Jugar como si nada hubiera pasado

La ignorancia, la desbordada ambición y las ideas fijas suelen dar el peor de los resultados en la política. Increíble que el país haya llegado al extremo de destruir su sistema judicial. Instalados en la retórica habrá quien haga creer que el poder judicial existe y el del pasado era un sistema corrupto y, por lo mismo, digno de demolición. No es el caso; no es justicia por dos consideraciones: los hacedores de leyes están sometidos al régimen político, al igual que los juzgadores, quienes acusan una evidente mediocridad. No puede haber justicia sin independencia ni autonomía, sin leyes que representen al interés general no el del grupo en el poder y con juzgadores competentes.

El sistema de justicia precedente era imperfecto y mejorarlo era necesario. La opinión de especialistas, los estudios comparativos y la comunidad de juristas afirmaban que el régimen de justicia mexicano federal era uno de los más confiables del mundo, como también el INE antes de que Morena lo capturara. Guste o no, el pasado de la Corte y el del INE en sus órganos centrales eran considerablemente mejores que lo de ahora.

La legalidad es condición necesaria para la existencia del Estado, como el monopolio de la violencia. Un Estado democrático requiere, además, que las autoridades sean electas a través de comicios razonablemente confiables y que los órganos de representación sean consecuentes con la pluralidad de los votos; un sistema plural con dominio de mayoría simple generará una distorsión absurda. El INE y el Tribunal Electoral determinaron, para efectos prácticos que Morena con 41% de los votos se hiciera del 72% de los asientos legislativos de la Cámara de Diputados, y en el Senado procedió a la compra de legisladores por la vía de la cooptación o de la extorsión.

El monopolio de la violencia es disputado por la imposibilidad de aplicar la ley a quienes la quebrantan; pasa con los criminales convencionales y los que ostentan investidura pública o política. Las condiciones de existencia del régimen es la impunidad; aplicar la ley y llevar a la justicia a los delincuentes fracturaría al régimen político. Por esta consideración el fiscal Gertz Manero fue removido; no estaba en el script documentar el contrabando de combustible como un delito organizado desde la más elevada oficina. Por eso con la fiscal Ernestina Godoy la investigación fue parada en seco, no dio ni para avances menores. Ciertamente, la condición de existencia del régimen político es la impunidad.

Si no hay ley, justicia ni monopolio de la violencia no hay Estado propiamente. Podrá haber una instancia de poder que gestione la continuidad del régimen, pero no un Estado sin legalidad, tesis desde la antigua Sumeria (3000 a. C.). Si no hay Estado tampoco puede haber democracia propiamente dicha; porque requiere de instancias confiables que den certeza al sufragio a través de elecciones medianamente equitativas. Las finanzas del crimen y de los gobiernos de Morena, así como la parcialidad del gobierno y el ostensible uso clientelar del gasto social compromete la competencia justa. Esto sin considerar el daño que han hecho al INE, hasta hoy en el ámbito superior, pero que se pretender llevarlo al conjunto de la institución bajo la falsa tesis del ahorro. La mejor evidencia del envilecimiento de la justicia electoral han sido los casos múltiples de utilizar la respetable figura de la violencia política de género, para reprimir la libertad de expresión. Todos los casos remiten a funcionarios de Morena en un pretendido propósito de no rendir cuentas; de impunidad.

Las elecciones de 2027 son punto de inflexión. Más que la oposición, los ciudadanos deberán reconocer que no existen condiciones para elecciones justas ni siquiera para que el voto sea respetado. Pero se tiene que ir a las elecciones. Si la ciudadanía pudo con Maduro en Venezuela, es necesario que también luche no contra un partido, sino contra un régimen político que acusa colusión con el crimen organizado y el financiamiento de campañas a través del delito, como con los recursos del contrabando de combustible, que prosigue a pesar del compromiso del gobierno con EU.

Ha llegado el momento de entender los nuevos términos de la disputa por el poder. El mismo régimen ha resuelto debilitar la civilidad democrática que ofrecían las instituciones y los procesos del pasado. No parece ser que la oposición o buena parte de ella lo comprenda, juegan como si nada hubiera pasado.