¿Puede México replicar un modelo económico y de seguridad exitoso? Una respuesta incómoda pero necesaria

Hay una comparación que se ha vuelto recurrente en México: la de Nayib Bukele y su estrategia de seguridad en El Salvador. La narrativa es simple y poderosa: un país históricamente violento logra reducir drásticamente los niveles de criminalidad en poco tiempo. La conclusión inmediata en la conversación pública mexicana es igual de directa: si allá funcionó, ¿por qué aquí no?

La respuesta, sin matices, es esta: porque México no es El Salvador, y replicar ese modelo en territorio mexicano no solo es improbable, sino estructuralmente inviable.

No se trata de una defensa o crítica moral al modelo salvadoreño. El punto es más básico y, al mismo tiempo, más incómodo: las condiciones económicas, institucionales y territoriales que permitieron la estrategia de Bukele no existen en México. Y sin esas condiciones, cualquier intento de replicación está condenado a fallar o, en el mejor de los casos, a generar costos mucho mayores que los beneficios esperados.

El primer error en la comparación es de escala. El Salvador tiene poco más de 6 millones de habitantes; México supera los 130 millones. Pero el tamaño no es solo un dato demográfico: es un problema operativo. En El Salvador, una política de seguridad puede implementarse con un mando relativamente centralizado. En México, esa misma política tendría que atravesar 32 entidades federativas, más de 2,400 municipios y una estructura institucional fragmentada.

El problema se vuelve más evidente cuando se observan los datos de violencia. México ha registrado, en los últimos años, entre 25,000 y 35,000 homicidios anuales, con tasas que rondan los 20 a 25 homicidios por cada 100 mil habitantes. Pero el dato agregado es engañoso: hay estados como Yucatán con tasas cercanas a 2 o 3 homicidios por cada 100 mil, y otros como Colima o Zacatecas que han superado los 70 u 80 en distintos momentos, esto no es una variación menor. Es la evidencia de que México no enfrenta un solo problema de seguridad, sino múltiples realidades criminales coexistiendo en el mismo país.

En El Salvador, previo a la estrategia de Bukele, la violencia estaba altamente concentrada en pandillas con control territorial definido. En México, la economía del crimen es más compleja: narcotráfico, extorsión, trata, control de rutas logísticas. No son estructuras locales aisladas, son redes económicas con integración nacional e incluso internacional.

Eso cambia todo. Porque lo que está en juego no es solo seguridad, es estructura de mercado ilegal.

A esta complejidad se suma una restricción estructural que rara vez se menciona en la conversación pública: la informalidad. En México, alrededor del 55% de la población ocupada trabaja en condiciones de informalidad. En estados como Oaxaca, Guerrero o Chiapas, esa cifra puede superar el 70%.

Esto tiene implicaciones directas. Un país con ese nivel de informalidad tiene una base fiscal limitada. Y un Estado con recursos limitados tiene menor capacidad para financiar políticas intensivas en seguridad.

Los países que suelen ponerse como referencia incluido el propio El Salvador en su contexto reciente operan con niveles de control territorial más homogéneos y con estructuras menos fragmentadas. México, en cambio, combina alta informalidad, baja recaudación relativa alrededor del 16% del PIB en ingresos tributarios y una carga creciente en gasto público.

Ahora bien, incluso dentro del país, las diferencias económicas refuerzan el argumento. El PIB per cápita de Nuevo León es más del doble que el de estados como Chiapas. Mientras entidades del norte y el Bajío están profundamente integradas a cadenas globales de valor, otras regiones siguen dependiendo de economías de subsistencia o de bajo valor agregado.

Esto importa porque la seguridad no es independiente de la estructura económica. Las regiones con mayor dinamismo económico, mayor formalidad y mayor presencia institucional tienden a generar mejores condiciones de gobernabilidad. No es casualidad que estados como Querétaro o Aguascalientes presenten indicadores más favorables en múltiples dimensiones, pero incluso esos estados operan dentro de un entorno nacional que limita su alcance.

Y aquí es donde el argumento central se vuelve inevitable: México no tiene un problema de falta de modelos, tiene un problema de falta de capacidades homogéneas.

El modelo de Bukele descansa en la posibilidad de concentrar poder, reducir costos de coordinación y actuar con rapidez. México está diseñado exactamente al revés: dispersión del poder, capacidades desiguales y altos costos de coordinación entre niveles de gobierno.

Intentar imponer una estrategia centralizada en este contexto no solo es difícil, es inconsistente con la propia arquitectura del Estado mexicano, pero hay algo más. El modelo de Bukele, más allá de sus resultados en seguridad, implica costos institucionales. Requiere niveles de control y concentración que, en el caso mexicano, entrarían en tensión directa con su diseño constitucional y su historia política.

Y aquí conviene ser claros: no es un tema ideológico, es un tema de incentivos y sostenibilidad institucional. México no puede darse el lujo de implementar una estrategia que, en el corto plazo, reduzca la violencia pero que en el mediano plazo erosione su equilibrio institucional sin garantizar resultados sostenibles, por eso la comparación, aunque atractiva, es incompleta.

La pregunta correcta no es si México debería hacer lo mismo que El Salvador. La pregunta es qué puede hacer México con su nivel de informalidad, su capacidad fiscal, su heterogeneidad regional y su estructura criminal.

Y la respuesta es menos espectacular, pero más realista: construir capacidades de manera diferenciada, fortalecer policías locales, mejorar inteligencia, reducir espacios de informalidad y, sobre todo, recuperar control territorial de forma gradual, no hay atajos.

El caso de Bukele funciona en un contexto específico: un país pequeño, un problema criminal más concentrado y un margen político amplio para centralizar decisiones. México es lo contrario: grande, diverso, con múltiples economías ilegales y con restricciones fiscales y operativas claras.

Compararlos como si fueran equivalentes no solo es un error analítico. Es una forma de evadir la discusión de fondo.

México no puede replicar a Bukele. No porque no quiera, sino porque no tiene las condiciones estructurales para hacerlo sin asumir costos desproporcionados o sin fracasar en el intento.

Y entender esto no es una señal de conformismo. Es el punto de partida para algo más serio: dejar de buscar soluciones importadas y empezar a construir una estrategia que funcione en el contexto mexicano.

Porque el verdadero riesgo no es no parecerse a El Salvador. El verdadero riesgo es seguir insistiendo en una comparación que, desde la economía, nunca tuvo sentido.