Salinas Pliego y el milagro de la UIF: ver cuentas… pero solo algunas

“El poder no se ejerce simplemente como una obligación o una prohibición, sino como una red productiva que atraviesa todo el cuerpo social.”

Michel Foucault

Hay coincidencias que enternecen. Por ejemplo: que el Estado mexicano descubra súbitamente la importancia de vigilar cuentas bancarias… justo cuando el investigado es incómodo. Nada personal, dirán. Es institucional.

Hay privilegios que no vienen en la Constitución, pero se ejercen con disciplina. Uno de ellos es decidir a quién investigar. Y en eso, la autodenominada Cuarta Transformación ha perfeccionado el método. Porque no, no se trata de persecución. Se trata de justicia… selectivamente eficiente.

El caso de Ricardo Salinas Pliego llega nuevamente a la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Pero conviene no distraerse: esto no va sobre él (o no solo sobre el empresario). Va sobre algo mucho más relevante —y mucho más peligroso—: hasta dónde puede el Estado meterse en tu vida financiera… Sin pagar costo político.

La respuesta oficial, por supuesto, es impecable. Combatir la corrupción. Frenar el lavado de dinero. Garantizar la justicia fiscal. ¿Quién podría oponerse a eso? Nadie. Ese es justamente el punto.

Porque el problema nunca es el objetivo. Es el instrumento… y quién decide cuándo y por qué razones activarlo. En México, la ley suele ser ciega, pero tiene un olfato político extraordinario. Detecta enemigos con precisión quirúrgica. Y actúa en consecuencia. Todo un sabueso.

Primero viene el señalamiento desde el poder. Luego, casualmente, la maquinaria institucional se pone en marcha.

Pero insistirán: es mera coincidencia. Como también es coincidencia que la Unidad de Inteligencia Financiera despliegue una eficacia admirable cuando se trata de ciertos perfiles —magnates incómodos, voces críticas, adversarios electorales— mientras que, hacia dentro del régimen, la vista se vuelve selectivamente borrosa. Todo un fenómeno digno de estudio clínico.

La discusión en la Corte no es técnica, aunque se disfrace de tal. Es profundamente política. Porque lo que está en juego no es solo si la UIF puede acceder a información bancaria, sino con qué límites… o con qué pretextos.

Y ahí es donde el discurso anticorrupción empieza a mutar de herramienta de justicia a instrumento de control. Es tan simple que hasta un egresado de la nueva escuela mexicana puede entenderlo: cuando el Estado acumula facultades intrusivas sin contrapesos sólidos, deja de ser árbitro y se convierte en jugador. Uno que, además, decide a quién marcarle falta. Spoiler: nunca es al equipo propio.

Tenemos, entonces, que la ingenuidad se vuelve cómplice. Pensar que estas herramientas se usarán de manera neutral en un país con instituciones erosionadas es casi un acto de fe. O de humor negro.

¿Cuántas veces hay que decirlo? México no tiene un problema de falta de leyes. Tiene un problema de aplicación selectiva.

Y eso cambia todo. Hoy es Salinas Pliego, útil como villano perfecto. Mañana puede ser un medio incómodo. Pasado, cualquier profesionista que haya decidido hablar de más. No por delito probado, sino por sospecha útil.

Así funcionan los sistemas que aprenden a castigar la disidencia bajo apariencia de legalidad. No necesitan declarar el autoritarismo. Les basta con administrarlo.

¿”El que nada debe, nada teme”? Nahhh… La realidad suele ser más precisa: el que incomoda, preocupa; y el que preocupa, que se preocupe.

Y cuando preocupar al poder se convierte en criterio implícito de vigilancia, la legalidad deja de ser garantía y empieza a ser pretexto. Puritito pretexto.

Pero no exageremos. Aquí no pasa nada. Todo es institucional, transparente, democrático. Tan democrático que el poder no solo gobierna: también investiga, acusa… y decide a quién mirar.

El resto, por supuesto, puede dormir tranquilo. Mientras no ronque ni haga ruido.

Porque en la nueva pedagogía del poder, el mensaje no es “cumple la ley”. Es mucho más sencillo: No incomodes. No se te vaya a ocurrir hacerlo.