No defendamos a Rubén Rocha como Felipe Calderón defendió a García Luna
Rubén Rocha Moya no logró, durante su periodo de gobierno, derrotar, y tal vez ni siquiera más o menos controlar al cártel de Sinaloa, una organización criminal excesivamente fuerte en esa entidad federativa —y quizá la más poderosa en todo México e incluso a nivel global— desde que Felipe Calderón entregó la estrategia de seguridad a un colaborador de tan poderoso grupo mafioso. Pero esta falta no convierte a Rocha Moya en un paradigma de inmoralidad al nivel de Genaro García Luna.
Rubén Rocha no es García Luna. Por lo tanto, no cometamos el error de defender al gobernador de Sinaloa con los mismos argumentos que utilizó Calderón para avalar la inocencia de su exsecretario de Seguridad.
Claro está, Calderón no fue el único en alegar que en el juicio de Nueva York faltaron pruebas duras. El esposo de Margarita Zavala insistió en que no existía nada de “lo que se llama en el derecho una verdad material y objetiva: un video, una grabación, una casa, depósitos de dinero”. Bajo esa misma lógica, y en un evidente nado sincronizado, se sumaron voces de la comentocracia identificada con el pasado calderonista como Ciro Gómez Leyva, Carlos Marín, Raymundo Riva Palacio y Jorge Fernández Menéndez, entre otros.
Ejemplos de aquella fallida defensa: “García Luna ha sido condenado sin una prueba, una sola prueba en contra” (Gómez Leyva). “El juicio fue un espectáculo de saliva; puro testigo de oídas y criminales buscando beneficios. No hubo una sola pericial que sustentara los dichos” (Marín). “Es un veredicto de fe, no de pruebas” (Riva Palacio). “El juicio no probó la complicidad; lo que probó fue la capacidad de los cárteles para usar el sistema judicial de Estados Unidos como arma de venganza” (Fernández Menéndez).
En un momento histórico en el que la potencia estadounidense pretende burlar la soberanía de México, tenemos, por fortuna, a la mejor presidenta: Claudia Sheinbaum, mujer de izquierda, honorable, licenciada en física, doctora en ingeniería, científica durante muchos años y con experiencias sumamente exitosas de gobierno desde el año 2000.
En mi opinión, no necesitaba la presidenta Sheinbaum que, tanto la Secretaría de Relaciones Exteriores como la Fiscalía General de la República, dijeran que “no hay pruebas” —la misma frase de Calderón, Ciro, Riva Palacio, etcétera— acerca de la petición que hizo el gobierno de Estados Unidos de una detención provisional con fines de extradición del gobernador Rocha Moya.
En efecto, no hay pruebas —y no podía haberlas— en la petición de detención provisional con fines de extradición porque, en esta etapa de tales procesos, ni las leyes mexicanas ni los tratados internacionales exigen que se demuestre nada.
Cualquier petición de detención provisional con fines de extradición se basa en que los distintos Estados —en este caso México y Estados Unidos— confían en la buena fe y en el profesionalismo de sus respectivos sistemas de procuración de justicia, y de inicio no ponen en duda ninguna acusación que hagan.
Después de concedida, algo que es o debería ser casi obligatorio, la detención provisional —que no necesariamente implica cárcel para el acusado; ojo con esto—, lo que sigue es que el gobierno mexicano informe al de Estados Unidos que tiene dos meses para presentar una solicitud formal de extradición que, esta sí, debe cumplir con diversos requisitos y acompañarse de un mínimo de pruebas para justificar la medida.
Después de eso, empieza el juicio de extradición en el que, de inicio, un juzgado de distrito determinará si procede o no; como última instancia —antes del amparo— la Secretaría de Relaciones Exteriores decidirá si entrega o no al imputado.
Aunque ha anunciado que lo va a hacer, la FGR no tendría por qué investigar de oficio a Rocha Moya, ya que en México no se le acusa de nada.
¿Qué debe hacer Rubén Rocha Moya? Corresponder con toda bravura a la defensa política que de él hizo la presidenta Sheinbaum, exigiendo que se abra el proceso de extradición para que, una vez concluido, sean las autoridades judiciales mexicanas, con base en nuestras leyes, las que en última instancia decidan si debe ser extraditado o no.
En ese proceso, al que debería someterse voluntariamente Rocha Moya, no tendría por qué ir a la cárcel. Para empezar, tiene fuero, y en segundo lugar —y muy especialmente— si es él quien exige que el procedimiento se lleve a cabo, sería razonable pensar que no va a huir.
¿Para que todo esto suceda tendría Rubén Rocha que renunciar al gobierno de Sinaloa? No veo el caso. Pero si, por razones jurídicas —y aun políticas— resultara necesario, no debería vacilar en pedir licencia.
Es mucho el patrimonio ético de la 4T. No debe ponerse en riesgo con defensas que ya probaron ser fallidas como las de “no hay pruebas” de Calderón, Ciro, Riva Palacio, Marín, Fernández Menéndez, etcétera.
Ya en lo que durara el proceso de extradición de Rocha Moya, la presidenta Claudia Sheinbaum se las arreglaría para llegar a un acuerdo diplomático y político con el presidente Donald Trump que ponga fin a la actual crisis —Claudia, con talento y buen humor como armas de negociación, siempre encuentra el sendero para superar incluso los problemas más complejos—.
