaria señaló que la exposición mediática del caso ha derivado en un “linchamiento mediático” y en juicios anticipados por parte de la opinión pública.
“En este caso (Rocha Moya), dicha confidencialidad se violentó, provocando un linchamiento mediático y que los medios de comunicación hayan emitido ya un juicio sobre las diez personas mencionadas”
Luisa Alcalde, titular de la Consejería Jurídica de la Presidencia
Además, explicó las diferencias entre una solicitud formal de extradición y una solicitud de detención provisional con fines de extradición, en el contexto del proceso que involucra al gobernador de Sinaloa.
¿Qué es la confidencialidad en el caso Rocha Moya?
Luisa Alcalde detalló que, en los procesos de extradición, la información debe ser entregada de manera confidencial por el país requirente a la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE).
Este principio busca proteger el debido proceso y la presunción de inocencia, evitando una exposición mediática prematura que pueda influir en las autoridades o contaminar las pruebas.
Este criterio está respaldado por la Convención Americana sobre Derechos Humanos, específicamente en su artículo 8.
Sin embargo, la funcionaria subrayó que la difusión pública de la solicitud de detención provisional —emitida por la Corte del Distrito Sur de Nueva York— vulneró este principio de confidencialidad.
¿Qué pasará con la extradición de Rocha Moya?
Hasta ahora, corresponde a la Fiscalía General de la República (FGR) analizar la solicitud presentada por autoridades de Estados Unidos, así como las pruebas aportadas, para determinar si procede o no la detención provisional con fines de extradición.
Luisa Alcalde informó que, hasta el momento, la FGR mantiene las siguientes posturas:
No ha prejuzgado sobre la posible comisión de un delito. No ha definido si procede la solicitud de detención provisional. Considera que el país requirente no aportó elementos suficientes para acreditar la urgencia del caso. Señala que la solicitud no está debidamente fundamentada y requiere evidencia adicional. Ha solicitado que se garantice la confidencialidad del proceso para proteger el debido proceso.
