¿Intocables? No tanto
La presión de Estados Unidos contra integrantes de Morena por delitos como huachicol, lavado de dinero o vínculos con el crimen organizado ha ido progresivamente en aumento. A pesar de que la presidenta insista en el argumento de que “no hay pruebas”, lo cierto es que, a partir de ahora la respuesta del gobierno mexicano debe ser institucional, no narrativa ni de control mediático.
Durante 2025 y 2026, reportes periodísticos y filtraciones de agencias de inteligencia estadounidenses han apuntado hacia presuntos nexos entre actores políticos mexicanos y redes criminales, mismos que durante meses fueron desestimados como “señalamientos sin sustento”, pero, a la luz de los hechos recientes, toman una dimensión distinta.
Acusaciones formales
Dos figuras cercanas a Morena ya habían sido detenidas fuera del territorio nacional: Hernán Bermúdez, capturado en Paraguay y devuelto a México y Fernando Farías Laguna, en Argentina, donde incluso habría solicitado asilo político alegando riesgo para su vida en caso de ser extraditado.
El común denominador en ambos casos fue que la justicia mexicana no actuó primero.
Sin embargo, en este caso el escenario es muy distinto. Las declaraciones del embajador de Estados Unidos en México, Ron Johnson, marcan un punto de inflexión al confirmar la presentación de cargos penales por parte de la Fiscalía Federal del Distrito Sur de Nueva York en contra del gobernador de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, así como de otros funcionarios, entre ellos un senador y un presidente municipal.
El senador por Morena Enrique Inzunza ha protagonizado recientemente una confrontación política al exigir sanciones contra la gobernadora de Chihuahua por la destrucción de laboratorios de fentanilo y, en su defensa, aseguró que las acusaciones en su contra eran también un ataque contra López Obrador y Morena.
No obstante, de acuerdo con el Departamento de Justicia de Estados Unidos, los acusados —funcionarios actuales y exfuncionarios de alto nivel— habrían colaborado con el Cártel de Sinaloa en la distribución de narcóticos hacia territorio estadounidense.
No son insinuaciones: son acusaciones formales.
Pedían pruebas… y llegaron
La postura de Sheinbaum de exigir pruebas verificables y no simples “señales políticas” fue, durante meses un escudo; pero ahora, esas pruebas —al menos en el ámbito judicial estadounidense— existen y han sido presentadas.
Se cumplió su petición. Ahora ¿qué sigue?
Las investigaciones dejaron de ser mediáticas, ya están en tribunales, son procesos judiciales con implicaciones internacionales y eso lo cambia todo.
El caso ya no puede resolverse en conferencias mañaneras ni mediante control narrativo. México está obligado a responder institucionalmente. La Secretaría de Relaciones Exteriores confirmó la recepción de solicitudes de extradición por parte de Estados Unidos, mismas que fueron turnadas a la Fiscalía General de la República para su análisis conforme a la ley.
La responsabilidad ahora recae en la fiscal Ernestina Godoy, quien enfrenta una prueba decisiva: actuar con independencia o repetir los esquemas de evasión que caracterizaron a su antecesor.
Todo regresa
Las acusaciones contra Rocha Moya de alguna manera reactivan episodios controvertidos del sexenio anterior. Las múltiples visitas de López Obrador a Badiraguato, el encuentro con la madre de Joaquín “El Chapo” Guzmán y la fallida captura de Ovidio Guzmán regresan al debate público.
No son simples anécdotas, son piezas que, si encajan, podrían adquirir un nuevo significado a la luz de las investigaciones en curso.
En paralelo, toma relevancia que el caso de Farías Laguna, vinculado al huachicol, esté siendo relacionado con estructuras políticas en Sinaloa. Versiones periodísticas apuntan a que recursos provenientes de estas actividades habrían financiado campañas políticas.
El alcance del problema llega a otras entidades y actores, incluyendo al secretario de Educación, Mario Delgado y gobernadores como Américo Villarreal, Alfonso Durazo y Marina del Pilar Ávila, mencionados en distintos reportes, así como Félix Salgado Macedonio y Evelyn Salgado, cuyos señalamientos, aunque no han derivado en procesos formales, sí reflejan la profundidad y tensión del caso.
Todo acurre en un momento político delicado. A días del Consejo Nacional de Morena, donde se definirán cambios en su dirigencia, estas acusaciones golpean directamente al núcleo del partido, más cuando se anticipa la ratificación de Durazo y Andrés López Beltrán a pesar de que sus nombres aparecen en diversas investigaciones.
La interrogante es hasta dónde llegarán las investigaciones de Estados Unidos y sobre todo, hasta dónde estará dispuesto el gobierno mexicano a acompañarlas o si las confrontará.
En cualquier escenario el costo es alto: si las investigaciones avanzan, el impacto será brutal y si se frenan, la sospecha permanente.
X: @diaz_manuel
